América despierta

En un resultado que devuelve al conservador Partido Colorado el poder que ejerció durante seis décadas tras el fracaso del proyecto de izquierda liderado por el destituido presidente Fernando Lugo, ayer fue elegido el empresario Horacio Cartes como próximo presidente de Paraguay

Cartes, un millonario de 56 años que inició su carrera política hace apenas cuatro años, obtuvo el 45,8 por ciento de los votos frente a un 36,9 por ciento de su rival del oficialista Partido Liberal, Efraín Alegre, informó el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Vale recordar que Cartes fue señalado por Fernando Lugo como el articulador de la conspiración para desalojarlo de su cargo, para lo cual hizo un pacto con el entonces vicepresidente de la República, Federico Franco, miembro del Partido Liberal, a cambio de que el parlamento lo designara jefe de Estado.

“Me tiemblan las piernas por la enorme y hermosa responsabilidad de ser presidente de todos los paraguayos”, dijo Cartes en un discurso frente a la sede de su movimiento, con una bandera paraguaya en los hombros. “Quiero honrar, primero a quienes nos votaron, y decirles a los que no nos han votado que pondré todo mi esfuerzo en ganarme la confianza de ellos”.

Su victoria marca el regreso al poder de la agrupación derechista que gobernó Paraguay desde 1947, incluidos los 35 años de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989) hasta que fue desplazado por una alianza de centroizquierda liderada por Lugo, fraudulentamente destituido el año pasado mediante un juicio político sumario que colocó en su lugar a su vicepresidente, el dirigente del Partido Liberal Federico Franco, y dejó al país aislado en términos diplomáticos, precisamente hasta las elecciones de este domingo.

Cuando Cartes asuma la presidencia el venidero 15 de agosto para un período de cinco años, el país tendrá un gobierno muy diferente a los que predominan en la región, mayormente populares e identificados con ideas de izquierda o centroizquierda.

“La gran derrota es la del Partido Liberal, que se debe estar preguntando por qué acompañaron la aventura del juicio político. Los liberales por sí solos no vencen al Partido Colorado y hoy le faltaron los votos de la izquierda”, dijo el analista político Alfredo Boccia.

El Partido Colorado habría arrebatado también a los liberales la gobernación del departamento más populoso del país y tendrían mayoría en las cámaras del Congreso, según los sondeos a la salida de las urnas.

Propietario de la mayor fábrica de cigarrillos del país, de un banco y una empresa de bebidas, entre otros negocios, Cartes es uno de los hombres más ricos de Paraguay, y sus rivales políticos lo han acusado de tener vínculos con el narcotráfico y el blanqueo de dinero, algo que él niega.

El candidato electo se ha comprometido a incorporar capital privado y mejorar la eficiencia del Estado, históricamente ligado a escándalos de corrupción bajo la administración de su partido. Pero lo primero que debe hacer es iniciar gestiones para reinsertar al país en los foros en los que fue suspendido tras el juicio político a Lugo. En especial en el Mercosur, que Paraguay integra junto con Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, algo vital para el desarrollo de su pequeña economía.

Ya Cartes dijo ayer domingo que su equipo había iniciado contactos con países de la región y que veía una buena predisposición de parte de sus vecinos para el pronto levantamiento de la sanción.

En lo interno, su mayor desafío sería extender la bonanza económica concentrada en el sector agropecuario, con políticas que ayuden a aliviar la pobreza que afecta a más del 40 por ciento de la población.

La economía paraguaya ha venido creciendo sostenidamente los últimos años, apoyada principalmente en la expansión del sector agropecuario.

“Para mí la prioridad del nuevo gobierno tiene que ser la educación, también la economía, y que roben menos”, dijo a Reuters una maestra de 30 años después de votar en un barrio de clase media de la capital, Asunción.

Redactado con despachos de la británica Reuters y de otras agencias

Por Renán Vega Cantor. Historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Doctor de la Universidad de París VIII. Reconocido especialista de América Latina

Lo que se viene presentando en términos políticos en Venezuela desde
mucho antes del 14 de abril -cuando se celebraron las elecciones
presidenciales- forma parte de una estrategia calculada por la llamada
“oposición” y sus voceros mediáticos a nivel mundial y, sin ninguna
duda, es el resultado de un guión establecido en las usinas
intelectuales del imperialismo que se conoce con el eufemismo de la
“revolución de colores”, una típica estrategia Made in USA.
LAS “REVOLUCIONES” DE COLORES
El primer caso de una pretendida revolución de color (en verdad una
contrarrevolución) se presentó en 1989 en la antigua Checoslovaquia
cuando los disidentes y opositores sustituyeron el gobierno existente
mediante una maniobra que denominaron la “revolución de terciopelo”.
Los personajes que dirigieron el hecho rápidamente mostraron su
verdadero rostro y convirtieron a la República Checa en un país
incondicional a los intereses de Washington y al capitalismo, lo que
han rubricado con la implantación de un modelo abiertamente neoliberal
y privatizador, con su participación militar en las guerras
imperialistas en el oriente medio, con su racismo contra los gitanos y
su respaldo a la política anticubana de Estados Unidos y la Unión
Europea que se sustenta en la pretendida defensa de los “derechos
humanos”.
Con posterioridad a este caso se han presentado en forma otras
“revoluciones coloridas”. Entre las exitosas se pueden mencionar la
Revolución Bulldócer del 2000 en Serbia (un nombre poco vistoso que al
parecer se originó por el papel que desempeñaron los choferes que
manejan este tipo de vehículo), la Revolución Rosa en Georgia en el
2003, la Revolución Naranja en Ucrania en el 2004 y la Revolución de
los Tulipanes en Kirguistán en el 2005. Entre las fracasadas están la
Revolución Blanca en Bielorrusia, la Revolución Verde en Irán y la
Revolución del Twiter en Moldavia.
Todos estos acontecimientos tienen muchas cosas en común. Se presentan
después del fin de la Guerra Fría y, en gran medida, en el espacio
postsoviético, con la finalidad de implantar regímenes títeres e
incondicionales a los Estados Unidos y a esa entelequia que se
autodenomina como “occidente”. Esos movimientos se suelen pintar a sí
mismos como democráticos, liberales y enemigos de la dictadura y el
totalitarismo, lo cual resulta significativo porque siempre se generan
en lugares en los cuales, por variadas razones, no se ha podido
implantar de manera clara y directa el proyecto neoliberal o se
encuentran gobernantes incómodos y poco obedientes a los designios de
los Estados Unidos y del sistema financiero internacional. De igual
forma, una particularidad notable de las tales “revoluciones de
colores” es que en ellas no intervienen en forma directa las fuerzas
armadas, como en los golpes clásicos, ni fuerzas militares de tipo
convencional, con lo que queda la impresión que los gobiernos son
derrocados por la lucha heroica de jóvenes desarmados que enfrentan
con voluntad y coraje a un régimen opresivo.
Esas “revoluciones de colores” son impulsadas por jóvenes
aparentemente despolitizados que se muestran inconformes con un
gobierno determinado y reciben el inmediato respaldo de la prensa
autodenominada libre e independiente (entre la cual sobresale la CNN),
la cual se encarga de amplificar sus demandas y de denunciar al
gobierno escogido para ser derrocado. Se inicia entonces una campaña
mediática, planificada y constante, que presenta a los
“revolucionarios” como expresión de un nuevo tipo de movimientos
sociales y de inéditas formas de protesta, que no buscan el
derrocamiento violento de un gobierno sino su sustitución
aparentemente pacífica por la vía electoral, y los muestra como
pluralistas, pacíficos y respetuosos de los métodos democráticos,
mientras al mismo tiempo cataloga como dictatorial y autoritario al
gobierno que se pretende sustituir.
Antes de que se inicien las “revoluciones”, la mano visible de Estados
Unidos opera a través de varios instrumentos, entre los que se
encuentran la financiación a dirigentes y movimientos universitarios,
la creación de ONG de fachada, que reciben cuantiosos fondos de la
USAID y de la CIA, y la entrada en escena de otras ONG
internacionales, entre las que sobresalen las del especulador George
Soros.
Los símbolos utilizados son similares, sobresaliendo una mano
empuñada, y suelen ser del color que se le da a la “revolución” y los
portan los jóvenes, por lo general de clase media, que se comunican
por teléfono celular, usan el twiter y se expresan a través de las
redes sociales. Estos jóvenes empiezan a actuar antes de una elección
presidencial, y de antemano se sabe que su finalidad es declararla
ilegal y fraudulenta, si no triunfa su candidato favorito. La “prensa
libre” del mundo se hace eco de esas denuncias y desde semanas antes
de las elecciones pone en duda la legalidad de los resultados. El día
de las elecciones se crea un ambiente de pánico y miedo entre los
electores, se sabotean los sistemas electrónicos y se difunden toda
clase de mentiras y calumnias contra los enemigos de la “democracia” y
la “libertad”, tal y como la entienden los opositores de la “sociedad
civil”, por supuesto incondicionales a los  mandatos de los Estados Unidos.
En la noche de las elecciones, en las que resultan perdedores los
“revolucionarios” de colores, se denuncia el fraude, se convocan
estudiantes y jóvenes en el centro de la ciudad capital y se inicia la
protesta para que se cambie el resultado electoral o se vuelvan a
realizar los comicios. Estas manifestaciones han sido preparadas con
antelación y organizadas por las embajadas de los Estados Unidos, por
la USAID y por las ONG “democráticas”. Cuando se efectúan las
protestas, en forma automática la prensa mundial reproduce la noticia
del supuesto fraude, algo que casi nunca se confirma, y la mentada
“comunidad internacional” (un seudónimo de Estados Unidos y sus
lacayos) afirma que no reconocerá dichas elecciones y presiona para
que se cambie el veredicto o se realicen nuevamente, y cuando eso
sucede salen victoriosos los “revolucionarios”, como sucedió en
Ucrania en 2004.
Las “revoluciones de colores” en realidad son una orquestada maniobra
de desestabilización política que tiene un guion preestablecido, que
no por casualidad cuenta con un texto de cabecera que fue redactado
por el estadounidense Gene Sharp de la Albert Einstein Institution y
que se titula deLa dictadura a la democracia, que constituye un manual
del Perfecto Golpe de Estado. El triunfo de una “revolución colorida”
depende de la debilidad interna del gobierno atacado o de su
incapacidad de entender lo que está en juego y de no proceder con
firmeza para rechazar las maniobras desestabilizadoras. Su objetivo,
como se evidencia en los países en donde han triunfado, es el de
implantar un orden por completo favorable y proclive a los Estados
Unidos, a la Unión Europea y a la OTAN.
Como resultado, los nuevos gobernantes rápidamente muestran su
verdadera cara antidemocrática y antipopular e incurren en peores
niveles de corrupción de los que denunciaban, aplican a rajatabla los
dogmas neoliberales y abren las puertas de sus países a las
multinacionales de los países imperialistas. Con esto queda claro que
no constituyen ninguna revolución, sino que simplemente se han
apropiado de esa palabra, quitándole su sentido radical, para
presentarse como los portavoces de un sentimiento de descontento y
rechazo ante un determinado gobierno. Dicen basarse en la no violencia
y en la desobediencia pacífica, algo que nada tiene que ver con sus
verdaderos intereses, como se demuestra cuando están en el gobierno,
en donde ponen en marcha medidas antipopulares respaldadas en la
violencia bruta, como se ha demostrado en casos como el de Georgia o
Serbia.
LA REVOLUCION VINOTINTO (¿?) EN VENEZUELA
Todo este guión ya conocido y repetido en múltiples ocasiones por
Estados Unidos y sus perros falderos es el que se ha intentado
implantar en Venezuela desde hace varias semanas. Esto se complementa
con todos los métodos de subversión y saboteo impulsados por los
Estados Unidos desde cuando Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998,
porque van quince años de una prolongada acción contrarrevolucionaria
contra el pueblo venezolano. Lo que sucede es que ante el fracaso del
golpe de estado clásico en el 2002, las sucesivas derrotas de la
“oposición” en las elecciones y ante la desaparición física del líder
del proceso bolivariano, Estados Unidos, junto con la burguesía
venezolana, ideó como plan estratégico del momento efectuar una
revolución de color, y puso en marcha el guión previamente conocido en
otras latitudes.
No es casual que a comienzos de este año hubiera aparecido un grupo de
estudiantes que se declaró en huelga de hambre y que reclamó la
presencia física del presidente Hugo Chávez, que estaba enfermo en
Cuba. Al mismo tiempo, CNN y todos los miembros de falsimedia
empezaron a difundir el rumor que las elecciones iban a ser
fraudulentas y la oposición manifestó que no aceptaría los resultados,
si su candidato perdía.
Aunque el intento no ha sido exitoso si les fue favorable la coyuntura
electoral, en la cual disminuyeron los votos chavistas y aumentaron
los del candidato pro estadounidense y el resultado final fue más
estrecho de lo pensado. Este hecho facilitó la labor golpista y
desestabliizadora que se puso en marcha desde el momento en que se
supo oficialmente del triunfo de Nicolás Maduro. Durante la jornada
electoral, además, fueron saboteadas las comunicaciones virtuales y
electrónicas de los principales dirigentes de Venezuela y se intentó
bloquear al Consejo Nacional Electoral. En forma simultánea, la CNN y
los canales privados de gran parte del mundo desinformaban y mentían y
daban de antemano, sin ningún dato, confiable como ganador al
candidato de la derecha.
Como estaba cantado, luego de que se dieron a conocer los resultados
oficiales, Capriles los desconoció, presentó unas supuestas pruebas
del fraude, se negó a aceptar la autoridad del Consejo Nacional
Electoral y pidió un conteo manual del cien por ciento, es decir, el
regreso al viejo sistema electoral. Como para que no quedara duda
llamó a sus seguidores a manifestarse en la calle en repudio al
pretendido fraude. Al mismo tiempo, CNN y la casi totalidad de la
prensa internacional empezó a hablar del resultado incierto, que no se
sabía quién había ganado, de la polarización reinante y del triunfo
por ligero margen de Henrique Capriles. En Colombia, por ejemplo, los
medios de incomunicación que nos contaminan con su brutalidad, han
recurrido a todos los instrumentos del engaño y la mentira para
deslegitimar el triunfo de Nicolás Maduro. Llama la atención en ese
sentido que el Canal Capital en Bogotá –dirigido por un reconocido
periodista- le haya prestado toda la noche del domingo a una
politóloga de la Universidad de los Andes, de dudosa idoneidad, para
que junto con unos mercachifles de la propaganda antibolivariana
llegaran a decir, incluso antes de que se conociera el primer boletín
del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que Henrique Capriles
había ganado. Esa fue la misma infamia del cubrimiento de CNN y
compañía a nivel mundial.
Hasta la noche del 14 de abril, Capriles y sus partidarios se habían
presentado como demócratas, pluralistas, defensores del Estado de
derecho y mil embustes por el estilo, siguiendo las directrices de las
“revoluciones de colores”, pero desde el mismo momento en que se
conoció el veredicto electoral todos ellos se quitaron la máscara y
empezaron a actuar como lo que son, unos fascistas, como lo pusieron
de presente hace exactamente once años durante el fallido golpe de
Estado del 2002. Y como en esa ocasión procedieron con los mismos
métodos: atacaron a los pobres, evidenciaron su racismo y su rechazo
al pueblo chavista, destruyeron hospitales y centros de salud
atendidos por médicos cubanos, quemaron varias sedes del Partido
Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), golpearon a cientos de
personas que celebraban el triunfo de Nicolás Maduro, intentaron
quemar viva a una persona, y han matado hasta el momento que se
escriben estas líneas a siete personas.
Todos estos procedimientos criminales, apoyados por todo el poder
mediático internacional, no son contrarios al verdadero sentido de los
mal llamados “revolucionarios de colores”, sino su verdadera esencia,
a la vez que expresan la catadura del imperialismo estadounidense. Ese
proceder tenía como finalidad generar el caos, para dar la impresión
que en Venezuela no había gobierno, reinaba la inestabilidad y estaban
creadas las condiciones para pasar a otra fase, de golpismo abierto.
Afortunadamente la reacción tanto del CNE como de Nicolás Maduro
–luego de que este tuviera un desafortunado discurso en la noche del
14 de abril- fue rápida y efectiva y entendió que un factor clave para
no dejar prosperar una “revolución de colores” es el tiempo y la
firmeza. Actuar con decisión y rápido, sin dudas de ninguna clase. En
este caso eso fue lo que se hizo, porque el lunes 15 el CNE proclamó
oficialmente a Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y se negó a aceptar un conteo manual de votos, maniobra con la que Capriles y los Estados Unidos buscaban el tiempo necesario para sembrar no sólo la duda sino para actuar a sus anchas y realizar sus maniobras de saboteo y terrorismo que tanto les gustan.
Fue esta actuación rápido lo que desesperó a Capriles y lo llevó a
incitar al odio y a la violencia, con el resultado trágico que se
conoce. Y por esa misma razón, Estados Unidos, su ministerio de
colonias, la moribunda e insepulta OEA, y, como no podía faltar, el
Reino de España –los mismos que respaldaron el golpe del 2002- han
sido los únicos que se han atrevido a poner en duda la legitimidad del
nuevo gobierno y su triunfo legal. Como esta vez el guión de las
Revoluciones coloridas no salió como en las películas de Hollywood, en
la que los que se presentan como los buenos vencen a sus malvados
enemigos, Estados Unidos respira por la herida al decir por boca de
uno de sus funcionarios de quinta categoría que la proclamación de
Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, por parte del Consejo
Nacional Electoral, “fue un acto imprudente” y refleja “una crisis
institucional”, según las palabras de Kevin Withaker, Subsecretario
asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Claro, lo que ellos querían era tiempo, para montar una cabeza de playa
aparentemente legal, basándose en el conteo manual de los votos y en
la incertidumbre y vacío legal que eso hubiera provocado, para
consumar su “revolución de colores”
Por esta vez fracasó la revolución vino tinto (color de la camiseta de
la selección venezolana de fútbol), pero el gobierno de Maduro y la
conducción del proceso bolivariano deben aprender de esta dura
experiencia y de los errores cometidos (entre ellos una desastrosa
campaña electoral) para enderezar el proceso e impedir el triunfo de
la contrarrevolución. Eso ya no sólo le interesa a Venezuela sino a
los revolucionarios de América y del mundo que comprendemos que es
necesario un proceso de rectificación para afrontar los diversos
problemas económicos, productivos, sociales y políticos que enfrenta
la patria de Bolívar y de Chávez, que es la misma de todos los que
entendemos lo que significa una derrota al estilo de las que se vivió
en Nicaragua en 1990.

