En la foto, Franco con su primer invitado, el nuncio apostólico
EL MERCOSUR NO INVITA A FRANCO A LA CUMBRE
Paraguay con tarjeta amarilla
Por decisión de la Argentina, Brasil y Uruguay, el reemplazante de Fernando Lugo no podrá participar de la reunión de Mendoza del Mercosur. Es el comienzo de aplicación de la cláusula democrática.
Por Martín Granovsky
El Mercosur ya comenzó el Operativo Cerrojo sobre el gobierno paraguayo de Federico Franco y anunció el primer derecho que perdió Paraguay: no participará de la reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizará esta semana en Mendoza.
La información surgió de un comunicado de la Cancillería argentina, porque el país tiene hoy la presidencia pro témpore del bloque que integran, además de Paraguay y la Argentina, Brasil y Uruguay.
El texto dice que en Paraguay se produjo una “ruptura del orden democrático”. La frase ya fue utilizada por el canciller argentino Héctor Timerman en un reportaje publicado ayer por este diario y está tomada de la cláusula democrática firmada en Ushuaia por los cuatro miembros plenos, en compañía de Bolivia y Chile en 1997.
También se realizará una cumbre de Unasur, aunque los presidentes todavía no decidieron si coincidirá con la de Mercosur o no. La presidencia pro témpore, en este caso, la tiene Paraguay.
Lugo fue invitado a la reunión del Mercosur. Una alternativa bajo análisis es si en el caso de Unasur será él quien entregue la presidencia pro témpore a Ollanta Humala, el jefe del Estado peruano que ya estaba designado para desempeñarla.
Federico Franco y su canciller, José Félix Fernández Estigarribia, comenzaron una estrategia de presentar a Lugo como el eventual responsable de un aislamiento de Paraguay por parte de la región.
Franco dijo que Lugo es la persona clave del conflicto internacional y el canciller fue aún más lejos: “Como ex presidente y como ciudadano paraguayo, Lugo tiene la obligación de contribuir a construir los puentes necesarios para las relaciones diplomáticas de Paraguay”. De ahí a culpabilizarlo habría solo un paso. Fernández Estigarribia fue también el que calificó la masacre de once campesinos y seis policías que sirvió como argumento para desatar el juicio político decisivo tras 23 intentos anteriores por parte del Congreso como “la más grande de la historia del Paraguay”. Aunque la supresión de una sola vida es un hecho absoluto en términos individuales, en la historia paraguaya del Siglo XX, por tomar solo un período, Alfredo Stroessner gobernó bajo un régimen dictatorial entre 1954 y 1989. Una de las etapas fue la del Plan Cóndor, que coordinó la represión, el intercambio de secuestrados y el espionaje en el Cono Sur. Stroessner fue derrocado por el general Andrés Rodríguez en un movimiento con participación decisiva del gobierno de Raúl Alfonsín, que todavía era presidente. Allí comenzó un proceso de transición democrática con presidentes colorados y opositores liberales. El mandato de Lugo, iniciado en 2008, alteró esa fórmula. Hasta el viernes fue un presidente no colorado, aunque gracias a su alianza con sectores blancos y con sectores colorados. De todos modos, es el presidente no colorado al que le fue impedida la chance de llegar al final del mandato aunque faltaran solo nueve meses para las elecciones de 2013.
Ayer, Carlos Filizzola, ex ministro del Interior de Lugo, dijo en un planteo de máxima que la única posibilidad de salida es “que Lugo retome el poder”.
Para Filizzola, la destitución de Lugo fue “un hondurazo”. Se refirió al derrocamiento de Manuel Zelaya, el presidente de Honduras electo constitucionalmente.
El 28 de junio de 2009, luego de un golpe militar, Zelaya fue deportado. La Organización de los Estados Americanos repudió el golpe. La Argentina y Brasil fueron más allá. Dijeron que sentaba un precedente peligroso luego de una etapa inédita de estabilidad institucional en la región. El entonces presidente Lula acompañó la declaración con un gesto concreto: Zelaya volvió a Honduras y utilizó la hospitalidad extraterritorial de la embajada brasileña. Cristina Fernández de Kirchner, que iba por su primer mandato, viajó a América Central para seguir la suerte de Zelaya y la Argentina actuó en coordinación con el gobierno brasileño.
Sin que cada país haya hecho exactamente lo mismo, porque la Argentina retiró a su embajador y Brasil llamó al suyo en consulta, una forma de protesta diplomática, los dos Estados más grandes de Sudamérica funcionaron otra vez en sintonía ante la destitución de Lugo. La Presidenta dijo que “fue un golpe” y la presidenta brasileña Dilma Rousseff advirtió de entrada que Paraguay podría ser separado de Unasur.
El cuadro amplio de la región muestra que Venezuela retiró embajador y Uruguay y Chile llamaron a los suyos en consulta.
