Ago 12 2010
¡AY, MACARENA!
Créalo o no, Uribe eligió a las tropas apostadas en La Macarena para dirigir un mensaje de agradecimiento y despedida a las fuerzas militares…
MAGGIE MARÍN
Digo Macarena y cualquiera pensaría en una guapa andaluza con su bata de óvalos y vuelos, cantando seguidillas y bailando flamenco. Macarena se nombra precisamente un barrio en Sevilla, España; y macareno, allá en la madre patria, es equivalente a guapo, lindo, fanfarrón. Lamentablemente La Macarena a que me voy a referir no tiene ningún salero, muy al contrario, ahora mismo es centro de un macabro, pavoroso y demencial asunto.
Esta Macarena es un municipio del departamento de Meta, en Colombia, enclavado al sur de una serranía de idéntico nombre –legendaria por su megabiodiversidad–, y está envuelta en el horror de ser el territorio donde se encuentra la mayor fosa común de América Latina, que en 6 mil 500 metros cuadrados alberga a unas dos mil sepulturas cuyos únicos signos de identificación son un número de acta (¿de defunción?), una fecha parcial (solo el mes y el año), y el alias por el que (supuestamente) era conocida la persona que terminó enterrada en ese nicho sin nombre, tras quién sabe qué indigna y terrible muerte.
Ahora se afanan en el lugar peritos, expertos y forenses, pero durante mucho tiempo los lugareños estuvieron denunciando la existencia de ese gigantesco cementerio clandestino, y las autoridades se desentendían o sencillamente lo negaban, como hizo la propia cancillería colombiana a principios de este año
Tuvieron que aparecerse por el lugar algunas ONGs europeas para que el manto de secreto empezara a caer. Y el golpe de gracia, lo que finalmente develó esta ¿viva? muestra del terrorismo de estado en que ha vivido Colombia los últimos años fue una audiencia pública de Derechos Humanos convocada el 22 de julio por la senadora Gloria Inés Ramírez en la propia Macarena, y en la que participaron más de 800 personas entre campesinos de diversos municipios de la región, dirigentes del Congreso, lideres del partido opositor Polo Democrático Alternativo, organizaciones internacionales, delegaciones de EEUU, y del Parlamento Europeo.
Creo que sobre todo hay que poner atención en tres cuestiones: Una, Macarena es una zona campesina en plena selva, que fue bastión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y uno de los cinco municipios que el ex presidente Andrés Pastrana desmilitarizó entre 1999 y 2002 para efectuar negociaciones de paz con los guerrilleros. El diálogo fracasó, pero subsistieron acusaciones de que se cometieron allí muchísimas ejecuciones, torturas y desapariciones y desplazamientos forzosos.
Aseguran sus vecinos que tras quedar sin efecto esa zona de despeje que fuera escenario de dichas pláticas, muchos campesinos, sindicalistas y dirigentes sociales desaparecieron, mientras en el terreno que ocupa el cementerio clandestino, miembros del Ejército amontonaban cadáveres en bolsas negras casi todos los días.
La segunda cuestión que amerita una particular atención es que el complejo de fosas NN –sin nombre— que datan de 2004 a 2010, está anexo a una base militar donde funcionan brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido Fudra, que recibe cooperación estadounidense en el marco del Plan Colombia, el programa que bajo una pretendido lucha contra el narcotráfico, es realmente la fachada que usan los gringos para combatir a las guerrillas a sangre y fuego, a un costo de más de ocho mil millones de dólares. Esa vecindad no es casual, claro que no, como tampoco que sea en La Macarena donde se halla este horror. Porque uno puede concluir que militares y paramilitares se la cobraron con saña contra una población donde nunca pudieron asentarse y en la que más de una vez sus habitantes se enfrentaron a los paramilitares con palos y escopetas, llegando en no pocas ocasiones a capturarlos y entregarlos a la fiscalía para que fuesen procesados y encarcelados.
La tercera cosa es que sobre esos miles de cadáveres pesa la acusación de que eran guerrilleros muertos en combate, pero todo apunta a que verdaderamente se trata de “falsos positivos”, como se conocen a los civiles víctimas de ejecuciones sumarias, que impúdicamente son reportados así, como guerrilleros muertos en combate.
Como bien dice un cable de IPS, los cementerios clandestinos y fosas comunes conocidos hasta ahora en Colombia fueron obra de los paramilitares, que el saliente presidente Álvaro Uribe desmovilizó parcialmente y por cuyas confesiones –a cambio de beneficios jurídicos– la Fiscalía ha podido recuperar 3.299 cuerpos, de los al menos 25.000 desaparecidos, según las más exiguas estimaciones.
El ahora ex-presidente Uribe, el hombre de Washington y el Pentágono en el Palacio de Nariño, el político corrupto con comprobados nexos con los narcos y los paramilitares, entre otros méritos ganados con el sudor de sus aquiescencias al país del Norte , ya está en Gringolandia, fungiendo como vicepresidente de una Comisión Internacional de la ONU que deberá investigar nada menos que el ataque israelí a la flotilla humanitaria que el 31 de mayo iba rumbo a la sitiada Franja de Gaza, una ilegal y brutal acción que dejó nueve muertos, decenas de heridos y torturados y levantó una ola de críticas contra Israel, país curiosamente implicado en más de una tropelía “uribista” y por lo tanto totalmente encantado con ese nombramiento desconcertante, inaudito, que socava aún más el crédito de un organismo ya bastante desprestigiado.
¡En que mundo tan torcido, loco, injusto y desvergonzado nos ha tocado vivir!!!
Antes de poner punto final a esta nota quiero que vean estas cifras, reveladas por Iván Cepeda Castro, representante a la cámara por el Polo Democrático Alternativo y afanoso luchador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado:
En los últimos 20 años, en Colombia han desaparecido cerca de 50 mil personas, más que en Argentina, Chile y otros países que sufrieron cruentas dictaduras militares; el 10 por ciento de la población –¡más de 4 millones de personas!– está desplazado; se han producido más de 150 mil homicidios, 18 pueblos indígenas están a punto del exterminio en procesos que pueden ser catalogados de genocidios, y existe una gran destrucción de las comunidades. Por demás, sindicalistas y defensores de derechos humanos han sido víctimas de crímenes continuos durante estas dos décadas.
En La Macarena están los restos de dos mil de ellos, clamando a gritos su urgencia por ser identificados y porque se les haga justicia. Claro que es como pedirle peras al olmo, pero Juan Manuel Santos, el presidente que acaba de tomar posesión de su cargo en Colombia (y ex ministro de defensa de Uribe y representante de la más rancia oligarquía colombiana y y y…..), podría, si quiere, hacer mucho al respecto. Lamentablemente, su cuna, su historia, sus compromisos, sus propensiones, sus querencias, apuntan que no querrá.