Tomado de Rebelión

Por Raúl Zibechi

Esta semana quedó en evidencia la estrategia de la tensión y el caos que promueven las agencias estadounidenses para desestabilizar gobiernos. Si tomamos en cuenta las experiencias más recientes, incluyendo la primavera árabe, podemos concluir que los golpes de Estado son apenas uno de varios caminos posibles para desalojar gobiernos molestos. Ni el Pentágono ni la Casa Blanca apuestan por una sola estrategia para conseguir sus fines, sino que ponen en marcha un abanico de acciones convergentes y complementarias.

La crisis económica global y la necesaria contención de los gastos militares (al parecer el Comando Sur vio su presupuesto reducido en 26 por ciento, pero puede haber partidas ocultas) otorgan prioridad al poder suave, o sea mecanismos no tan ostensibles como los tanques y los bombardeos de palacios de gobierno. Los medios de comunicación, la acción legal y la semilegal, incluyendo las masas en las calles, que siempre sirven para legitimar proyectos innombrables, son algunas de las herramientas en uso.

En el caso de Venezuela y la escalada desestabilizadora que se escenificó horas después de la publicación de los resultados electorales, emergen un conjunto de mensajes que el tiempo permitirá develar completamente, pero que muestran la aparición de nuevas y más refinadas estrategias. Para mostrar no sólo los aspectos negativos de la coyuntura, habría que mencionar que la casi unanimidad de los miembros de la Unasur mostraron su apoyo a Nicolás Maduro, incluyendo un rápido reconocimiento por parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Sólo el Paraguay de Federico Franco, a quien le queda poco tiempo en el cargo, se alineó con Estados Unidos en la región sudamericana. Esto es relevante porque muestra el aislamiento de Washington y la creciente autonomización de gobiernos como el de Colombia. Parece evidente que la estrategia desestabilizadora no conviene a nadie en esta parte del mundo, muy en particular a un gobierno que busca la paz con la guerrilla con la oposición del mejor aliado del guerrerista George W. Bush, el ex presidente Álvaro Uribe.

La consolidación de las instituciones y alianzas regionales, tanto la Unasur como el Mercosur, está mostrando ser una eficaz barrera contra la injerencia del norte en la región sudamericana. Sin embargo, así como constatamos que algunos gobiernos no siguen mecánicamente la política de Estados Unidos (Ollanta Humala y Sebastián Piñera tampoco se sumaron a Washington), es muy probable que estemos ante una relativa autonomización de las derechas de esos mismos centros de poder.

Quiero decir que las derechas hacen sus propias lecturas de la realidad global y hacen también su propio juego. Sobre todo cuando las tendencias hacia un mundo multipolar se intensifican. Cinco de las 10 principales economías del mundo ya no utilizan el dólar en sus intercambios con China (Russia Today, 14 de abril de 2013). Entre ellas, Rusia, India y Brasil, pero también Japón, importante aliado de Estados Unidos. Australia, otra aliada de Washington, es el último país en dejar de lado el dólar en su comercio con China. India y Japón también comenzaron a efectuar transacciones en sus respectivas monedas nacionales.

La nueva realidad global golpea de tal modo al centro imperial que hasta sus gastos militares cayeron, por primera vez en 20 años. Estados Unidos tiene una participación menor a 40 por ciento de los gastos militares globales, que sólo en 2012 cayeron 6 por ciento, en tanto el gasto militar de los miembros de la OTAN en Europa se contrajo 10 por ciento (SIPRI, 15 de abril de 2013). En contraste, los gastos militares de los emergentes crecen de modo continuo, aunque están muy lejos del presupuesto de defensa del Pentágono.

Sin embargo, operan otras fuerzas menos visibles pero tan o más desestabilizadoras que las que conocemos de larga data. Me refiero al modelo extractivo o extractivismo. Con el modelo extractivo de megaminería y agronegocios no se puede profundizar la democracia, asegura Diego Montón, miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (Argentina) y nuevo coordinador continental de la CLOC-Vía Campesina ( Página 12, 17 de abril de 2013).

El extractivismo es mucho más que un modelo productivo y de acumulación de capital. En rigor, forma parte del complejo especulativo-financiero que hoy domina el mundo. En nuestros países tiene efectos depredadores: está creando un nuevo bloque de poder, corruptor políticamente, polarizador y excluyente socialmente y depredador del medio ambiente.

En lo político, el modelo extractivo necesita un conjunto de gestores que alimenta con sus inmensas ganancias (soya, minería a cielo abierto y varios monocultivos), que velan por sus intereses (universidades, gobiernos nacionales o locales, medios e intelectuales). Exagerando apenas, el extractivismo juega un papel desintegrador similar al del narcotráfico, porque destruye el tejido social, expulsa a los campesinos de sus tierras, infla ciudades hasta límites insoportables y mata a la gente, en particular a los más pobres, que no tienen acceso a un sistema sanitario de calidad.

En todos los países de nuestra región, paraísos extractivos del capital especulativo global o de los intereses expansionistas de países emergentes como China, una larga década de extractivismo no ha hecho sino fortalecer a las derechas. No me refiero sólo a los partidos o políticos conservadores, sino a una derecha difusa, social y cultural, que promueve el individualismo, un consumismo atroz y depredador de los vínculos sociales, comportamientos casi fascistas hacia los pobres, o sea contra los jóvenes de las barriadas populares, en particular las gentes del color de la tierra.

Denunciar el golpismo es imprescindible. Defenderse del Pentágono es urgente. Incrementar la militancia es clave (no sólo las declaraciones y los desplegados). Pero el modelo extractivo sigue criando y creando camadas de jóvenes conservadores que buscan líderes ultraderechistas.

Tomado de La Jornada

Aquí tenemos al “inefable” Gene Sharp, quien ha desarrollado y apoyado unos 198 métodos para derrocar revoluciones. Están incluidos en su libro De la dictadura a la democracia, y van desde elegir un símbolo, numero o imagen que represente el movimiento, escribir pancartas de protesta, hasta no responder a ninguna provocación, utilizar la tecnología para extender el mensaje, limpiar las calles al pasar por ella una manifestación…!Qué clase de tipo!…..

Un saludo y una recomendación de Atilio Borón

¡Hola todas y todos! Como recordarán, hace días que a propósito de la estrategia de Capriles y sus mandantes en Venezuela (la Casa Blanca y el aparato político, militar e ideológico del imperio) dije que el derrotado candidato de la derecha estaba siguiendo al pie de la letra el manual del golpismo elaborado por la CIA y sus asesores. El más importante de ellos es el profesor, autor de varios textos sobre la materia, que la opinión gentil y amable de la academia lo hace aparecer como el “filósofo de la no-violencia”. En realidad es exactamente lo contrario, sólo que no es un apologista de la violencia brutal sino en la medida justa y cuando es necesaria. Sharp promueve otro tipo de violencia, conocido como “el poder blando”, pero que puede tan agresiva como la otra. La escalada violenta sufrida por Venezuela y lo que podría ocurrir a partir de hoy en la Argentina, habida cuenta del “cacerolazo” planificado para el día de la fecha (y que no se puede entender si no es en el marco de una estrategia desestabilizadora a más amplio alcance) aconsejan estudiar muy seriamente las propuestas de Sharp y sus amigos. Para comenzar, comparto un artículo escrito por Thierry Meyssan en el 2005 y que lamentablemente no tuvo la repercusión que merecía. Los acontecimientos posteriores de América Latina se encargaron de demostrar que los consejos de Sharp no cayeron en saco roto: “Mel” Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay ejemplifican el nuevo tipo de golpe de estado que ahora promueve Estados Unidos. Hay gente y organizaciones sociales y políticas en nuestros países que aplican meticulosamente las técnicas golpistas de Sharp, a quien los agentes del imperio tienen como uno de sus más importantes estrategas en esta nueva forma de lucha “soft”, sibilina y disimulada, con la cual Estados Unidos procura reconquistar posiciones en América Latina y el Caribe. A continuación, el artículo de Meyssan.

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GOLPES DE ESTADO CON SUAVIDAD Y DISIMULO

EL “SOFT POWER” COMO TÉCNICA GOLPISTA

La Albert Einstein Institution: no violencia según la CIA

Por Thierry Meyssan

La no violencia como técnica de acción política puede ser utilizada con cualquier fin. En los años 80, la OTAN se interesó por su posible uso para organizar la resistencia en Europa después de una invasión del Ejército Rojo. Hace quince años que la CIA la utiliza para derrocar gobiernos recalcitrantes sin provocar la indignación internacional. Para ello dispone de una vitrina ideológica: la Albert Einstein Institution del filósofo Gene Sharp. La Red Voltaire revela la sorprendente actividad de esta oficina, de Lituania a Serbia pasando por Venezuela y Ucrania.

RED VOLTAIRE | PARÍS (FRANCIA) | 10 DE FEBRERO DE 2005

http://www.voltairenet.org/article123805.html

Desconocido para el público, Gene Sharp elaboró una teoría sobre la no violencia como arma política. Por cuenta de la OTAN y más tarde de la CIA, formó a los líderes de los golpes de Estado suave de los últimos quince años.

Desde los años 50, Gene Sharp estudió la teoría de la desobediencia civil de Henry D. Thoreau y Mohandas K. Gandhi. Para estos autores, la obediencia y la desobediencia son cuestiones morales o religiosas antes que políticas. Ambos oponen una ley superior a un orden civil.
Sin embargo, la práctica de sus convicciones tuvo consecuencias políticas, de manera que lo que consideraban como un fin en sí puede ser percibido como un medio. La desobediencia civil puede ser considerada entonces como una técnica de acción política, incluso militar.

En 1983, Gene Sharp crea el Programa sobre las Sanciones No Violentas en el Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Allí desarrolla investigaciones en ciencias sociales sobre el posible uso de la desobediencia civil por parte de la población de Europa occidental ante una hipotética invasión de las tropas del Pacto de Varsovia.