Como informó ayer este diario, la Argentina, Brasil y Uruguay están discutiendo el modo de llevar a cabo la incorporación de Venezuela como miembro pleno de Mercosur. Lo impedía la bolilla negra del Senado paraguayo, la única cámara de las ocho del Mercosur que no aprobó el acuerdo de ratificación de la medida. Ya en la última cumbre del Mercosur, los presidentes discutieron un cambio de reglamento que permitiese sumar a Venezuela. El comunicado de la Cancillería de ayer supone la aplicación de una cláusula que suspende derechos y obligaciones de uno de los Estados miembros. Uno de esos derechos y obligaciones es, precisamente, la ratificación de la entrada de un miembro pleno. En el caso argentino, la Presidencia recibió de la Cancillería el fin de semana un menú completo de opciones sobre este tema.
Venezuela no sólo retiró al embajador sino que anunció el corte de las exportaciones de hidrocarburos y derivados a Paraguay. Según el diario ABC Color, el 30 por ciento del gasoil que se consume es venezolano y Paraguay tiene una deuda de 300 millones de dólares con la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
El artículo cuarto de la cláusula democrática del Mercosur estipula que “en caso de ruptura del orden democrático en un Estado Parte del presente Protocolo, los demás Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado”. El artículo quinto dice que “cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás Estados Partes del presente Protocolo, según corresponda de conformidad con los Acuerdos de integración vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente”. Las medidas “abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos”.
PERU, CHILE, HONDURAS Y EL SALVADOR SE MOSTRARON SOLIDARIOS
Latinoamérica firme con Lugo
Mientras los países de la región expresaban rechazo a la destitución del mandatario, España, Alemania, Canadá y el Estado Vaticano aceptaban el nuevo escenario en Paraguay bajo el argumento de que respetaban la institucionalidad.
La abrupta salida del presidente Fernando Lugo despertó reacciones solidarias de apoyo y otras que reconocen la decisión adoptada por el Parlamento paraguayo. La alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, dijo estar alarmada por la destitución del presidente. En un comunicado, Ashton mencionó la rápida reacción de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y expresó su preocupación por la gestión del proceso, en referencia a la crisis política de Paraguay. “La UE apoya al pueblo paraguayo y llama a todas las partes a respetar su voluntad democrática”, señaló la jefa de la diplomacia europea. Ashton dijo haber seguido el debate en la Organización de Estados Americanos (OEA) y reconoció que apoya la decisión de enviar un equipo a Paraguay para seguir la situación en el terreno. Por su parte, Estados Unidos pidió a los paraguayos que reaccionen con calma y responsabilidad tras la separación de Lugo del Ejecutivo. “Instamos a todos los paraguayos a que actúen de forma pacífica, conforme al espíritu de los principios democráticos de Paraguay”, dijo una portavoz del Departamento de Estado.
En tanto, el gobierno español se expresó a favor del pleno respeto a la institucionalidad democrática y el Estado de derecho y confió en que Paraguay logrará encauzar la actual crisis política que atraviesa, así como salvaguardar la convivencia pacífica del pueblo paraguayo. El Ejecutivo en manos de Mariano Rajoy sostuvo en un comunicado que siguió con atención el desarrollo del juicio político a Lugo y aseguró haber tomado nota de su decisión de acatar la resolución del Senado. También informó sobre el contacto que mantiene con los países de la Unasur, de la OEA y que desea colaborar con ellos para ayudar a Paraguay a superar esta situación.
Tras reunirse en el palacio de gobierno con Federico Franco, el ministro alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, Dirk Niebel, dijo que no existen señales de que el cambio de mando haya sido inconstitucional. “Los resultados de las votaciones en el Congreso, que llevaron a la destitución del presidente Fernando Lugo, son un mensaje político claro”, opinó Niebel. El encuentro con Franco, agregó, no significa sin embargo un reconocimiento formal de su gobierno. “Eso no es de mi incumbencia”, dijo Niebel al respecto. Su viaje a Paraguay había sido planeado hace tiempo, al igual que la reunión con Franco, quien hasta anteayer ejercía la vicepresidencia. Niebel es el primer alto funcionario europeo en reunirse con Franco después de la destitución de Lugo.
La secretaria de Estado para el continente americano, Diane Ablonczy, dijo a través de un comunicado que “Canadá observa que Fernando Lugo ha aceptado la decisión del Senado paraguayo de impugnarlo y que un nuevo presidente, Federico Franco, ha tomado posesión (del gobierno)”. Canadá, a través de Ablonczy, se limitó a señalar: “Solicitamos la calma en Paraguay y continuaremos siguiendo los desarrollos de forma estrecha”. La funcionaria añadió que la estabilidad y respeto por la democracia que actualmente existe en la región ha sido ganada de forma trabajada y debe ser protegida. En 2009, tras el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya, Canadá también se apartó de la posición adoptada por otro países americanos, que solicitaron la restitución del presidente constitucional.
La Iglesia Católica también dijo lo suyo. El nuncio apostólico del Vaticano, Eliseo Ariotti, se reunió el fin de semana con Franco. Ariotti dijo haber ido a honrar a las autoridades paraguayas, según declaraciones a la prensa difundidas por el diario paraguayo ABC. “Fue una conversación muy personal”, reconoció. El nuncio remarcó: “La paz es un don de Dios y sobre todo un don de los hombres”. También participó en una misa que se realizó en la tarde de ayer en la Catedral de Asunción, convocada por los obispos católicos de Paraguay para rezar por la pacificación del país.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llamó a su embajador en Asunción y afirmó que respetará los acuerdos que se alcancen en el seno de la Unasur acerca de la situación en Paraguay y sostuvo que en el juicio político a Lugo “no se respetaron las normas del debido proceso”. La decisión de convocar al embajador Cristian Maqueira para analizar la situación en Santiago es similar a la que adoptaron los gobiernos de la Argentina, Brasil y Uruguay. Perú hizo lo propio con Jorge Antonio Lázaro, su embajador en Paraguay. El presidente Ollanta Humala estimó que su gobierno evaluaba el retiro de su embajador como parte de un conjunto de medidas a nivel regional para expresar el rechazo de la comunidad internacional a la infeliz decisión paraguaya.
“La salida de Lugo ha sido una profunda herida a la democracia entre los pueblos, donde el desenlace no es bueno para los pueblos”, indicó el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, quien pidió a la OEA que medie en ese conflicto. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, desconoció al nuevo gobierno paraguayo y pidió a los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) tomar una posición en la misma línea.
Venezuela suspendió el envío de crudo
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció el retiro de su embajador en Paraguay y ordenó el cese del envío de petróleo a ese país, tras la destitución del mandatario Fernando Lugo, el viernes pasado. “Esto lo lamentamos mucho, pero nosotros no vamos a apoyar para nada ese golpe de Estado, ni directa ni indirectamente”, subrayó Chávez durante su intervención en los actos conmemorativos por el 19º Aniversario de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército. El mandatario afirmó que la destitución de Lugo fue orquestada por una “burguesía obtusa”, y criticó el hecho de que “lo enjuiciaron sin una prueba y, además, de la noche para la mañana”, señaló a la agencia noticiosa estatal AVN.
El líder bolivariano agregó que “(los golpistas) son los mismos que convirtieron a Paraguay en una colonia yanqui durante muchos años, y apoyaron la dictadura, masacres, torturas y desapariciones. Siempre que gobiernan las burguesías y la derecha ocurren estas cosas; ésas son las burguesías, acostumbradas a humillar a los pueblos, acostumbradas a atropellar la Constitución y las leyes”, remarcó Chávez. Asimismo, advirtió sobre posibles desestabilizaciones en otras naciones de la región. “Lo de Paraguay no podemos desconectarlo de los planes que se están montando contra Venezuela y contra otros países de nuestra América”, afirmó Chávez. Y señaló como organizadores de esos supuestos planes al “imperio y sus lacayos en estas tierras”.
Chávez llamó a los organismos de seguridad del Estado y el pueblo todo a prepararse “para neutralizar los planes del imperio”, al advertir sobre las elecciones presidenciales que se celebrarán el 7 de octubre en Venezuela. En ese contexto, acusó a la burguesía venezolana de tratar de de-sestabilizar al país y contar con la posibilidad de un fraude con miras a esos comicios, en los que el gobernante aspira a su tercera reelección para el período 2013-2019. “Por eso, les decía, la Batalla de Carabobo no ha terminado, es la batalla por la independencia, la batalla por la vida, la vida de la patria”, añadió Chávez.

TRAS LA INTERVENCION DEL MEDIO, UNA DE LAS PRIMERAS RESOLUCIONES DE FEDERICO FRANCO
Toma de los trabajadores de la TV Pública
Mientras desde el Frente para la Defensa de la Democracia se anuncian movilizaciones y cortes de ruta para hoy, millares de personas se reunieron ayer en Asunción frente al edificio de la emisora estatal.
Por Washington Uranga
Desde el pasado viernes la televisión pública de Paraguay se encuentra tomada por los trabajadores, con el apoyo del Sindicato de Periodistas, la Organización de Audiovisualistas del Paraguay y el recientemente constituido Frente de Defensa de la Democracia. La medida fue adoptada como reacción a la decisión de intervenir los medios públicos, una de las primeras resoluciones adoptadas por el gobierno de Federico Franco después del golpe institucional que derrocó a Fernando Lugo. Grupos de jóvenes construyeron dos barricadas en las calles de acceso. El sistema de medios públicos está en la órbita de la Sicom (Secretaría de Comunicación para el Desarrollo), creada con rango ministerial por el derrocado Fernando Lugo en uno de sus primeros actos de gobierno. De allí dependen, entre otros, la Radio Nacional del Paraguay, la TV pública del Paraguay y la agencia de noticias IP Paraguay.