Simultáneamente, funda en Boston la Albert Einstein Institution con la doble misión de financiar sus investigaciones universitarias y de aplicar sus modelos a situaciones concretas. En 1985 publica una obra sobre Cómo Hacer que Europa sea Inconquistable [1] cuya edición europea incluye un prefacio de George F. Kennan, , padre de la Guerra Fría.

En 1987, la asociación cuenta con subvenciones del Instituto de Estados Unidos por la Paz (U:S: Institute for Peace) y organiza seminarios para adiestrar a los aliados en la defensa mediante la desobediencia civil ante un ocupante comunista. El general Georges Fricaud-Chagnaud introduce así el concepto de «disuasión civil» en la Fundación de Estudios de la Defensa Nacional [2].

El general Edward B. Atkeson, a la sazón destacado por el ejército estadounidense ante el director de la CIA [3] , integra entonces el Instituto al dispositivo de la red stay-behind de ingerencia estadounidense en los Estados aliados.

La focalización sobre el carácter moral de los medios de acción permite evacuar todo debate sobre la legitimidad de la acción. La no violencia, que se admite como buena en sí misma y se asimila a la democracia, da un aspecto presentable a acciones secretas intrínsecamente antidemocráticas.

Es en 1989 cuando se produce el despegue de la Albert Einstein Institution. Gene Sharp prodiga entonces sus consejos a movimientos anticomunistas. Participa en el establecimiento de la Alianza Democrática de Birmania -una coalición de notables anticomunistas que logra rápidamente entrar al gobierno militar-, y del Partido Progresista Democrático de Taiwán -que milita por la independencia de la isla ante la China comunista, mientras que Estados Unidos se opone oficialmente a ella.

También unifica los diferentes grupos tibetanos de oposición en torno al Dalai Lama. Trata, además, de formar dentro de la OLP un grupo de disidentes capaz de llevar a los nacionalistas palestinos a renunciar al terrorismo [4], les procura una formación secreta en la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, en contacto con el coronel Reuven Gal [5], director de Acción Sicológica dentro de las fuerzas armadas israelíes.

Al darse cuenta del potencial que representa la Albert Einstein Institution, la CIA destaca ante ella a un especialista en acción clandestina, el coronel Robert Helvey, decano por aquel entonces de la Escuela de Formación de Agregados Militares de Embajadas.

«Bob» introduce a Gene Sharp en Birmania para que dé una formación ideológica a la oposición sobre la premisa de una oposición no violenta a la junta militar más sanguinaria del mundo, o sea criticar su falta de visión sin poner el sistema en tela de juicio.
Helvey hace así una selección entre los «buenos» opositores y los «malos» en un momento crítico para Washington: la verdadera oposición, dirigida por la señora Suu Kyi, marca puntos constantemente y representa una amenaza para el régimen pro estadounidense.

«Bob» hace su trabajo con facilidad, sobre todo porque conoce personalmente a todos los protagonistas por haber sido él mismo agregado militar en Rangún de 1983 a 1985 y haber participado en la estructuración de la dictadura. Jugando un doble juego, el coronel Helvey dirige simultáneamente una acción de apoyo militar clásico a la resistencia Karen: al armar y controlar una guerrilla limitada, Washington desea, en efecto, conservar un medio de presión sobre la junta militar.

Siempre presente, a partir de entonces, allí donde estén en juego los intereses estadounidenses, Gene Sharp y su asistente Bruce Jenkins llegan a Pekín en junio de 1989, dos semanas antes de los sucesos de Tiananmen. Ambos serán rápidamente expulsados por las autoridades chinas.

En febrero de 1990, la Albert Einstein Institution organiza una Conferencia sobre las Sanciones No Violentas que reúne a 185 especialistas de 16 países alrededor de los coroneles Robert Helvey y Reuven Gal. Nace así el principio de una internacional de la lucha anticomunista que movilice las poblaciones en una acción no violenta.

El profesor Thomas Schelling [6], célebre economista y también consultante de la CIA, se une al Consejo Administrativo de la Institution. El presupuesto oficial de esta sigue siendo estable aunque en realidad dispone de abundante financiamiento proveniente del International Republican Institute (IRI), una de las cuatro ramas de la Nacional Endowment for Democracy (NED/CIA) [7].

Al mismo tiempo, los países bálticos proclaman su independencia. Al cabo de una prueba de fuerza con Mijail Gorbatchov, aceptan posponer la decisión por dos o tres años para dar tiempo a negociar los términos. Sin más espera, Gene Sharp y su equipo viajan a Suecia en octubre de 1990 y preparan allí a varios políticos lituanos para que organicen una resistencia popular al Ejército Rojo.

Meses más tarde, en mayo 1991, cuando estalla la crisis y Gorbatchov despliega sus fuerzas especiales, Gene Sharp sirve de consejero al partido separatista Sajudis (Grupo de Iniciativa por la Perestroika). Durante la crisis, Sharp se mantiene cerca de Vytautas Landsbergis.

En junio de 1992, el ministro de Defensa de la Lituania independiente, Audrius Butkevicius, organiza un simposio de homenaje a la acción decisiva de la Albert Einstein Institution durante el proceso de independencia de los países bálticos.

Cuando Estados Unidos comienza su rearme, en 1998 [8], la Albert Einstein Institution se convierte en un instrumento más de una estrategia expansionista. Provee ideología y técnica a Otpor («Resistencia»), un grupo de jóvenes opositores al presidente Slobodan Milosevic.

Simultáneamente interviene en la provincia de Kosovo para orientar al LDK de Ibrahim Rugova. Rugova resulta inútil para la política de Washington durante la guerra de Kosovo, pero Otpor aparece rápidamente como una alternativa para derrocar a Milosevic, a la sazón más popular que nunca después de haber resistido a la OTAN.

El coronel Helvey forma a los cuadros de Otpor durante seminarios organizados en el hotel Hilton de Budapest. Los dólares corren a mares con tal de acabar con el último gobierno comunista de Europa. El encargado de dirigir localmente la operación es el agente Paul B. McCarthy, discretamente instalado en el hotel Moskva de Belgrado hasta que Milosevic dimite en octubre del 2000.

En septiembre de 2002, Gene Sharp se encuentra en La Haya para adiestrar a los miembros del Iraqi National Council que se preparan para regresar a Irak en la estela del ejército estadounidense.

En septiembre de 2003 es también la Albert Einstein Institution quien aconseja a la oposición poner en tela de juicio el resultado de las elecciones y organizar manifestaciones hasta obtener la renuncia de Eduard Shevarnadze [9], durante la «revolución» de las rosas, en Georgia.

Cuando el golpe de Estado fomentado por la CIA  fracasa en Venezuela, en abril de 2002, el Departamento de Estado recurre también a la Albert Einstein Intitution. Esta aconseja a los dueños de empresas durante la organización del referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez. Gene Sharp y su equipo guían a los dirigentes de Súmate durante las manifestaciones de agosto de 2004.

Siguiendo una técnica que ya se ha hecho clásica, estos últimos lanzan acusaciones de fraude electoral y exigen la salida del presidente. Logran sacar a la calle a la burguesía de Caracas, pero el apoyo popular al gobierno de Chávez es demasiado fuerte para permitir que sea derrocado. En definitiva, los observadores internacionales no pueden hacer otra cosa que reconocer la legalidad de la victoria de Hugo Chávez.

Gene Sharp fracasa en Bielorrusia y Zimbabwe al no haber podido reclutar y adoctrinar a tiempo la cantidad de manifestantes necesaria. Durante la «revolución» naranja, en noviembre de 2004 [10], volvemos a encontrar en Kiev al coronel Robert Helvey.

Finalmente, es de destacar que la Albert Einstein Institution ha comenzado a adiestrar agitadores iraníes.

Y ¿por qué «Albert Eistein»? Se trata de un nombre que sirve para evitar las sospechas. El primer libro de Gene Sharp sobre el estudio de los métodos de Gandhi, comienza por un prefacio firmado por Albert Einstein. Pero, la obra fue redactada en 1960, cinco años después de la muerte del sabio.

Por consiguiente, Albert Einstein no escribió el texto para la obra de Sharp. Este último no hizo que reproducir en su libro un artículo del científico sobre la no violencia.

Tomado del blog de Atilio Borón

ESPERANZA MARTINEZ LLEIDA EX MINISTRA DE SALUD DEL GOBIERNO DE FERNANDO LUGO

Orgullosa de haber llegado a un millón de paraguayos que nunca tuvieron acceso a un médico, la ex ministra se prepara como candidata para las elecciones de abril y explica la dureza con que “nos ataca la oligarquía”. Aquí analiza las consecuencias actuales del golpe al presidente Lugo y cuenta cómo se hizo la reforma del sistema sanitario.

Por Andrew Graham-Yooll

Desde Asunción, Paraguay

–Aquí todavía se discute si lo que sucedió en Paraguay el 22 de junio fue un golpe o no. No fue uno tradicional, como los de los militares. ¿Cómo se percibe en la sociedad paraguaya?

–La sociedad paraguaya está hoy polarizada y eso será evidente en las próximas elecciones de abril. Una parte conservadora de la población defiende lo que para mí fue claramente un golpe parlamentario contra la joven democracia paraguaya. Otro sector democrático está indignado y molesto y exige las aclaraciones correspondientes, especialmente sobre lo que se constituyó en lo más doloroso para la democracia, como la matanza de campesinos y policías en Curuguaty, en el momento de un desalojo de tierras. Fue el hecho que desencadenó el juicio político. Hasta la fecha, el gobierno golpista de Federico Franco, quien fue vicepresidente de Fernando Lugo, a pesar de ser esa tragedia el tema acusatorio más importante en contra del presidente Lugo, lleva una investigación imprecisa, poco clara, hasta pareciera tendenciosa. Se evita tocar aspectos que han sido colocados en investigaciones paralelas por la sociedad civil y que demuestran contradicciones en el informe de la fiscalía. Todo hace presumir que esto realmente fue un montaje para llegar a la destitución del presidente Lugo. Pero no hay que olvidar que Lugo enfrentó en 23 oportunidades acusaciones de parte del Parlamento en favor de un juicio político. A un año de su asunción, el Parlamento ya había empezado a tocar el juicio político como una alternativa política. Estaban buscando pretextos y condiciones políticas favorables para implementarlo. Los votos decisivos los tenía el Partido Colorado, quien hábilmente manipuló al Partido Liberal Radical Auténtico de acuerdo con sus conveniencias electorales. Esto venía desde hace mucho tiempo.

–¿Podría ponerle fecha a ese “mucho tiempo”?

–A partir del primer año de gobierno se empezó a hablar de juicio político en el Paraguay. Y en 23 ocasiones el Parlamento lo tocó oficialmente, y eso se puede constatar en las actas del Parlamento. El senador liberal Alfredo Luis Jaeggli Caballero dijo con honestidad por los medios que la conspiración era anterior inclusive y que el plan preveía darle el golpe a Lugo a los seis meses de su gobierno.

–¿Qué acción legal se podría haber tomado contra la decisión del Congreso? El Parlamento constituido en corte no se puede apelar, entiendo. ¿Se podría haber llevado la causa a una corte interamericana? Desde la nueva Constitución de 1992, ¿qué recursos internos tendría un gobierno objetado para insistir en su gestión?

–Se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia que fue rechazada. Este fallo, por las argumentaciones presentadas, trae consecuencias significativas en el orden jurídico y político de nuestro país, más allá de los efectos particulares en el caso de Fernando Lugo.

–¿Pero eso era porque se sentía que la Corte ya estaba alineada con la oposición, o se puede pensar que la Corte podría tomar una decisión independiente?

–La Justicia en Paraguay no es independiente. La Justicia paraguaya responde a los intereses de la oligarquía, no sólo en el caso del golpe, sino en los negocios, situaciones ligadas a la mafia, ligada a la irregularidad. La Justicia, con excepciones, no es ni pronta ni justa, ni barata ni independiente.

–Tiene que haber entonces mecanismos extraterritoriales que puedan entender en casos como éste.

–Hubo una respuesta internacional ante la situación de Paraguay porque fue muy parecida a lo que sucedió en Honduras. Hay que recordar que Ecuador tuvo también un intento de golpe, también Bolivia hace tres años, donde intervino Unasur. En la región, ya no son viables los golpes a través de los ejércitos, organizados y ligados a algún sector civil. Hoy los golpes son organizados de manera más sofisticada porque vienen con una mayor apariencia de legalidad. Son más difíciles de ser enfrentados por la ciudadanía porque la confunde esa aparente legalidad y se está mejorando sutilmente. Existe el riesgo de que otras democracias puedan en el futuro pasar por una situación similar. Los países de Unasur se han puesto firmes para que estas aventuras, o juicios express como se las ha llamado, no se vuelvan a repetir, que no sea un nuevo sistema de ruptura de los modelos democráticos en América latina. Se ha cambiado el rostro político de la región en las últimas décadas y hoy se defiende colectivamente sus intereses ante el imperio. Para nosotros es claro que esto es un tema político, no legal, y hay que pelearlo dentro y fuera del país.

–¿Cuáles fueron las últimas manifestaciones que les llegaron de Unasur? Parece haber una diversidad de interpretaciones de la posición de Unasur.

–Unasur dice que no bastan las elecciones para garantizar que el Paraguay haya vuelto al sistema democrático. Exige claridad en las investigaciones de los hechos de Curuguaty y garantías para unas elecciones transparentes. La OEA, al finalizar las elecciones de 2008, dejó al Tribunal de Justicia Electoral un memorándum de acciones que se deberían tomar para mejorar y garantizar la transparencia del proceso electoral y ninguna de esas medidas han sido tomadas a la fecha. El tribunal de justicia electoral fue el primero en reconocer al gobierno golpista, está integrado por los partidos golpistas que tienen presencia parlamentaria. En estos meses electorales no ha aplicado ninguna medida contra los dos partidos tradicionales que transgreden las leyes electorales haciendo propaganda política masiva y costosa. La ciudadanía democrática no tiene manera de controlar el proceso eleccionario y tiene temor al fraude electoral.

–Estamos hablando de los tradicionales partidos Colorado y Liberal, pero ¿cuáles más tienen esta presencia a la que usted se refiere?

–Son cinco partidos golpistas. El Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico, el partido Patria Querida, el Partido Democrático Progresista y el partido Unace (del general Lino Oviedo).