Mientras desde el Frente para la Defensa de la Democracia se anuncian para hoy movilizaciones sociales que incluyen cierres de rutas y manifestaciones frente a los edificios del gobierno para repudiar a los nuevos funcionarios designados por Franco, millares de personas se reunieron ayer en Asunción frente al edificio de la televisión pública, en Alberdi y Haedo de la capital paraguaya, para expresar su repudio al golpe y su respaldo a las autoridades destituidas. Hasta allí llegó el propio Fernando Lugo, aunque no formuló declaraciones en el lugar. “Todo está controlado aquí. No queremos infiltrados. No permitimos consumo de bebidas alcohólicas, ni portación de ningún tipo de armas. Controlamos todo, porque no queremos que este acto ciudadano sea infiltrado por nadie que quiera destruir este ambiente”, manifestó uno de los jóvenes de la barricada.
Ante los manifestantes el director de la televisión, el cineasta Marcelo Martinessi, se alegró que “la gente esté tomando este proyecto como suyo”. Y agregó que “la ciudadanía está tomando su lugar”, recordando que durante el gobierno de Lugo “nunca hemos recibido ningún tipo de sugerencia de censura. Sin embargo, anoche, casi a la medianoche, hemos recibido a alguien que dijo venir de parte del presidente Federico Franco pidiendo que no se emitan ciertos programas producidos por el canal durante el juicio político al presidente Fernando Lugo”.
Al grito de “dictadura nunca más” y mostrando carteles que referían el rechazo ciudadano al gobierno instalado tras el golpe institucional, los manifestantes se expresaban pacíficamente observados a la distancia por fuerzas de seguridad. En el lugar, el ex ministro de la Sicom, Augusto Dos Santos, afirmó que “con la ciudadanía no se juega, con la soberanía de la ciudadanía no se juega. Este es un espacio que hemos construido y seguiremos construyendo. Esta televisión es de la ciudadanía” y pidió “que se respete la TV pública, que se respete el proyecto de los medios públicos”.
Milva Rivarola, politóloga, analista, quien hasta hace unos días conducía un programa de análisis en la televisión pública, manifestó que las autoridades deben “entender estas manifestaciones como apropiaciones que la ciudadanía está haciendo de un medio público”. Cecilia Vuick, de la Juventud del Partido Popular Tekojoja, advirtió en un momento queno “se les antoje a las autoridades sacarnos lo que a la ciudadanía corresponde”.
Los trabajadores de la televisora instalaron frente al local del canal un micrófono abierto a través del cual se escucharon manifestaciones a favor de que “los medios públicos sigan siendo públicos y no gubernativos o estatales o propagandísticos”. Durante la tarde, la energía eléctrica de la televisora fue cortada por técnicos de la ANE (Administración Nacional de Electricidad) actuando por “órdenes superiores”, pero el servicio fue rápidamente repuesto cuando la maniobra fue advertida por los manifestantes.
El cantautor Ulises Silva dijo, dirigiéndose a sus conciudadanos, que “así como gritamos por la albirroja les pido que vengan a defender la democracia aquí frente a la televisión pública”. Entretanto los manifestantes coreaban “Galaverna, queremos tu cabeza”, aludiendo al senador colorado Juan Carlos Galaverna, uno de los primeros impulsores del juicio político a Lugo. Silva, un músico popular, preguntó en un momento mientras cantaba: “¿Cómo se dice golpista en Paraguay?”. El público respondió: “Franco, Franco”, aludiendo a Federico Franco. “Defendamos la democracia”, dijo al final de su canción.
“Todavía no estamos asimilando bien lo que pasó. Hay gente muy poco crítica y a veces, con tonos triunfalistas, están festejando lo hecho en el Paraguay. Es grave lo que aquí sucedió. No estamos dimensionando el hecho. Esta parte de la historia será recordada como un capítulo negro. Me preocupa la intolerancia”, manifestó Andrés Colmán Gutiérrez, periodista del Diario Ultima Hora y Presidente del Foro Permanente de Periodistas, Fopep.
El senador Luis Alberto Wagner, del Partido Liberal Radical Auténtico y uno de los pocos que se mantuvo fiel a Lugo, denunció que fue censurado en el Congreso. “No me dejaron hablar y vengo a sumarme a la manifestación para decir mi verdad”. Wagner denunció que los hechos de Kuruguaty “fueron montados y que el diputado Oscar Tuma, del Partido Colorado y principal acusador de Lugo, lo sabía”. Mencionó también la existencia de un documento en el que el diputado solicitó a la Comisión del Senado se ordene el desalojo de las tierras donde está establecida la Estancia Morombi, del ex senador colorado, Blas N. Riquelme, en Kuruguaty donde murieron 17 personas, diez días atrás.