–¿Patria Querida no estuvo con ustedes en las elecciones hace cinco años?

–En el momento de las elecciones no estuvieron con nosotros, presentaron candidatura propia. La confusión puede venir con el Partido Democrático Progresista, al cual pertenece el ex ministro del Interior Rafael Filizzola, actual aliado político del Partido Liberal y candidato a vicepresidente. El sí integraba la coalición de fuerzas que apoyaba al presidente Lugo. Fue su ministro por más de dos años y medio y fue destituido por el presidente Lugo. Luego se convirtió en uno de sus principales opositores.

–La fragmentación de la ciudadanía permitió una especie de piedra libre para una montonada de versiones de desprestigio sobre la gestión y la persona de Lugo.

–Hubo un contrato social después de la caída de la dictadura (1989). Con la nueva Constitución de 1992 las fuerzas políticas habían aceptado el juego de la democracia y las elecciones como un mecanismo de recambio que simplemente cambiaba personas dentro del mismo Partido Colorado. Por lo tanto nunca se dio realmente una alternancia política en el gobierno de Paraguay. El Partido Colorado gobernó sesenta años, de los cuales treinta y cinco fueron de dictadura militar, y el período de transición política no fue más que un pase de mando y de poder entre los amigos de siempre. Con Fernando Lugo se logra un quiebre en esa hegemonía del Partido Colorado y se inicia la primera alternancia política. Pero el gobierno Lugo también avanza en temas de protección social y pone en la agenda política algunos problemas estructurales de la sociedad paraguaya, como el modelo económico concentrador de la tierra y las riquezas en muy pocas familias (una de las mayores del mundo). La desigualdad social es insultante e inmoral; así como también el caso de las tierras mal habidas, el rechazo del ingreso de las semillas transgénicas; el debate sobre el ingreso de la multinacional Río Tinto-Alcan, que industrializa el aluminio y que consumiría una turbina y media de Itaipú para su funcionamiento. Esa corporación tiene serias denuncias internacionales de contaminación del ambiente en varios países. Por lo tanto, Fernando Lugo empezó a molestar a la oligarquía y sus negocios.

–Usted me está diciendo que la corrupción que se alega a viva voz es una serie de acciones instaladas y corruptas…

–Mire, unas semanas antes del juicio político el presidente Lugo había rechazado una ley en la cual la partidocracia conservadora se había autoasignado en el Parlamento 50 millones de dólares para operadores políticos dentro del Tribunal de Justicia Electoral, con vistas a las elecciones de 2013. Eso generó una movilización ciudadana espontánea muy importante en Asunción, principalmente de jóvenes, y obligó en su momento al Parlamento a aceptar el veto presidencial. Había una serie de elementos que comenzaron a molestar a la oligarquía porque tocaban sus negocios, sus intereses políticos. Un gobierno que parecía una alternancia política comenzaba a convertirse en el posicionamiento de un nuevo proyecto político con una mirada ideológica diferente y enfrentando los problemas tradicionales del Paraguay. Lugo comienza a ser una amenaza y su gobierno es mirado como peligroso por la oligarquía. Fernando Lugo ha sido el presidente más criticado por los medios de prensa comerciales desde el inicio de su gestión. Tuvimos unos cuatro meses de primavera de convivencia pacífica y después se desató una campaña despiadada de terrorismo mediático. No hubo un presidente hasta hoy que haya tenido una campaña de ataque de esta intensidad. No hubo un solo día que dejara de ocupar espacio en los medios de comunicación y eso sigue hasta hoy.

–Vi que hasta los medios cuestionaban el alquiler de esta oficina central de Frente Guazú en veinte millones de guaraníes por mes…

–Nadie niega los errores cometidos por el gobierno y por la persona, pero el nivel de las acusaciones es sorprendente. Si usted mira los últimos seis meses, ninguno de los candidatos a presidente tanto de los partidos Colorado como Liberal, Patria Querida y Unace, ninguno recibe el ataque despiadado que le es dirigido a Fernando Lugo. Sigue siendo el líder con mayor arraigo popular en el Paraguay. Si usted mira Latin Barómetro, cuando asumió el presidente anterior, Nicanor Duarte Frutos, tenía una aceptación ciudadana del 50 por ciento y terminó con el 10 por ciento. Fernando Lugo comenzó con el 86 por ciento y dos meses después del golpe tenía 50 por ciento de popularidad: lo que Duarte Frutos tenía al inicio de su gestión. Esta campaña tendenciosa sobre su persona, sobre sus acciones, sobre su gobierno y sobre los que integramos su gobierno es un intento de desprestigiar al presidente Lugo y bajar su popularidad mediante la ridiculización y el comentario humillante. Esto es señal de temor político porque Fernando Lugo será senador y con su apoyo Aníbal Carrillo Iramain y Luis Aguayo serán los próximos presidente y vicepresidente del Paraguay.

–Usted me dice que las inferencias personales, estos libelos…

–Tomemos el libelo acusatorio del juicio político. Se lo acusó de nombrar a tres o cuatro familiares en el gobierno, en un país donde el clientelismo político es un mal endémico de más de cien años. El actual presidente Federico Franco y su señora han sido acusados de llenar los cargos públicos con sus familiares y correligionarios, pero eso no pasa de un comentario más. Se habla de corrupción durante el gobierno de Lugo, sin embargo él vive en la misma casa, de manera modesta, comparado a otros ex presidentes. Federico Franco no pudo demostrar a la ciudadanía cómo ganó un millón de dólares en cuatro años cuando su salario no superaba los cinco mil dólares. La fiesta de casamiento de su hijo se estima haber costado como 400 a 500 mil dólares. ¿De dónde sale el dinero? Pero sobre eso no se hace cuestión. Las acusaciones son hasta ingenuas. Ninguna de ellas justifica romper con un modelo democrático, romper con el voto de casi 700 mil paraguayos diez meses antes de las elecciones generales. El Paraguay tuvo un crecimiento de 15,3 por ciento en 2010, el más alto en toda su historia. Tenía cifras macroeconómicas excelentes, implementó programas sociales con resultados evidentes, como es el caso de salud. Eso lo puedo decir con autoridad: entre 2008 y 2011 logramos que un millón más de paraguayos pudiera acceder a la atención médica a través de la estrategia de la gratuidad de los servicios públicos en lugares donde antes nunca hubo médicos ni atención. Los servicios de terapia intensiva se mejoraron en un trescientos por ciento. Se iniciaron procesos de trasplante que estaban parados en el Paraguay desde hace varios años. Iniciamos el crecimiento de los hospitales.

–¿Por qué estaban parados?

–No se implementaban, estaban los recursos, pero los hospitales no estaban habilitados para operar, faltaba la infraestructura. Tuvimos que recorrer una primera etapa con el sector privado y luego con el sector público después del reequipamiento de los grandes hospitales. Bajamos índices de mortalidad infantil, de mortalidad materna. Con el gabinete social coordinando todos los ministerios, se intervino articuladamente sobre la pobreza. El programa de subsidios de entregas condicionadas para superar la extrema pobreza, que durante los cinco años del gobierno anterior benefició a 13.000 familias, durante el gobierno Lugo llegó a más de cien mil familias. También se incrementaron los programas de acceso al agua potable, aporte nutricional, por citar algunos.

–Eso se hizo en el circuito urbano y suburbano. ¿Qué pasaba más allá? Un aspecto que me cuentan en algunas ciudades, o pueblos, como ser Guarambaré, donde necesitaba hacer una consulta un primo, es que no había medicamentos.

–Más en las zonas rurales y también en las zonas urbano-marginales. La implementación de la gratuidad ha tenido boicot y duras críticas de sectores de trabajadores y políticos. La gratuidad no sólo ha sido una medida para mejorar el acceso financiero de las familias al sistema de salud. También combatió la corrupción instalada entre los trabajadores de la salud, que cobraban aranceles particulares a los pacientes para cubrir los bajos salarios. Influyó en el modelo político clientelar que usaba los servicios públicos para sus afiliados políticos como un sistema de coerción. “Si votás por mí te consigo la ambulancia, los medicamentos, la internación.” Nosotros instalamos el concepto de derecho a la salud para todos. La gente puede ir a los hospitales sin pedirle favor a nadie. Que los recursos son insuficientes también es real. Necesitamos un largo período de inversión de recursos en salud.

–Cosas como el alcantarillado y eso son obras públicas. Pero en la atención se ha utilizado lo que nosotros llamamos las “salitas” de barrio, ¿o cuál ha sido el sistema?

–Paraguay encaró por primera vez la atención primaria de salud con los Equipos de Salud de la Familia (ESF). No existían. Hasta el 2011 instalamos 704 equipos cada uno con una población adscripta entre cuatro y cinco mil personas. La idea era llegar a la universalización, al ciento por ciento de los equipos de familia, para cuando terminara el gobierno. En el presupuesto 2012 el Parlamento recortó la inclusión de los 200 nuevos equipos de familia. La población cubierta hoy es de cerca de 3.500.000 paraguayos.

–¿Tenían el personal médico para cubrir esta red?

–Algunos médicos fueron reubicados dentro de la red del Ministerio de Salud, otros fueron contratados. El ciento por ciento de los equipos accedió por concurso público para garantizar que la selección tuviera características técnicas y no políticas. Eso fue para no repetir el clientelismo político, un tema cultural en el país.

–En algún momento se acusó a Lugo de traer médicos de Cuba.

–Paraguay tiene, desde hace dos gobiernos colorados anteriores, acuerdos con Cuba tanto para la formación de médicos en la isla como la presencia de misiones de médicos cubanos en el Paraguay. Son unos cien médicos por año que venían al Paraguay desde hacía ocho a diez años.

–¿Por qué se concentró el alegato de que los habría traído Lugo?

–Siempre los medios han instalado la idea de que el modelo de atención en salud es cubano, que el gobierno de Fernando Lugo era chavista, un gobierno del socialismo del siglo XXI, aliado con Ecuador y con Bolivia, todo rodeado de adjetivos de descalificación, como si “fuéramos satánicos”. Todo lo que signifique izquierda, zurdo, progresismo es satanizado por los medios comerciales.

–Me gusta “satanizado” (risas). Es un extremo casi teatral.

–Es tendencioso, es una acción que ha tratado de instalar temor en la población. Al preguntarle a alguien, ¿qué es el chavismo?, ¿por qué le tiene temor?, probablemente nueve de cada diez paraguayos no sepa responder a qué le tiene miedo. Peor que en la época de la dictadura (1954-1989). Cuando estaba Alfredo Stroessner la sola mención o acusación de ser parte del comunismo, socialismo, izquierda o cualquier otro término similar, era razón para terminar preso, torturado, exiliado, muerto o desaparecido. Hoy no se atreven a llegar a ese nivel de violencia social, pero sí hay una fuerte estigmatización en las redes sociales, en las referencias a “los zurditos” o “los sucios”, “los homosexuales”, la “izquierda degenerada”. Hay una serie de calificativos que son parte de una campaña mediática para instalar y enfatizar la polarización.

–Hablemos un poco de la política de tierras. En Paraguay la concentración de la tierra es una de las mayores en América latina. ¿Les metieron miedo a los dueños de la tierra que son, por extensión, los dueños del poder?

–Uno de los aspectos principales de la propuesta de Lugo fue el tema de la reforma agraria. En esto no se ha avanzado mucho. La concentración de la propiedad de la tierra en manos de un pequeño grupo oligárquico está instalada. Esto desde el término de la guerra de la Triple Alianza (1865-1870). Ahí se produce una masiva venta de tierras a capitales extranjeros que iniciaron un proceso latifundista. En el problema de la concentración de la tierra en Paraguay interviene no sólo el Poder Ejecutivo sino el Parlamento y el Poder Judicial. Hay un tema pendiente con las tierras mal habidas, generadas durante la dictadura stronista. El Parlamento y el Poder Judicial nunca apoyaron al gobierno de Fernando Lugo. Por lo tanto la investigación sobre las tierras mal habidas, la compra de tierras para el sector campesino y para poblaciones indígenas no fue muchas veces apoyada por el Parlamento. Por nuestra parte, la acción del gobierno no fue lo suficientemente firme, ni sostenida.

–Paraguay es uno de los pocos países bilingües en la región. Ahora se escucha cada vez más el guaraní. Sostener esa doble identidad en cierto grado comenzó luego de la caída de Alfredo Stroessner en 1989. ¿Ustedes tienen enfatizada esta doble cultura?

–Estamos consolidando la recuperación del guaraní como lengua madre. Mucho tiempo estuvo proscripto y la clase media y alta rechazaba el uso del guaraní. Cuando yo era niña, se usaba la frase “¡no seas guarango!” como manera de demostrar que el “guaraní” era una forma social inaceptable, era decir que alguien que hablaba guaraní era mal educado, “guarango”, utilizando este término bien castizo del español por su afinidad fonética con aquél y por su significado. Hoy el guaraní es una de las dos lenguas nacionales y oficiales del país según la nueva Constitución Nacional, y se ha introducido como materia de estudio en los colegios. La enseñanza bilingüe comienza en la primaria y abarca la secundaria, eso viene de hace tiempo. Durante el gobierno de Lugo el ministro de Cultura, “Ticio” (Luis Manuel) Escobar (Argaña), un gran defensor de la cultura indígena y nacional, dio un énfasis a los valores culturales de la identidad. Nos tocó en el 2011 el bicentenario de la independencia; por lo tanto, hubo una alta movilización social, en la cultura, y una recuperación de la identidad campesina y guaraní. Hoy se escucha rock en guaraní a través de grupos juveniles. Se comienza a revalorizar eso y así entra en el uso de los chicos de clase media y alta. Antes lo rechazaban. En las áreas rurales es casi imposible moverse o convivir sin hablarlo, porque es el idioma cotidiano.

–¿En cuánto se estima el volumen de las remesas desde el exterior de la población exiliada económicamente?

–Se estima en aproximadamente 220.000 migrantes recientes, quienes remesan dinero anualmente a cerca de 370.000 familiares radicados en el Paraguay, en un monto variable cuyo promedio se estima en 700 millones de dólares. Se calcula que el promedio de envíos por persona es de 300 dólares mensuales.

¿POR QUE ESPERANZA MARTINEZ LLEIDA?