Maggiorina Balbuena, de la Coordinadora de Mujeres Indígenas, denunció que “por causa de un plan nefasto fueron asesinados varios compañeros en Curuguaty”. Calificó al Congreso Nacional de nido de mykurê ha anguja (comadrejas y ratas). Y dijo que “éste es un gobierno de facto, de un sector minoritario, que está empezando a ser castigado por la comunidad internacional. Después de que mucha gente haya derramado su sangre en América latina, se va construyendo un nuevo modelo, para que, como pueblo, demos otra cara a la humanidad, una humanidad que no puede convivir con las violencias, desapariciones y desalojos violentos”, manifestó al condenar el golpe de estado producido por el Congreso.
Esperanza Martínez, ex ministra de Salud, dijo que “el nuevo modelo se llama golpe parlamentario”, unos meses antes de que el pueblo ejerza su derecho al voto. “Vamos a salir pacíficamente a dar nuestros votos de apoyo a la ciudadanía que quiere la democracia. Prendamos velas, cantemos en las calles, en cualquier idioma, estemos juntos, solidariamente y luchemos pacíficamente”, dijo y agradeció “las decisiones de los países que apoyan nuestra lucha”.
Una herida profunda a la democracia
Por Liliana M. Brezzo *
Cuando se divulgó la noticia del inminente juicio político al presidente Fernando Lugo llamé por teléfono a uno de los intelectuales más reconocidos en Paraguay para preguntarle su parecer sobre el desenlace de la crisis política. Me dijo: “En mi opinión, Lugo dejará de ser presidente mañana por la tarde, no precisamente por malo (lo es) sino porque nunca ha tenido mayoría en el congreso…Entiendo que, desde hacía tiempo, se tenía la mayoría parlamentaria necesaria para el juicio, pero los parlamentarios no querían asumir la responsabilidad política. Es una lástima, porque lo que viene no será mejor”. Conociendo su inclinación al escepticismo, no me convencí del todo. El viernes, en horas de la tarde, el presidente Fernando Lugo fue destituido por el Congreso por 39 votos condenatorios contra 6 absolutorios.
Mientras leía los correos que me iban llegando de colegas y amigos paraguayos vinieron a mi memoria dos circunstancias que pude presenciar en el país vecino. La primera fue cuando el 15 de agosto de 2008 tomó posesión de su cargo de presidente. Lugo, obispo católico, suspendido a divinis y líder de la Alianza Patriótica para el Cambio, había sido democráticamente elegido el 20 de abril ese año. Se descontaba que hacer de Paraguay un país más justo y menos desigual no iba a resultar una tarea para nada fácil. Entre mil prioridades tenía que llevar a cabo una reforma agraria y enfrentarse a los poderosos latifundistas, consolidar el régimen democrático que dejó atrás definitivamente la hegemonía política del Partido Colorado asociada al régimen dictatorial encabezado por Alfredo Stroessner (1954-1989) y renegociar los acuerdos sobre la represa hidroeléctrica de Itaipú para conquistar la soberanía energética. Sólo mediante avances efectivos en esos ejes, el Paraguay podría entrar en una nueva era.
La segunda circunstancia que vino a mi memoria fue la reciente algarabía que rodeó los festejos, en 2011, del bicentenario de la independencia de Paraguay. Precisamente, en el acto inaugural de las celebraciones, el presidente Lugo hizo explícito el compromiso del gobierno con el aniversario a través de un discurso en el que el Bicentenario aparecía como un momento crucial para la “construcción de un nuevo Paraguay”, un “proyecto de país que pretende reconquistar su dignidad” y diseñar el futuro compartido, acabando con los síntomas de “sometimiento, pobreza, miseria y ausencia de conciencia crítica”. En esa trama se proponía al año 2011 no como una conmemoración ritual, centrada en la exaltación de los hechos y de los protagonistas considerados nucleares para el nacimiento de la nueva nación, sino, al igual que en otros casos latinoamericanos, como un espacio para legitimar un proyecto político. Todo eso aparece hoy diluido.
Aun cuando la semana pasada, al conocerse los dolorosos acontecimientos ocurridos en Curuguaty como resultado del enfrentamiento entre campesinos y la policía, se coincidía en que se diseñaba un escenario político delicado, nadie presagiaba que con tanta celeridad se produciría la destitución de un presidente, por primera vez en la historia paraguaya. Paraguay se enfrenta a una coyuntura histórica que violenta su institucionalidad democrática. En un país en el que han prevalecido, desde comienzos del siglo XIX hasta finales del XX, sistemas políticos autoritarios, no es Fernando Lugo el que hoy ha recibido un golpe sino, nuevamente, la historia paraguaya; su democracia, la que ha sido herida profundamente.
* Conicet-Idehesi-IH. Es una de las principales historiadoras argentinas sobre el Paraguay; escribió, entre otros libros, La Argentina y el Paraguay e Historia de las Relaciones Internacionales del Paraguay. lilianabrezzo@conicet.gov.ar
DOS VISIONES SOBRE LO QUE IMPLICA EL GOLPE INSTITUCIONAL EN EL VECINO PAIS
Paraguay en su encrucijada
La mirada de dos investigadores y académicos argentinos que estuvieron en Asunción durante el juicio político que destituyó al presidente Fernando Lugo. La brutalidad de los acontecimientos es la brutalidad del realismo político explícito. Una conspiración guionada de antemano que daba por sentada la sentecia al ex obispo de San Pedro.
Opinión
La plaza de Las Armas quedó vacía
Por Lorena Soler *
Desde Asunción
Luego de dos días de convulsión política, Asunción despertó cobijada por una normalidad sorpresiva. Acaso no hay rastro alguno que indique que aquí ha sucedido un golpe de Estado. “Hoy por suerte ya estamos tranquilos”, susurró la chola en un extraño guaraní cuando compré mi religioso chipá diario.
Aquí no ha pasado nada. La brutalidad de los acontecimientos es la brutalidad del realismo político explícito. Quien gobierna con tanta normalidad en apenas horas de haber usurpado el poder, es porque lo gobernaba todo antes. En fin, Fernando Lugo no controlará los resortes básicos del Estado nacional, ni siquiera a una policía que hace apenas ocho días asesinó a varios campesinos, lo más querido de su origen y el último eslabón de su apoyo social.
Y así. Los canales locales de televisión, luego de 48 horas de transmisión en vivo, retomaron su programación habitual, una vez asumido el ahora nuevo presidente Federico Franco. El fin de la noticia es el final anunciado de un ciclo político que no deja de sorprender por la exactitud con la que se llevó a cabo, un guión en el que no hubo lugar para la improvisación. Y ahí tal vez radique la eficacia de las nuevas formas de ejercicio de los golpes de Estado en América latina. Un golpe de Estado en tiempos televisivos.
Las corporaciones del agronegocio (que el Estado paraguayo dejó crecer a falta de un proyecto regional de desarrollo económico alternativo) junto con una la clase política alienada borraron de un plumazo “legal” a un presidente constitucional. En aras de legitimidad de la legalidad, los golpistas se preocuparon por articular las tramas del sentido político en la utilización de las herramientas legales habilitadas por la Constitución y, con ellas, presentar una impecable continuidad institucional. En horas, Federico Franco ya tenía su nuevo gabinete y dos o tres medidas desempolvadas, entre ellas una alianza económica explícita con el mundo asiático.
La apelación a la legalidad para conservar el poder (incluso para violarlo) no es una novedad en el mundo occidental, pero mucho menos en estas tierras, donde gran parte del basamento y de la estabilidad stronista deben explicarse por ello. Sin embargo, la legalidad será el principal argumento con el que tendrá que batallar la Unasur, que adeuda al menos decir algo más de lo que implica no reconocer a Franco. Pues hasta hoy, los organismos regionales representan el único escollo a la gobernabilidad del nuevo presidente.
Sin embargo, la posibilidad de apelar a una legalidad abstracta, profundamente ideológica, pero disfrazada de imparcialidad, sólo es posible cuando no hay actores, sectores que disputen ese argumento. Por allí sólo quedan algunos ciudadanos de las redes sociales que son pura incógnita en su capacidad política.
Entonces, la normalidad se hace carne en una cotidianidad social. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que los cambios políticos e institucionales, y su actual gravedad, no repercutan en la vida diaria de muchísimos paraguayos? Ahí se devela la gran deuda del luguismo. Por esa brecha amplísima entre dos mundos escindidos, desconectados, la vida política y la reproducción social, Lugo pudo ser presidente. Por la continuidad de esa misma brecha, es decir, una representación política hecha añicos, partió del gobierno, sin que su destitución interpele “la normalidad”.
Y como si no alcanzara, su por ahora último discurso desde el palacio presidencial exhibe precisamente la política en estado de tragedia: sólo se puede gobernar Paraguay si se pertenece a las mafias, la clase política o se pacta con el negocio del narcotráfico. En pocos minutos, la plaza de Las Armas quedó vacía. El sentido último de lo público ya no tenía derecho a existir.
* Socióloga Conicet-Iealc.