La ministra de los sueños sociales

Por Andrew Graham-Yooll

Esperanza Martínez Lleida es vicepresidenta del Frente Guasú, la concertación política encabezada por el ex presidente Fernando Lugo, e integrada por ocho partidos y tres movimientos políticos. Es una de las figuras considerada más serias y confiables en el movimiento “luguista”, que intentará recuperar una parte del poder en las elecciones de abril. Su gestión como ministra de Salud del gobierno derrocado hace siete meses es vista como responsable y técnicamente impecable, aun por sus críticos. De hecho, varios consultados vieron su proyecto de salud pública como demasiado ambicioso para el Paraguay actual, y unos cuantos furibundos opositores se opusieron al concepto de salud gratis para todos.

Lleida es casada, tiene tres hijos, es médica, especialista en salud pública graduada en la Universidad de Lovaina, Bélgica, gremialista, militante social y de derechos humanos desde la época de estudiante universitaria. Pertenece al Partido de la Participación Ciudadana, integrante del Frente Guazú, y es actualmente candidata a senadora por la Concertación Frente Guazú.

Lugo fue derrocado el 22 de junio en un golpe de Estado dado por los partidos de derecha, mayoritarios en el Congreso, en lo que se dio en llamar un juicio político express, sin tiempo para la defensa. La última acción de alto perfil del derrocado fue ir a Caracas el 10 de enero para el comienzo del nuevo período de gobierno del ausente y enfermo presidente Hugo Chávez. En Paraguay su gestión fue severamente criticada. Pero como refiere Lleida, los enemigos de Lugo le critican todo, todos los días, como si expresaran un temor a que vuelva al poder.

Esta entrevista fue realizada en Asunción, en la residencia en que se ha instalado la base central del Frente Guasú. Pagan 4500 dólares por mes de alquiler por la casa que fue un geriátrico, un precio criticado por políticos y medios. Un abogado, independiente, amigo del cronista entrevistador, comentó que “no me parece cosa tan exagerada ese precio”.

Tomado de Página/12

Por Eduardo Anguita

Los golpes suaves en Latinoamérica tienen como antecedente la brutalidad de las oligarquías locales auspiciadas por el Departamento de Estado norteamericano o, directamente, la CIA. Cada país de la región tiene registrado el pánico generado en los pueblos por cada una de esas intervenciones que marcaron la historia del siglo XX. Una serie de factores llevaron a que los años noventa no fueran de golpes militares o de ruptura violenta de las instituciones formales de la democracia. Sin embargo, se trató de una década en la que el neoliberalismo actuó a sus anchas. En 1994, México se sumó al Nafta (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica). Casi dos décadas después, en lugar de consumir su propio maíz importan el que les llega desde Estados Unidos porque en ese país rigen fuertes subsidios para los productores agrícolas. A su vez, los campesinos desplazados mexicanos pudieron optar entre ser ilegales pasando al norte del Río Bravo o conchabarse en el narcotrabajo, una categoría que los antropólogos deberían valorar para contraponer al concepto de narcoterrorismo, implantado por quienes son los grandes consumidores de la droga y proveedores de las armas de los grupos que en la última década de gobiernos liberales mexicanos vieron desfilar no menos de 50 mil muertos por lo que llaman guerra de las drogas y que, en realidad, no es más que la brutal destrucción del aparato económico y de las culturas propias del país azteca.
Pero en aquel 1994, más al sur, los países cordilleranos con recursos mineros vieron cómo la legislación sobre recursos minerales de muchos de ellos –Argentina, Ecuador, Perú y Chile– adoptaba normas muy similares, casi idénticas, para favorecer a las empresas mineras radicadas en Canadá. Basta recorrer la página oficial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de ese país que dice: “Como resultado de la rápida globalización que afectó al mundo en los años 90, una cantidad inmensa de la demanda de equipos y productos mineros es actualmente cubierta por compañías canadienses”. Luego agrega que “existen al menos 2.200 firmas mineras con casa matriz en Canadá que ofrecen equipos y servicios mineros especializados”. Es exacto: tienen casas matrices que, en muchos casos, no son más que oficinas. La inclusión de Canadá en el Nafta, a diferencia de México, le dio un lugar de privilegio: mayor acceso a la banca internacional y a los inversionistas de Estados Unidos. A la vez, Canadá trasladó las operaciones mineras a cielo abierto a los países periféricos. Así evita el despiadado deterioro medioambiental en su propio país y amortigua los conflictos políticos que conlleva la operación minera. En la Argentina, al viejo Código Minero se le agregaron leyes que fueron en sintonía con aquel Nafta. Eso de las relaciones carnales no tenía un sentido escatológico sino económico. Las leyes 24.498 (de Actualización Minera) y 24.585 (de Protección Ambiental), ambas de 1995, permitieron lo que los neoliberales llaman seguridad jurídica y en este continente, según recordó el genial Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América latina, se llama saqueo. La llamada estabilidad para empresas como la Barrick Gold, una de las más emblemáticas pero no la única, significa que por tres décadas (hasta 2025) se les debe conceder el saqueo con beneficios fiscales y aduaneros. Encima, con una cotización de los productos que es entre cinco y diez veces mayor en dólares de acuerdo a los minerales en cuestión que hace 17 años.
A principios de los noventa también se avanzó en el despojo de YPF. Esto fue un invento pensado para la Argentina o compartido entre los neoliberales de la banca internacional, la dupla Carlos Menem-Domingo Cavallo, así como la ayuda del extinto Luis Prol, un ex militante del peronismo revolucionario que conoció a Menem cuando estaba preso en Las Lomitas, Formosa, y que después se subió a la ola neoliberal, en el área de energía, y dio las primeras puntadas para que YPF dejara de ser una Sociedad del Estado para convertirse en una Sociedad Anónima. El paso siguiente fue la reforma constitucional de 1994. Allí, el Estado nacional cedió la titularidad de los recursos del subsuelo, tanto hidrocarburíferos como mineros, a las provincias. Desde entonces, el famoso canon empezó a ser como la caza de patos en una kermesse y cada gobierno provincial arreglaba los porcentajes que le convenía, incluyendo en algunos casos los arreglos extrainstitucionales. En esos años, las provincias empezaron a tomar deuda externa, pero con garantía de la Nación. Con lo cual, los programas neoliberales llegaban a los confines de la Patria. Entre los planes de ajuste reclamados, la banca privada-nacional pero con una pata en las grandes capitales se quedaba con bancos provinciales que, en algún momento, eran la tabla de salvación de grupos económicos desprotegidos. Al tiempo llegó Repsol, esa empresa española sin experiencia cuyas acciones fueron recuperadas por el Estado nacional. Es cierto, ahora el 51% de las acciones son de la Nación. Pero la historia no siempre registra lo bello. El socio local de Repsol de estos años fue el Grupo Petersen, de Enrique Esquenazi, que en los noventa se quedó nada menos que con los bancos de San Juan, Santa Fe y Santa Cruz. Demasiados nombres de santos para un banquero.

¿Quién financia el futuro? La marca de los noventa y del neoliberalismo está todavía a flor de piel. La derecha mediática pretende evitar cualquier debate sobre reforma constitucional porque tienen pánico a un cambio profundo en las reglas del juego. Del mismo modo, sería superficial creer que alcanza con quitarle las acciones a Repsol. YPF es una sociedad anónima y los titulares del subsuelo son los estados provinciales. Aún rigen las mismas normas que en los noventa. Con otra conducción política, quizá de signo opuesto. Pero el entramado legal fue forjado en aquellos años. Conviene reparar en lo que dicen los lobbistas de las empresas mineras y petroleras extranjeras. En la edición de julio del newsletter El inversor (Energético & Minero) se afirma: “Los directivos de las petroleras multinacionales que mantuvieron contactos con el nuevo management de YPF tras el proceso de expropiación de las acciones de Repsol se llevaron un diagnóstico: a pesar de los esfuerzos para exhibir un perfil económico sólido, con acceso a fondos, la petrolera estatal no podrá, por su cuenta, acceder a las inversiones anunciadas para elevar la producción y las reservas de hidrocarburos. De su paso por Buenos Aires, los ejecutivos interpretaron que algunos elementos de la esfera macroeconómica –como el default con bonistas y con el Club de París y el no cumplimiento de las sentencias contrarias en el Ciadi– y ciertas cuestiones inherentes a la situación financiera de la propia empresa impedirán el acceso a capitales en los mercados voluntarios, por lo que deberán asociarse con inversores de renombre internacional para mejorar su vía crediticia”.
Desde ya que se trata de una versión de utilería y panfletaria, pero no tan ajena a la realidad del sector. Y si los sectores del proyecto nacional esperan que el debate político se estanque en las bondades de tal o cual aliado o ex aliado del Gobierno, los argentinos nos perderemos algunos de los temas de fondo en cambio de ser protagonistas de debates que requieren participación. La movilización a Vélez Sarfield del 27 de abril no sólo puede leerse como una fuerte adhesión popular a la Presidenta sino también como una oportunidad de convocar a la sociedad a que participe de cuestiones que no tienen caminos lineales ni soluciones sencillas. El paso dado por Cristina Fernández de Kirchner es trascendental. Pero deja muchos desafíos. Primero, que avanzar sobre quienes tienen rentas privilegiadas es legalmente posible y socialmente aceptado. Segundo, que la energía es un tema crítico para sostener el crecimiento. Tercero, que este primer paso se asienta sobre una gran precariedad legal y constitucional desde el punto de vista de un proyecto nacional. Cuarto, que financiar el desarrollo es vital, porque no hay mediano plazo posible si no se tienen recursos. Y, quinto –aunque podrían ser muchísimos más puntos–, es vital contar con una agenda de prioridades. Porque, más allá de lo vital que fue la sorpresa para que Repsol no pudiera contraatacar, conviene que la idea de la politización de la sociedad no se quede en temas facciosos y de coyuntura sino que apunte a levantar la mira y, en todo caso, a darles sentido y orientación a las fricciones diarias.
Por ejemplo, así como Venezuela construye su socialismo del siglo XXI con la renta petrolera a partir de tener el control completo de Pdvsa y Brasil tiene un banco de desarrollo potente, la Argentina hilvanó los recursos de la Anses y las retenciones como un buen salvavidas para mejorar la distribución de la renta y financiar políticas inclusivas. Sin embargo, cabe preguntarse si no es un desperdicio que no se haga un plan global. Como lo hicieron los neoliberales con la Fundación Mediterránea y otros laboratorios (no por nada los llamaban think tanks –tanques de ideas–, querían hasta nombrar en inglés la matriz de su pensamiento dependiente) que ponían en blanco y negro las reformas impositivas regresivas, los beneficios para la banca extranjera, el tipo de cambio para desproteger a la industria nacional y toda una batería de leyes y decretos que iban a tono con el endeudamiento y las pautas fiscales pedidas por el FMI.
Hasta fin de 2011, al calor del apoyo de sectores empresariales y de clase media –que todavía existen–, parecía razonable esperar señales del Club de París y de la banca privada para que la Argentina accediera al llamado mercado voluntario de deuda. Es decir, que tanto el Estado como los privados pudieran lograr financiamiento no caro y con plazos no perentorios para diferentes necesidades. Pero con la situación de crisis europea y con decisiones como la de YPF, cabe preguntarse si no es momento de hablar sin tapujos sobre una reforma impositiva que privilegie los impuestos directos sobre los indirectos, sobre las personas físicas y no sobre las personas jurídicas y con un carácter progresivo. En síntesis sería: gravar la riqueza personal y con tasas más altas para los sectores más ricos. Acaso habría oposición legislativa a iniciativas de ese tipo. Porque para financiar el largo plazo parece más fácil buscar los recursos adentro del país que afuera. Las retenciones funcionan, pero no parece que los privilegios del complejo agrofinanciero se terminen en cobrar una alícuota a sus rentas extraordinarias. ¿No es hora de preguntarse si un buen banco de alimentos y oleaginosas no debería ser un ente público, o al menos mixto, en cambio de dejar la comercialización –como lo es, en un porcentaje elevadísimo– en manos de multinacionales como Bunge, Dreyfus o Cargill, que son pilares del dogma neoliberal?
Financiar el desarrollo es poner –como se pone pero en dosis mucho más enérgicas– recursos para el Inta, el Inti, el Invap y los laboratorios de I+D de universidades o emprendimientos privados. Es elegir unos pocos rubros de alto valor agregado en los cuales la Argentina tiene condiciones de articular con otras naciones, especialmente las de la región.
Si bien cada uno de los temas sumariamente enunciados –y de otros tópicos– son parte de las preocupaciones y acciones del Gobierno desde 2003, se requiere una interacción entre quienes elaboran proyectos de futuro y quienes ejercen la militancia política y la acción ciudadana de cada día. Es extendida la impresión de que los conflictos políticos que están en la agenda tienen más que ver con proyectos electorales o apetencias de poder que con la transformación del país hacia un destino posible pero de plena justicia social. Y para que esas impresiones pasen a un plano secundario parece necesario poner en la superficie, con más energía, ciertos temas vitales.

América de nuevo. Hace una década ya que Lula, no bien asumió, planteó la necesidad del Banco del Sur, como una banca de fomento del largo plazo y de las necesidades de infraestructura de la región. Hoy el comercio intrarregional y las inversiones al interior del continente latinoamericano son una realidad. Y el Banco del Sur no deja de ser apenas una formulación. Recuérdese que el acuerdo para su fundación se hizo en Buenos Aires, precisamente el último día del gobierno de Néstor Kirchner, un 9 de diciembre de 2007. Hoy los bancos centrales de los países de la región –con Brasil y Venezuela a la cabeza– tienen fondos en serio. Y el endeudamiento decreció a niveles desconocidos. Las ventajas competitivas de los productos de intercambio con otras regiones son extraordinarias. Sin embargo, los niveles de institucionalidad de América latina son flaquísimos. Pocas veces, probablemente nunca, hubo tanta conciencia de avanzar unidos. Pocas veces la política de Estados Unidos debió haber estado tan lejos de influir en los gobiernos de la región. Sin embargo, las sedes de la Organización de Estados Americanos y del Banco Interamericano de Desarrollo están en Washington y piensan para Washington, alejadas de la realidad continental. Uno de los pocos organismos serios de la OEA es el Consejo Económico para América Latina (Cepal) encabezado por la mexicana Alicia Bárcena, cuya visión coincide plenamente con la de una América latina unida y que rompa con el neoliberalismo. Estos son signos, diversos, de que sin caer en el vanguardismo, sin despegarse de las relaciones de fuerzas bien ponderadas, sin caer en apresuramientos, es hora de aprovechar las oportunidades y de confiar en la conciencia nacional, popular, democrática y, por qué no, revolucionaria de vastos sectores de la sociedad argentina y del resto de los pueblos latinoamericanos.