Opinión
Trauma
Por Rocco Carbone *
Desde Asunción
1844: Francisco Solano López lee los manuscritos de un tal Karl Marx. Londres en diciembre. Frío, entonces: comparte una cena con Elizabeth Lynch, su amante irlandesa, y el tal Marx: sopa de gallina. En un momento de ese viejo ritual, Marx mira a Elizabeth y le cuchichea: “Usted, que tendrá hijos paraguayos, debe saberlo: el futuro de América latina será socialista”. Se refiere, evidentemente, a este siglo XXI. López, que es medio sansimoniano, se irrita por el desplante de Marx y éste, palmeándolo, lo tranquiliza: “No se me preocupe, mariscal. Después de todo, ¿qué puede ser peor que Stroessner?”. En esta anécdota –que tomo de la novela paraguaya El invierno de Gunter (1987)— la clarividencia de Marx no llega hasta Franco. O “Federico”, tal como se lo nombra en el reducido cenáculo político paraguayo: “Federico presidente”, anunciaba la portada de Ultima hora de ayer.
El golpe institucional de Franco en Paraguay ha implicado la ruptura del orden democrático, ya no a la manera de las dictaduras clásicas, sino por medio de golpes parlamentarios (eco de la “dictadura” del capital, el narcotráfico, la violencia). Activado por un juicio de menos de 48 horas que ha reactualizado una gran constante dentro de la historia política paraguaya: el trauma. Producto de un estado de shock: lo que aconteció en Paraguay el viernes pasado con el juicio político a Lugo. Trauma que conmocionó a un importante y amplio sector de la ciudadanía: verificable el viernes en la Plaza de Armas frente al Congreso, integrada mayoritariamente por organizaciones campesinas, jóvenes, y una suelta y fragmentada clase media. Trauma que reactualiza los fantasmas de un régimen político como el stronato o, más acá, el marzo paraguayo de 1999.
El pretexto para activar el juicio sumario en contra del presidente constitucional fue la matanza de seis policías y once campesinos en Curuguaty (Departamento de Canindeyú) en un conflicto desatado por tierras malhabidas por parte de un colorado-stronista: Blas N. Riquelme. Pretexto muy próximo al complot –bastante ensayado– ya que, desde que Lugo asumió, los colorados lo amenazaron con la destitución parlamentaria en 23 ocasiones, que hasta ahora no había podido concretarse por falta de respaldo del PRLA (Partido Liberal Radical Auténtico) que responde a Franco. Conspiración calculada y con un libreto ajustadísimo en términos de temporalidad política: luego de asumir, las movidas de Franco fueron tan precisas que daba la impresión de medir el tiempo en fracción de segundos. Conspiración guionada de antemano que daba por sentada la sentencia a Lugo antes incluso de que la defensa completara su exposición ante un Senado carente de argumento y (casi) de discurso; ambas articulaciones puestas de manifiesto por el afiladísimo Adolfo Ferreiro, uno de los defensores del presidente en el Senado. Senado conformado por colorados, liberales, oviedistas y patriaqueridistas, que condenó a Lugo por un supuesto mal desempeño de sus funciones, destituyéndolo del cargo.
Tras la destitución del mandatario, en 30 minutos todo estuvo listo para que Franco jurara. Los primeros dos actos del nuevo mandatario por la fuerza de los hechos fueron: uno, reprimir con gases lacrimógenos la manifestación pacífica en la Plaza de Armas –fui uno de ellos– y, dos, un atropello a la TV Pública vía un interventor –Cristian Vázquez—, quien le exigió a su director, Marcelo Martinessi, la grilla de programación: “de parte del presidente de la República”. Ademanes ¿simbólicos? de la ideología de este nuevo gobierno.
En este contexto, el error político de Lugo quizá fuera no agotar las instancias que podía brindar la política internacional –la presencia de los cancilleres de Unasur, reforzable, eventualmente, por los presidentes reunidos en Brasil– y acatar la Constitución –hecho de por sí saludable y a saludar de forma categóricamente positiva—, pero cuya interpretación fue llevada a cabo por subjetividades políticas tendenciosas que practicaron una “ejecución sumaria”. Subjetividades que desde el viernes vectorizan hacia los cuatro vientos haber llevado a cabo un cambio absolutamente constitucional y ajustado a la ley y, vaya paradoja, en forma pacífica.
El juicio político a Lugo y la asunción de Franco ha alterado nuclearmente el equilibrio actual del sistema político paraguayo. El PLRA ha abandonado las negociaciones con el Frente Guasú, concertación de partidos de (centro)izquierda y, luego de 72 años –desde Estigarribia—, se ha vuelto a situar en la cúpula del sistema (compartida con el Partido Colorado, que gobernó con hegemonía absoluta hasta Duarte Frutos). PRLA que ahora (y probablemente de cara a 2013) estrecha sus filas con la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, de derecha, fundada por Lino Oviedo, militar golpista; pacto en conversación, también, con Patria Querida con vistas a la conformación de un frente del que surja un candidato para enfrentar al coloradismo en las próximas presidenciales.