Tomado de Miradas al Sur

“A los golpistas les asustaba la conciencia ciudadana que se había creado”

Por Alejandro Fierro

Tras el golpe de estado que le desalojó del Gobierno el pasado 22 de junio, Fernando Lugo ha vuelto a la arena política reclamando la continuidad legítima de su mandato a la vez que se ha sumado a la reorganización del frente progresista de cara a las elecciones que tendrán lugar en abril de 2013.

Las clases propietarias de Paraguay tuvieron más beneficios que nunca en estos cuatro años. Entonces, ¿por qué un golpe de estado?

Posiblemente porque consideraban un peligro los cambios mínimos que veníamos haciendo. Temían sentirse desplazados o simplemente compartir la mesa con otros comensales. El país creció mucho en 2010 [incremento del 14,5% del Producto Interior Bruto, segundo país del mundo con mayor crecimiento de este índice en ese año, tras Catar] y eso sin haber tocado la estructura económica. Si la hubiéramos tocado, los beneficios habrían alcanzado a más gente y se habría reducido la pobreza. Pero no se ha tocado la estructura de la tierra, no hemos gravado los impuestos a la exportación, a los bancos, al sector financiero… No hemos tocado nada. La pregunta entonces es por qué el golpe de estado. Tal vez porque se había creado una gran conciencia ciudadana de participación en la construcción del país que puede asustar a la gente que tuvo siempre los privilegios. La oligarquía económica y política pensó que lo más probable es que en 2013 [año de elecciones presidenciales y legislativas en Paraguay, fijadas para el 21 de abril] fuéramos a fortalecer las políticas sociales, algo que consideran peligroso para la estabilidad. Estabilidad que es, en realidad, la estabilidad de unos pocos, al igual que para ellos la soberanía del país es la soberanía y la defensa de un grupo muy pequeño.

¿Se puede revertir la situación o hay que ir al horizonte de las elecciones de 2013?

Yo miro lejos. Es cierto que hay que dar pasos cercanos en el día a día, pero yo creo en un proceso paraguayo sin traumas y sin rupturas, en un proceso de acumulación a través de la participación en un proceso democrático incluyente. Revertir esta situación de ruptura del orden democrático va a ser muy difícil. La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene la política de acudir a unas elecciones como solución de problemas institucionales. Es el único camino de reposición que ven y puede ser el camino que ahora le espera a Paraguay.

Usted está en contra de un bloqueo a Paraguay.

Un bloqueo tiene consecuencias para todos los sectores del país y así se lo dijimos al Mercosur, Unasur y a la OEA. Supongamos que la OEA diera un veredicto de exclusión a Paraguay. Ese veredicto, aunque sea de carácter político, tendría sus consecuencias económicas. Por ejemplo, se paralizarían los créditos comprometidos del Banco Internacional de Desarrollo, que ascienden a más de 200 millones de dólares. No queremos un bloqueo porque no sólo pierde el gran importador-exportador, sino también el pequeño importador que vende banana o que importa un poco de tomate o zanahoria del otro lado [Argentina y Brasil]. Ese intercambio internacional de hormiga también se resentiría de un bloqueo.

¿Cómo califica el apoyo internacional recibido, sobre todo de los países de la región?

Yo creo en la región. No estudié política exterior ni soy diplomático, pero el sentido común me dice que lo primero es andar bien con los vecinos y eso es lo que hemos procurado. Con Brasil exigimos nuestros derechos en Itaipú y los conseguimos, lo que fue un gran logro [central hidroeléctrica compartida por ambos países; el Gobierno de Lugo consiguió triplicar el precio de la electricidad que Brasil compraba a Paraguay]; también con Argentina en lo que respecta a Yaciretá [otra central hidroeléctrica binacional] o a la hora de programar conjuntamente una hidrovía para hacer más fluido el comercio; también tenemos proyectos con Uruguay, con Bolivia… Están llegando los frutos de haber conseguido unas relaciones más justas con los países vecinos, por más que todavía haya inequidad en el Mercosur. Lo mismo podemos decir de Unasur: hemos visitado casi todos sus países y hemos estado en mesas de trabajo donde la postura de Paraguay fue expuesta con bastante claridad. Eso ha hecho que el país fuera respetado y se apreciara su presencia y participación en la construcción de la integración de la región.

¿Cómo ve su futuro más inmediato?

Muy cambiante. Yo pensaba entregar el poder el 15 de agosto de 2013 y al día siguiente sentirme libre como un pájaro y poder pensar, rezar más, compartir con la gente y con la ciudadanía, leer, escuchar música… Pero esto ha cambiado porque se ha generado una expectativa ciudadana plural, no de un partido determinado. A veces me asusto cuando oigo que Fernando Lugo es el símbolo de un proceso democrático al que se le exige continuidad y un compromiso constante. Lo menos que yo querría es defraudar esa esperanza de la ciudadanía. Así que estamos embarcados en seguir construyendo, en seguir potenciando proyectos políticos, en conversar con grupos plurales con mentalidad progresista que traigan el cambio verdadero y genuino a nuestro país.

¿En qué frente sería su actividad inmediata?

Es muy difícil decirlo ahora. Hay muchas conversaciones. El Frente Guasú [plataforma que aglutina a una veintena de los principales partidos progresistas] es un espacio; esa conciencia ciudadana es otro; también está el Frente Nacional de Defensa de la Democracia [creado tras el golpe de Estado y en el que figuran el Frente Guasú, otros partidos políticos y movimientos sociales]. Y también están todas aquellas personas indignadas que no se sienten representadas por ningún partido. Ese es otro espacio que hay que explorar y que tiene su potencial en la construcción del país.

Desde todos esos frentes, las reclamaciones hacia los líderes progresistas son las mismas: unidad y consenso.

El consenso es una construcción constante. Siempre menciono la frase de Jesús en referencia al reino de Dios: “Ya y todavía no”. Ese consenso ya existe, pero no en su plenitud. El consenso se construye y es un camino procesual constante. Por eso “ya” y “todavía no”. Ya existe un cierto consenso mínimo aunque sea por el simple hecho de que la izquierda paraguaya se siente a una mesa a discutir. Antes cada uno iba por su lado; ahora están sentadas ciertas bases de unidad, aunque no sea todavía la unidad que se desea.

Políticos que apoyaron el golpe han sido apedreados en barrios humildes cuando iban a hacer campaña. A usted le reciben como el presidente. ¿Es una reparación moral?

En política también hay que tener en cuenta la relación psicoafectiva con la gente. Muchas veces sólo pedimos racionalidad en programas y proyectos sociales y políticos, elaborados por universidades y centros de investigación… Pero la política también pasa por la comunicación constante con la gente en su mismo idioma y con sus mismos gestos. Esto es importante y no se aprende en la academia de ciencias políticas, sino en el contacto directo con la ciudadanía. Esto lo he aprendido en los últimos 30 años como pastor de la Iglesia católica, estando en contacto permanente con la ciudadanía y con la gente más humilde, que es nuestra gran fortaleza. Pero los políticos que representan a grupos de intereses no pueden ser bienvenidos cuando con su actitud han despreciado a la gente más humilde. Una de nuestras políticas fue recuperar la dignidad del hombre del campo, del hombre de la ciudad, de la gente marginada… No excluirlos simplemente por ser pobres. Esa inclusión da hoy sus frutos en la aceptación recíproca y en el aprecio y el afecto que demuestran cuando estamos en contacto con ellos.

¿Ha dejado un país mejor?

Creo que sí, tanto en términos económicos y sociales como institucionales. Recibimos un país institucionalmente en quiebra. Las instituciones estatales se han identificado durante 60 años con un partido hegemónico [Partido Colorado, en el poder desde 1947 hasta 2008]. Había instituciones como el Ministerio de Cultura que se utilizaban como puestos de campaña del Partido Colorado. Allí se hacían las pancartas de propaganda, dejando su misión de educación para todos y todas, que fue lo que quisimos instalar. Hemos procurado que las instituciones del Estado estén al servicio de toda la ciudadanía sin distinción ni inclusión. Ha sido un trabajo interesante de inclusión, no de persecución, que se produce tras llevarse a cabo, por primera vez en 200 años, un cambio de gobierno de un signo político a otro sin derramamiento de sangre. En términos sociales creo que nuestra política dejó huellas muy profundas en la ciudadanía, sobre todo en la Tercera Edad y en la gente de menos recursos, con las Transferencias Económicas Condicionadas [ayudas económicas]. En términos de producción, tenemos una economía solvente con suficientes reservas, inflación controlada, macroeconomía floreciente… Creo que hemos dejado un país mejor y más consciente de su participación en la construcción del mismo, que es responsabilidad del empresario y del indígena, del inversionista y el campesino. Todos los sectores tienen que participar en la construcción de Paraguay.

Alejandro Fierro es periodista

Tomado de Rebelión

“Disfrazados, los viejos métodos siguen reinantes, con un aval estadounidense ahora maquillado de “neutralidad”. Pero aunque al golpe lo vistan de seda, el hecho es que quienes hoy gobiernan Paraguay ya no son aquellos por quienes el pueblo votó”.

Por Nils Castro *

Tras sufrir varios reveses electorales en América latina, las derechas tradicionales tuvieron que ceder terreno a una pluralidad de gobiernos “progresistas” en América latina. Sin embargo, no por ello perdieron sus principales fuentes de poder: recursos económicos y financieros, enlaces internacionales, peso sociocultural y, especialmente, sus bastiones mediáticos. Por supuesto, el control del gobierno también es una gran fuente de poder y cederlo fue una contrariedad, así que pasado el primer impacto, la prioridad fue reaprovechar esas otras ventajas para recuperarlo.

Cuando en el 2010 publiqué Quién es y qué busca la nueva derecha, daba por sentada la inminencia de una contraofensiva continental de las derechas basada en una renovación de los métodos, lenguajes y mitos requeridos para recapturar las mayorías electorales necesarias para recuperar los gobiernos perdidos y retener los que aún conservaban. Uno de los ejemplos fueron los de Panamá y Chile, donde sendos plutócratas ganaron la presidencia valiéndose del mito del millonario eficiente y supuestamente “apolítico” que venía a poner sus habilidades al servicio de la gestión pública. La mayoría de los electores de dos países decepcionados de unos sistemas políticos ya desacreditados compraron esa ilusión y enseguida resultaron defraudados: tanto el ávido y autocrático Ricardo Martinelli como el aristocrático Sebastián Piñera quedaron lejos de satisfacer las expectativas levantadas y han precipitado crecientes disgustos y protestas sociales.

A su vez, donde los gobiernos socialdemócratas o progresistas conservan mayor solidez y la derecha aún carece de líderes populistas de nuevo perfil, primó la acostumbrada modalidad de coordinar un pertinaz bombardeo mediático para que socave su credibilidad –que por ejemplo ponga en duda su honradez o capacidad de gobernar–, mientras que a la vez los instrumentos económicos, conspirativos y socioculturales de las derechas alientan las crisis sociales que a mediano plazo ofrezcan ocasión de golpear más a fondo. Así se ha procurado en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Una nueva variante consiste en “desmilitarizar” el procedimiento así “legitimado” por los grandes medios periodísticos. En Honduras, a través de un golpe “correctivo”, es decir, con la intervención abreviada de un ejército que acto seguido entregó el gobierno a la derecha civil. En Paraguay, valiéndose de un bloque parlamentario seducido por el anhelo de prerrogativas para los congresistas implicados en una interpretación torcida de la legalidad.

El propósito, en cualquier caso, es el mismo de antaño, encubierto con nuevos modos de enmascararlo y evadir las sanciones internacionales. Disfrazados, los viejos métodos siguen reinantes, con un aval estadounidense ahora maquillado de “neutralidad”. Pero aunque al golpe lo vistan de seda, el hecho es que quienes hoy gobiernan Paraguay ya no son aquellos por quienes el pueblo votó.

Esta última experiencia tiene mucho que enseñarnos. Por un lado, muestra que en ese aislado país todavía reina la primitiva cultura política legada por el stronismo, misma que ahora se resignó con que el golpe no fuera sangriento y que careció de la autonomía necesaria para defender los valores democráticos. Por otro, la hipocresía de los gobiernos más conservadores de la región, que se amparan en el pretexto de que el golpe supuestamente fue “legal”, pese a la flagrante ausencia de garantías de debido proceso para el acusado. Además, que apelan a la hojita de parra –acuñada cuando Honduras– de que las próximas elecciones sanearán esta crisis, a sabiendas de que los golpistas las manejarán según les convenga, para aplastar “legalmente” a quienes respaldaron a Lugo.

Para concluir resta preguntarse qué gobiernos son éstos que las derechas buscan derribar, de viejas o nuevas maneras. No son gobiernos revolucionarios. Cierta izquierda les reprocha no ir más allá de contrarrestar al neoliberalismo y humanizarle el rostro al capitalismo, sin plantarse metas que rebasen este horizonte. Obvian el hecho de que su papel es gobernar según el programa por el cual los ciudadanos les dieron el voto.

¿Qué sentido tiene pedirles un desborde que sus electores no estarían dispuestos a sustentar y defender? La respuesta está más en manos principalmente de los partidos. Para disponer de gobiernos más revolucionarios hay que formar fuerzas sociales más radicales, que los elijan, impulsen y sostengan. Como asimismo implica derrotar a las derechas y a su ofensiva no sólo en el campo político-electoral, sino también en el programático, cultural y organizativo. Sólo eso posibilitará pasar de un horizonte posneoliberal a uno poscapitalista.

* Ensayista panameño, autor de Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear.

Tomado de Página/12

La guerra por los recursos naturales tras la crisis de Paraguay

Por Benjamín Dangl

Cada agujero de bala en los postes de alumbrado en el centro de Asunción, Paraguay, cuenta una historia. Algunos de ellos son de guerras civiles de hace décadas, otros de golpes exitosos y fracasados, otros de represiones policiales. El tamaño del agujero, el ángulo del impacto, todos hablan de un escape, una muerte, otro dictador en el palacio junto al río.

El 22 de junio de este año, un nuevo tirano entró en el palacio del gobierno. El derechista Federico Franco llegó a la presidencia en lo que se consideró un golpe parlamentario contra el Presidente izquierdista democráticamente elegido Fernando Lugo.

Lo que está tras los titulares de hoy, de las luchas y combates políticos por la justicia en Paraguay, es un conflicto por el acceso a la tierra, la cual representa el poder y el dinero para las elites, la supervivencia y la dignidad para los pobres, y ha estado en el centro de importantes batallas políticas y sociales en Paraguay durante décadas. A fin de comprender la crisis de Paraguay posterior al golpe, hay que entender el peso político del suelo de la nación. Por lo tanto hay que echar un vistazo a la historia de la guerra por los recursos naturales de Paraguay, por la tierra, los eventos que condujeron al golpe, y a la historia de la resistencia de una comunidad agrícola que se encuentra en el corazón de la actual crisis de la nación.

El golpe y la tierra

La esperanza rodeó la victoria electoral de Fernando Lugo en 2008, una victoria que terminó con los 61 años de dominación de la política paraguaya por parte del Partido Colorado. Fue una victoria contra la injusticia y la pesadilla de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y una nueva adición a los gobiernos de tendencia izquierdista de la región. La elección de Lugo, exobispo y partidario de la teología de la liberación, se debió en gran parte al apoyo en la base del sector campesino y a la promesa de Lugo de realizar la imprescindible reforma agraria

No obstante, Lugo estuvo aislado políticamente desde el comienzo. Tuvo que aliarse con la derecha para ganar la elección; su vicepresidente, Federico Franco, es un dirigente del derechista Partido Liberal y fue un elocuente opositor de Lugo desde poco después de su llegada al poder. Durante toda la estadía en el poder de Lugo, el Partido Colorado mantuvo una mayoría en el Congreso y hubo varios intentos derechistas de destitución del “Obispo Rojo”. Semejantes desafíos impidieron el progreso de Lugo y crearon un ambiente político y mediático dominado por ataques y críticas casi permanentes contra él.

Al mismo tiempo, Lugo no mostró una actitud positiva hacia el sector campesino que ayudó a llevarlo al poder. Su gobierno ejerció regularmente una severa represión y criminalización de los movimientos campesinos del país. Por lo tanto se vio aislado desde arriba en el ámbito político y abajo carecía de una fuerte base política debido a su posición hacia los movimientos sociales y el lento progreso de la reforma agraria. A pesar de todo muchos sectores izquierdistas y campesinos consideraban a Lugo un aliado relativo y una fuente de esperanza frente a la alternativa derechista.

El problema que terminó por inclinar la balanza hacia el golpe parlamentario del 22 de junio contra Lugo fue un conflicto por la tierra. En abril de este año, 60 campesinos sin tierras ocuparon tierras en Curuguaty, en el noreste de Paraguay. Esa tierra es de propiedad del exsenador colorado Blas N. Riquelme, uno de los mayores y más ricos terratenientes del país. En 1969, el gobierno de Stroessner dio ilegalmente a Riquelme 50.000 hectáreas de tierras que supuestamente debían destinarse a campesinos pobres como parte de la reforma agraria. Desde el retorno a la democracia en 1989, los campesinos han estado luchando por obtener acceso a esas tierras. La ocupación de tierras en abril fue uno de esos intentos. El 15 de junio, fuerzas de seguridad llegaron a Curuguaty para desalojar a los campesinos sin tierras. El enfrentamiento resultante durante el desalojo (los detalles específicos de este último siguen siendo confusos) condujo a la muerte de 17 personas, incluidos 11 campesinos y 6 policías. Ochenta personas resultaron heridas.

Aunque ciertamente fue el enfrentamiento más sangriento de este tipo desde la dictadura, fue solo uno de las docenas de conflictos semejantes que han tenido lugar en los últimos años en una nación con enorme desigualdad en la distribución de la tierra. La reacción de la derecha ante este tipo de conflictos fue generalmente tomar partido por los terratenientes y dirigentes empresariales y criminalizar a los activistas campesinos. Ante la tragedia de Curuguaty, la derecha vio una oportunidad más de actuar contra Lugo.

La derecha culpó a Lugo de los sangrientos acontecimientos en Curuguaty, una acusación carente de fundamento pero que sirvió de alimento a los continuos ataques políticos contra el Presidente. Como respuesta a las críticas, Lugo reemplazo a su ministro del Interior por el miembro del Partido Colorado Rubén Candia Amarilla, exfiscal conocido por su criminalización de grupos sociales izquierdistas y campesinos, quien fue entrenado en Colombia para exportar políticas al estilo del Plan Colombia a Paraguay. Lugo también convirtió al Comisario General de Policía Moran Arnaldo Sanabria (quien estuvo a cargo de la operación de Curuguaty) en Director Nacional de Policía.

De esta manera, Lugo entregó los principales poderes de seguridad y represión del Estado al Partido Colorado. La acción fue un esfuerzo por evitar el juicio político de la derecha, pero fue contraproducente: el Partido Liberal se opuso a los reemplazos de Lugo, y empoderado por las críticas al manejo de Curuguaty por parte de Lugo, colaboró con el Partido Colorado y otros partidos derechistas del Congreso para proceder a la destitución.

El proceso comenzó el 21 de junio, y dentro de las 24 horas siguientes el Senado se reunió e inició oficialmente el juicio, dando a Lugo solo dos horas para su defensa. Al día siguiente, Lugo fue destituido en una votación de 39 contra 4. Fue acusado de alentar ocupaciones de agricultores sin tierras, de mal manejo como Presidente y de no haber logrado la armonía social en el país. Lugo renunció y el vicepresidente y dirigente del Partido Liberal, Federico Franco, tomó su lugar. Ahora se planifican nuevas elecciones para abril de 2013.

Este golpe parlamentario fue condenado por antidemocrático e ilegal por muchos dirigentes latinoamericanos que se negaron a reconocer a Franco como Presidente legítimo. Como reacción al golpe, bloques comerciales y políticos latinoamericanos como Unasur y Mercosur han suspendido la participación de Paraguay en sus organizaciones hasta las elecciones del próximo año. Como era de esperar, la Organización de Estados Americanos decidió no suspender a Paraguay de su calidad de miembro del grupo porque, según el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, hacerlo crearía más problemas en el país y lo aislaría regionalmente. Es el segundo golpe en la región en los últimos años; en junio de 2009, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue depuesto en circunstancias similares.

El telón de fondo de esta lucha política es una batalla para controlar, utilizar y distribuir las vastas tierras de Paraguay. Aproximadamente un 2% de los terratenientes controlan un 80% de las tierras del país y unas 87.000 familias de agricultores carecen de tierras. Aunque Lugo no cumplió muchas de sus promesas electorales al sector campesino, en realidad trabajó para bloquear muchas de las políticas de la derecha que habrían empeorado la crisis en el campo. Por ejemplo, Lugo y su gabinete se resistieron al uso de semillas transgénicas de algodón de Monsanto en Paraguay, una acción que probablemente contribuyó a su destitución. Sin embargo, incluso antes de la elección de Lugo, las alianzas y victorias políticas estuvieron influenciadas por la cuestión de la tierra. Las corporaciones agroindustriales multinacionales están firmemente arraigadas en la política paraguaya y sus enemigos fundamentales en esta guerra por los recursos han sido siempre los campesinos paraguayos.

Un mar de soja

Durante décadas, los pequeños agricultores de Paraguay han sido atormentados por un maremoto de cultivos de OGM y de pesticidas que se propagan por todo el campo. Paraguay es el cuarto productor de soja del mundo, y la soja representa un 40% de las exportaciones paraguayas y un 10% del PIB del país. Se calcula que veinte millones de litros de agroquímicos se fumigan en Paraguay cada año, envenenando a la gente, el agua, la tierra cultivada y el ganado que encuentran en su camino.

Compañías transnacionales de semillas, agrícolas y de agroquímicos que incluyen a Monsanto, Pioneer, Syngenta, Dupont, Cargill, Archer Daniels Midland (ADM) y Bunge dirigen la enorme agro-industria. Instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo han promovido y financiado el negocio de agro-exportaciones de cosechas de monocultivos, gran parte de la soja paraguaya se utiliza para alimentar animales en Europa. Los beneficios han unido a entidades políticas y corporativas de Brasil, EE.UU. y Paraguay y han aumentado la importancia de la cooperación de Paraguay con empresas internacionales.

Desde los años ochenta, grupos militares y paramilitares nacionales conectados a grandes empresas agrícolas y terratenientes han desalojado de sus casas y campos a casi 100.000 pequeños agricultores y han impuesto la reubicación de innumerables comunidades indígenas para favorecer los campos de soja. Mientras tanto más de cien dirigentes campesinos han sido asesinados en este período y solo uno de los casos fue investigado y llevó a la condena del asesino. En el mismo período, más de 2.000 campesinos se han enfrentado a acusaciones contra ellos por su resistencia a la industria de la soja. La vasta mayoría de los agricultores paraguayos han sido alejados de sus terrenos por los productos tóxicos, sea intencionalmente o como un efecto secundario de los peligrosos pesticidas utilizados cada año para el cultivo de la soja en Paraguay. Desde el principio de los años noventa, cuando los agricultores vieron la muerte de sus animales, la ruina de sus cultivos, las enfermedades de sus familias y la contaminación de sus pozos, la mayoría tomó sus cosas y se mudó a la ciudad.

El caos infligido por las agroindustrias ha causado parte de las violaciones más graves de los derechos humanos desde el reinado de Stroessner. Un informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas señaló que “la expansión del cultivo de la soja ha traído consigo el uso indiscriminado de pesticidas tóxicos, provocando muerte y enfermedad en niños y adultos, contaminación del agua, desaparición de ecosistemas, y daño a los recursos nutritivos tradicionales de las comunidades”.

La expansión de la industria de la soja ha ocurrido en tándem con la violenta opresión de pequeños agricultores y comunidades indígenas que ocupan las vastas propiedades de tierra de los ricos. La mayoría de los paraguayos que viven en el campo realizan diversos cultivos de subsistencia en pequeños terrenos de entre diez y veinte hectáreas, pero no tienen títulos de propiedad de sus tierras ni reciben generalmente ayuda del Estado. El gobierno paraguayo ha representado históricamente a los cultivadores de soja en este conflicto, utilizando a la policía y al sistema judicial para castigar a los dirigentes campesinos.

La pequeña comunidad agrícola de Tekojoja ha estado en la vanguardia de esta lucha durante años. Su historia y su lucha son representativas de innumerables comunidades agrícolas en el campo paraguayo.

La resistencia de Tekojoja

El primero de varios autobuses que tomamos desde Asunción hacia Tekojoja en abril de 2009 se calentó como una sauna mientras una polca resonaba en la radio. Vendedores ambulantes subían al autobús ofreciendo gafas de sol, radios y DVD piratas. Vendedores particularmente entusiastas pronunciaban apasionados discursos sobre las características superiores de su producto, presionando con muestras a los pasajeros reacios y aburridos. Un argumento de ventas prometía que las píldoras de ajo podían curar el insomnio y el cáncer.

Pasamos innumerables campos de soja y silos de Cargill, pero también pequeños puestos de pequeños agricultores y simples restaurantes al borde de la ruta donde la gente se podía escapar hacia la sombra con una cerveza fría. La carretera de tierra de Caaguazú hacia Tekojoja era un espacio escabroso de ardiente arena roja; Necesitamos tres horas para viajar 50 kilómetros. El autobús se abrió camino por sobre profundos baches, su motor alcanzaba un tono febril y cada uno de sus huesos de metal rechinaba junto a los de sus pasajeros.

Esa misma noche llegamos a Tekojoja y fuimos a la casa de Gilda Roa, una estructura hecha por el gobierno, sin agua corriente (aunque el gobierno construyó el edificio, nunca terminó la instalación de cañerías). Activista de los derechos a la tierra y de los agricultores, la camisa de Gilda mostraba plantas que irrumpían a través de un código de barras. Dentro de su casa, las paredes estaban cubiertas de afiches contra la soja y los OGM. Sacó al jardín sillas de plástico para nosotros, con brillantes estrellas como telón de fondo, y comenzó a hablar. Gilda pasó de 2000 a 2002 en Asunción, estudiando para ser enfermera y había trabajado en su profesión en una localidad cercana. Cuando la visitamos, en abril de 2009, estaba dedicada exclusivamente al activismo en su comunidad. Mientras la música paraguaya sonaba en la radio y las mariposas nocturnas se reflejaban en las luces, Gilda nos contó la historia de su comunidad y su lucha contra la soja transgénica.

La comunidad de Tekojoja es la sede del Movimiento Agrario Popular (MAP) de Paraguay. Es un sitio que ha enfrentado la enorme represión de los agricultores de la soja y sus matones y ha liderado una legendaria resistencia en su contra, produciendo numerosos dirigentes campesinos.

Tekojoja se encuentra sobre tierra entregada a los campesinos como parte de un Programa Público de Reforma Agraria. En los años noventa, agricultores brasileños de la soja –con matones armados, abogados y conexiones políticas para su protección– se expandieron gradualmente sobre la tierra de la comunidad, imponiendo una serie de violentos desalojos de las familias de agricultores. En 2003, el MAP comenzó a recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas por los brasileños, pero jueces corruptos y mercenarios contratados por los productores de soja siguieron expulsando a los agricultores de sus tierras.

El 2 de diciembre de 2004, terratenientes brasileños acompañados de policías quemaron numerosas casas y tierras agrícolas en Tekojoja como parte de un proceso de desalojo. Una declaración del MAP describió ese brutal acto:

Después de que los tractores destruyeron nuestros cultivos, llegaron con sus grandes máquinas y comenzaron de inmediato a sembrar soja mientras el humo seguía saliendo de las cenizas de nuestras casas. Al día siguiente retornaron con bueyes y volvieron a plantar en todos los campos sobre la tierra preparada. Cuando llegaron los policías, los enfrentamos con nuestras herramientas y machetes. Éramos unos setenta y estábamos listos para enfrentarlos. Finalmente se fueron.