Hay una elección presidencial al recodo del camino, dentro de apenas 14 meses: para capitalizar la experiencia política luguista, que quebró la hegemonía colorada (mérito innegable), y hacerla pesar en la dialéctica paraguaya, habría que solapar la ambigüedad y las medias tintas. Inclinar la balanza –con sagacidades, discusiones y otras paciencias que sitúen la reforma agraria en el centro de la agenda política, sin nada de asistencialismo Tekopora– hacia una izquierda de perfil nítido, con voluntad de poder. Que se preocupe, también, por operar políticamente en términos de negociaciones efectivas, de tener representación en las cámaras. Recuperar lo sido (el pasado) desde 2008 para garantizar la gobernabilidad en un futuro próximo y que la política paraguaya no vuelva a su antiguo sistema de predominancia.
* Universidad Nacional de General Sarmiento / Conicet.
UN GRUPO DE TRESCIENTOS PENSADORES, DOCENTES, DIRIGENTES POLITICOS Y SOCIALES DIFUNDIO UNA DECLARACION
Repudio de intelectuales y artistas
El texto firmado, entre otros, por Emir Sader y Alejandro Grimson rechaza la “maniobra golpista que realizan las fuerzas tradicionales de Paraguay”. Señala la destitución de Lugo como un “claro retroceso en la emancipación de su pueblo”.
Por Washington Uranga
Un grupo de más de trescientos intelectuales, docentes, artistas, dirigentes políticos y sociales de Argentina difundió una declaración en la que repudia “la maniobra golpista que realizan las fuerzas políticas tradicionales del Paraguay, llevando a cabo la destitución de un presidente elegido democráticamente por la voluntad popular en 2008 y cuyo mandato finalizaría tan sólo en nueve meses”. Los firmantes, entre los que se cuentan Gerardo Halpern, Alejandro Grimson, Emir Sader, Dora Barrancos, Alicia Azubel, Nicolás Panotto, Guillermo Ricca, Alejandro De Oto, Damián Pierbattisti, Diego de Charras, Sebastián Pereyra y Ricardo Rouvier, afirman que “la vergonzosa elevación a juicio político y la carencia de fundamentos y pruebas para la destitución de Fernando Lugo configuran la más evidente muestra de la presión y capacidad destituyente de los sectores ‘tradicionales’ del campo político del Paraguay”. Sostienen también que “lo que está ocurriendo en Paraguay es un claro retroceso en la emancipación del pueblo paraguayo” porque “se trata de un proceso destituyente y restaurador del stronismo, de las tradiciones golpistas y, por cierto, de las persecuciones contra quienes luchan por una sociedad más igualitaria”.
Dice la declaración que “la resistencia de la oligarquía terrateniente paraguaya, beneficiaria de la sojización del país y expulsora de miles de campesinos, a las políticas de Lugo fueron minando su gestión, impidiéndole el desarrollo de políticas sociales, inéditas en más de sesenta años de hegemonía del Partido Colorado” y que “la velocidad con la que ha decidido la elevación a juicio político, las precarias y lamentables exposiciones de los fiscales y la sordera ante las manifestaciones populares, tanto en Paraguay como fuera del Paraguay, forman parte de un golpe que se fue pergeñando desde la misma asunción de Lugo a la presidencia”. Recuerdan que “23 intentos de juicio político anteriores a éste son la demostración de los intentos golpistas que sufrió” Fernando Lugo.
Se sostiene también que “la reducción de la desigualdad en el Paraguay, ubicado entre los países más desiguales del mundo, ha sido uno de los objetivos centrales de las políticas de Lugo” y que “ninguna medida en función de ello fue acompañada por un parlamento que se ha nutrido, precisamente, de esa desigualdad”. Agrega además el documento que “un país que carece de impuestos a las riquezas personales y posee una casta política que se resiste a la redistribución del producto social no puede sostener un gobierno progresista sin llegar a otro destino que la confrontación directa entre esa casta y los sectores excluidos”. Para señalar que “este golpe da rienda suelta a una persecución ideológica, puesto que se está destituyendo a Lugo por tener ideas diferentes a las de esa casta oligárquica” porque “Lugo, aun con sus errores, es la expresión de la voluntad popular por revertir tanta injusticia y desigualdad”.
El texto que lleva también, entre otros, la firma de Aníbal Ibarra, Pablo Alabarces, Graciela Dufau, María Graciela Rodríguez, Mónica Petracci, Mirta Varela, Vanina Papalini, María Alicia Gutiérrez, Martín Becerra, Fernando Piana, Ana Longoni, Alberto Fernández De Rosa, Emilio Cartoy Díaz, Carolina Mera, María Cristina Mata, Rubén Levenberg, Teresita Vargas, Martín Zucchelli y Adriana Ghitia afirma que “no es casual que en este momento sean las clases populares y medias las que salen a las calles a manifestar su solidaridad con el mandatario” y que tampoco resulta casual que “la casta (política) se refugie en la velocidad de los trámites de dudosa legalidad para avanzar en su decidido golpe de Estado”.