Las casas y los cultivos de los campesinos fueron destruidos y no contaban con ninguna seguridad de que los brasileños no organizarían otro desalojo. A pesar de ello, como la mayoría no tiene ningún otro sitio adónde ir, los miembros de la comunidad decidieron perseverar, quedarse en sus tierras y luchar por su reconocimiento legal como propietarios. Gilda explicó: “Plantamos semillas con temor ya que no sabíamos si nuestros cultivos serían destruidos. Y comenzamos a construir las casas”. Pero de nuevo, a las 4 de la mañana del 24 de junio de 2005, los brasileños y los policías atacaron la comunidad. “Arrestaron a niños, ciegos, ancianos y mujeres embarazadas, a todos, lanzándolos a todos a un camión”, dijo Gilda. “Rociaron las casas con gasolina y petróleo y las quemaron todas mientras continuaban los arrestos”.

En este enfrentamiento entre matones, policías, y campesinos desarmados, dos agricultores, a quienes los brasileños identificaron erróneamente como dirigentes del MAP y los hermanos Jorge y Antonio Galeano, fueron asesinados a tiros. Una de las víctimas fue

Angel Cristaldo Rotela, un joven de 23 años que estaba a punto de casarse y que acababa de construir su propia casa el día antes que fuera quemada totalmente por los policías. La esposa de Leoncio Torres, la otra víctima, quedó sola con ocho hijos. Un monumento se ha erigido en el centro de la comunidad en memoria de los campesinos caídos.

Después de los asesinatos, campesinos y activistas de todo el país se manifestaron en apoyo de Tekojoja y ayudaron a los miembros de la comunidad asediada con lonas y alimentos. Finalmente, la Corte Suprema dictaminó que la tierra debía entregarse a los agricultores locales, y como parte de las reparaciones por la violencia sufrida por la comunidad, el presidente Nicanor Frutos ordenó la construcción de cuarenta y ocho casas. El sufrimiento de Tekojoja ilustra la situación en la que se encuentran numerosas comunidades agrícolas de todo Paraguay. Mientras los residentes de Tekojoja permanecen en sus tierras, muchos otros se ven obligados a huir a los barrios bajos de la ciudad mientras los productores de soja los expulsan de las suyas.

Gilda explicó este ciclo de desplazamiento:

Cuando los pequeños agricultores están desesperados y los pesticidas los están afectando, no poseen medios para sobrevivir, por lo tanto venden sus tierras por poco dinero, que es más del que jamás han tenido, pensando que la vida en la ciudad será mejor, más fácil, pero no es tan fácil. Mucha gente que termina recogiendo basura en la ciudad proviene del campo. No saben cómo administrar su dinero, por lo tanto, por ejemplo, gastan todo su dinero en un coche usado, maltrecho, y terminan en la ciudad, sin un centavo, sin trabajo o dónde vivir.

La victoria de Tekojoja se debió a la tenacidad de los agricultores que se negaron a abandonar sus tierras por la falsa promesa de una vida rica en la ciudad. Pero su lucha está lejos de haber terminado. Aunque arrancaron las plantas de soja de sus tierras, los residentes viven encerrados entre espacios aparentemente ilimitados de soja y ellos, sus animales y sus cultivos siguen sufriendo la exposición a pesticidas tóxicos.

Al amanecer del día siguiente, la mayoría de los vecinos de Gilda ya estaban en pie, yendo al trabajo antes de que el sol se hiciera insoportable. Los pollos pululaban alrededor de las casas, los patios de tierra roja todavía estaban húmedos de rocío nocturno y se oían radios sintonizadas a una emisora comunitaria que mezclaban música y comentarios políticos en guaraní. Un activista comunitario vecino nos invitó a su casa para comenzar el día con la bebida esencial de los paraguayos, yerba mate servida caliente por la mañana y preparada especialmente con coco y romero. Nos sentamos en su cocina mientras el sol se filtraba entre las tablas del muro, iluminando nubes de humo del fuego, mientras sus hijos y los cerdos jugaban en el piso de tierra.

Una aciaga presencia surgía amenazadoramente sobre esa bucólica escena. Los vecinos agricultores brasileños de la soja ya habían aparecido con sus tractores, fumigando pesticida sobre los cultivos cercanos. Pude oler los productos químicos en el aire. Caminamos hacia los campos hasta que aumentó el dulce olor tóxico. Pasamos muy cerca de un tractor mientras las nubes de pesticidas se aproximaban. Comencé a sentir una sensación desorientadora de mareo y náusea. Mis ojos, garganta y pulmones ardían y me dolía la cabeza, algo que la gente del lugar sufre todos los días. La enfermedad física causada por los pesticidas contribuye a quebrar la resistencia de los campesinos.

Eso me recordó que estaba en una comunidad sitiada, no solo por los cultivos de soja que cercan estas islas de humanidad o los pesticidas que penetran cada fuente de agua, cultivo y conversación, sino también porque los agricultores brasileños de la soja viven cerca y conducen a través de estas comunidades empobrecidas con total impunidad con los cristales de sus brillantes camiones nuevos bien cerrados. Subidos de un modo algo precario en los asientos traseros de unas pocas motonetas, anduvimos a saltos por los caminos de tierra, que desaparecían en sendas hacia otro grupo de casas. En camino hacia ellas, pasamos a un brasileño que nos observó hasta perdernos de vista. Gilda lo conocía: había participado en la destrucción e incendio de sus casas. El hecho de que siguiera en libertad empeoraba las cosas. Y si los habitantes del lugar los acusaran, dijo Gilda, o incluso gritara a los asesinos brasileños, aparecería la policía y se los llevaría a la cárcel. “Es la parte más difícil” explicó. “Los vemos y no podemos hacer nada”.

La motoneta rodó hasta detenerse frente a la casa de Virginia Barrientos, a pocos kilómetros de la de Gilda, directamente junto a un campo de soja. La tierra en la que Barrientos vivió durante los últimos cuatro años es una península que penetra en un mar de soja. Ocupó su tierra, que solía estar cubierta de soja, en febrero de 2005 y consiguió la propiedad legal sobre ella. Pero la vida después de recuperar la tierra no ha sido fácil; los pesticidas han aterrorizado a su familia desde que se mudó allí.

“Justo antes de que cosechemos nuestro alimento los brasileños fumigan pesticidas muy poderosos”, explicó Virginia. “Esos pesticidas causan los dolores de cabeza, la náusea, la diarrea que todos sufrimos”. Sus delgados hijos están junto a ella en el pórtico de la casa. “Hay muchos problemas con el agua”, siguió diciendo. “Cuando llueve, los pesticidas afectan nuestra única fuente de agua”.

Virginia Barrientos dijo que los pesticidas también afectan a sus plantas y animales, y causan que algunos de los cultivos tengan un gusto demasiado amargo para consumirlos. Las crías de sus cerdos murieron y los pollos están enfermos. Parte del problema, señaló, es que los agricultores brasileños de la soja deciden intencionalmente fumigar durante fuertes vientos que transportan el veneno hacia su tierra. Pasamos tallos con mazorcas muertas de camino a su pozo, que insistió en mostrarnos. Estaba ubicado al final de un largo campo de soja, de modo que el escurrimiento del campo corría hacia el pozo, concentrando los pesticidas en su única fuente de agua. La familia vive en una miseria envenenada mientras el productor de soja responsable reside en un relativo lujo lejos de sus campos.

Isabel Rivas, vecina de Virginia, nos dijo con una amplia sonrisa y sonora risa a pesar de su lamentable situación: “Cuando bebemos el agua podemos oler los productos químicos. Resulta que lavan sus fumigadores químicos en nuestra fuente de agua, en un pequeño riachuelo cercano”. Virginia estaba de pie frente a su casa amamantando a su bebé mientras los pollos picoteaban cacahuetes en su patio. Los niños nos miraban con los ojos bien abiertos. “No podemos ir a otra parte”.

Aunque la incapacidad y renuencia de Lugo a encarar suficientemente semejantes dificultades constituyó una traición a su base, el reciente golpe contra él fue también un golpe contra la esperanza, un golpe contra Virginia y sus hijos, contra Gilda y sus vecinos, y contra los cientos de miles de agricultores que luchan en el campo. Detrás del golpe yace un vasto país, en parte envenenado, en parte todavía fértil, y en gran parte bañado en lágrimas y sangre. Hasta que se realice la demanda de justicia por la tierra no habrá paz en Paraguay, no importa quién duerma en el palacio presidencial.

Fuente: http://www.towardfreedom.com/

Tomado de Rebelión

Vea usted mismo a la señora ROBERTA Jacobson, secretaria de Estado adjunta, con su carita de tafanario de carnaval triste. La doña  refutó ayer ante la OEA que Washington planea una base en El Chaco. Menos mal que ya sabemos que son unos mentirosos compulsivos ¿no cree? En la propia Voz de las Américas se admite hoy que EE UU no  apoya la suspensión de Paraguay de la OEA. ¿Quiere leer lo que ellos dicen en su versión on line? Aquí lo tiene, es muestra viva de la terrible encarnadura del Imperio. Las palabras en negrita, claro está, son mias………

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Paraguay no debería ser suspendido de la Organización de Estados Americanos (OEA) a pesar de la destitución del presidente Fernando Lugo, declaró este miércoles la secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado de EE.UU.

En rueda de prensa con periodistas hispanos Jacobson desmintió la acusación hecha la víspera por el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, quien afirmó que Paraguay permitirá una base militar de EE.UU. en el Chaco, y afirmó que la controversia de Paraguay debería ser aprovechada como una oportunidad para unir a la región.

“Yo veo a Paraguay, en cierto modo, como una oportunidad para unirnos en la región, para apoyar la democracia paraguaya. No como una excusa para separarnos”, dijo Jacobson reiterando que entre EE.UU. y Paraguay ha habido una cooperación muy transparente.

Señaló que EE.UU. ha acogido favorablemente el informe sobre la situación en Paraguay rendido por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien recomendó no expulsar a ese país de la organización regional por la destitución del presidente Fernando Lugo.
Insulza también propuso fortalecer la gobernalidad en Paraguay, promoviendo el diálogo y la reforma política, para asegurar que las elecciones programadas para dentro de 10 meses se lleven a cabo de manera transparente.

Por otra parte, Roberta Jacobson defendió la política de Estados Unidos hacia Venezuela y reconoció que las relaciones bilaterales con ese país se mantienen congeladas por la negativa de cooperar.

La diplomática pidió al gobierno de Venezuela que invite y acepte la presencia en el país de observadores internacionales durante los comicios del 7 de octubre próximo, bien sean de la Unión Europea o de la OEA.

Jacobson, quien realizó a fines de junio una gira por Centroamérica, declaró haber regresado muy satisfecha de su visita a El Salvador, Honduras y Guatemala, donde dijo haber visto avances en la lucha contra el crimen organizado y a una sociedad civil vibrante y activa.

“El 90 por ciento de nuestra ayuda bilateral a Centroamérica es concentrada en asuntos básicos de desarrollo, salud, educación, y otros asuntos como apoyo a la sociedad civil, y crecimiento económico”, dijo.

Sin embargo, confesó estar alarmada por lo que escuchó durante la 42 Asamblea de la OEA en junio pasado en Bolivia, cuando sin mencionar por su nombre a los miembros del ALBA, señaló que algunos países declararon querer “acabar” con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según Jacobson, eso es algo que bajo ningún concepto puede permitirse, y dijo que en todo caso la CIDH puede ser reformada pero para fortalecerla, puesto que se trata de se trata de un organismo que garantiza el respeto de los derechos humanos en el hemisferio.

Otra nota de la VOA reporta algo que ya esperábamos, la recomendación de Insulza de no expulsar a Paraguay del seno de esa vieja dama indigna que es la OEA. La organización lo que quiere, según Insulza, es acompañar a Paraguay a superar la situación política actual. ¿Será posible decir esas cosas y que no se les caiga nada o que no les crezca al menos la nariz? Veamos lo que dicen estos falsarios:

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) escuchó este martes el informe de su secretario general, José Miguel Insulza, en el que recomendó no expulsar a Paraguay de esa organización por la destitución de Fernando Lugo.

Insulza dijo que la OEA no debería tomar el camino de sanciones ni condenas, como lo han hecho Unasur y el Mercosur, ya que eso causaría “divisiones” y “sufrimiento innecesario” al pueblo de ese país, sino el de acompañar a Paraguay a superar la situación política actual.

“No olvidemos que existe una situación de normalidad política, social y económica que es conveniente preservar”, advirtió Insulza.

A cambio, el secretario general recomendó aprobar un plan de tres puntos que incluye, permitir que se lleve a término el proceso judicial que ha iniciado el ex presidente Lugo y que podría terminar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana; fortalecer la gobernalidad en Paraguay, promoviendo el diálogo y la reforma política; y finalmente, asegurar que las elecciones programadas para dentro de 10 meses se lleven a cabo de manera transparente.

Eventuales  medidas

La OEA puede decidir entre varias posibilidades que van desde un simple “tomar nota” del informe del secretario general, lo cual implicaría una progresiva apertura al reconocimiento del nuevo gobierno de Franco, aceptar el plan propuesto por Insulza, o aceptar la expulsión de Paraguay del organismo, tal y como ocurrió con Honduras tras el golpe de Estado de 2009.

Pero las intervenciones de los representantes de Estados Unidos, Canadá, México y Haití, entre otros, dejaron ver que el siguiente paso será tomar en consideración el informe del secretario general, someterlo a la consideración de las capitales en cada uno de los países miembros y volverse a reunir “en el plazo más breve posible” en un nuevo Consejo Permanente para tomar la decisión de convocar a una sesión extraordinaria de cancilleres.

La misma posición tomaron los representantes de Argentina, Venezuela y Brasil, aunque éstos adelantaron que de haber asamblea extraordinaria mantendrán en ella las posturas que sostuvieron en el Mercosur y Unasur.

El representante de Brasil Breno Dias de Costa dijo que la OEA “está a prueba” porque “no podemos transmitir el mensaje de que una ruptura del orden democrático sea considerada como algo trivial“.

Pero Insulza recordó que la OEA ha enfrentado en el pasado casos similares en Ecuador, Nicaragua y Argentina, sin que se haya tomado medidas drásticas como la expulsión.

¡Lo que hay que ver y leer!!!!