América despierta

Excelente este análisis del articulista de La Jornada sobre la actualidad latinoamericana a la luz de los últimos acontecimientos.

Raúl Zibechi

Un golpe de Estado es una acción desde arriba para interrumpir un proceso político. No importa quién la realice ni los métodos que utilice. Los golpes al estilo del que derrocó a Salvador Allende cayeron en desuso, por el alto costo internacional que tienen.

El golpe de Estado que apartó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay se inscribe dentro de la nueva modalidad inaugurada con el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras, en junio de 2009, por la Suprema Corte de Justicia. Es un nuevo tipo de golpe que comenzó a implementarse luego del estrepitoso fracaso del golpe al viejo estilo contra Hugo Chávez el 12 de abril de 2002. Cuando los sectores populares aprendieron a desbaratar el golpe clásico, aparece esta nueva modalidad de golpe institucional.

En los últimos 20 años los únicos golpes exitosos al viejo estilo sucedieron en Haití: en 1991 el general Raoul Cedrás derrocó a Jean Bertrand Aristide, y en 2004 sucedió algo similar, pero con la participación de tropas de Canadá, Francia y Estados Unidos. En 13 de los 15 casos en los que un presidente latinoamericano no pudo terminar su mandato fue porque la presión popular forzó la dimisión.

Lo destacable es que el método de la destitución por organismos del Estado es idéntico en los casos en que se hace a favor y en contra de los sectores populares. En Ecuador, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez fueron destituidos por el Congreso en medio de levantamientos populares. Por eso no sirve focalizarse en las formas, sino en los procesos. El nuevo golpismo puede repetirse en cualquier país de la región, ya que las clases dominantes retomaron su ofensiva y se ponen al servicio de un Pentágono deseoso de desestabilizar.

La caída de Lugo, como toda crisis política, desnuda los cambios que se están produciendo en la región desde que Barack Obama definiera la Nueva Estrategia de Defensa.

En primer lugar, la masacre de Curuguaty y el golpe contra Lugo fueron posibles por la alianza entre el agronegocio, los terratenientes propietarios de tierras malhabidas durante la dictadura de Stroessner, las mafias del contrabando y el narcotráfico, con sus ramificaciones en los medios de comunicación, el Estado y las iglesias. La gira regional del secretario del Pentágono, Leon Panetta, en abril pasado, parece haber sido una señal que activó a las derechas (La Jornada, 18/5/12).

El Pentágono tiene una larga experiencia en la aplicación de la “doctrina del shock”, que pasa por la destrucción de naciones enteras para reconstruirlas al servicio del capital y de la potencia hegemónica. La decadencia de Estados Unidos hace que la única estrategia viable sea la dominación sin hegemonía, que sólo necesita la fuerza militar; por eso la nueva estrategia instala la violencia golpista en el centro del escenario político.

En segundo lugar, el modelo económico extractivo, asentado en la minería a cielo abierto, los monocultivos y las megaobras de infraestructura, fortalece a las clases dominantes y al imperio, debilita a los sectores populares, pone en riesgo a los movimientos y las libertades democráticas.

Los gobiernos que han optado por profundizar este modelo se están enajenando el apoyo popular y, a la vez, están dando vida a sus propios sepultureros, como sucedió en Paraguay, donde el crecimiento exponencial de los cultivos de soya no hizo más que fortalecer a los usurpadores de tierras y a los asesinos de campesinos.

En tercer lugar, el movimiento campesino de Paraguay recorrió en medio siglo un camino del que algo podemos aprender para enfrentar el nuevo escenario. En la década de 1960 se crearon las Ligas Agrarias, impulsadas por las comunidades eclesiales, un impresionante movimiento de base que cambió la historia de los de abajo. A mediados de la década de 1970 fueron salvajemente reprimidas por el régimen de Stroessner. En 1980, sobre sus cenizas se crea el Movimiento Campesino Paraguayo. Hasta aquí la trayectoria habitual bajo dictaduras: organización-represión-reagrupamiento

En la década de 1990, en democracia, el movimiento crece y gana visibilidad, pero se fragmenta. Aun así, la lucha por la tierra se intensifica y el movimiento irrumpe en la crisis política de 1999 por el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, creando un hecho político trascendente como el marzo paraguayo, que provocó la primera derrota de los herederos demócratas de la dictadura. El golpista Lino Oviedo huye a Argentina y el vicepresidente Raúl Cubas se asila en Brasil.

En 2002 la unidad de acción de todo el sector campesino-popular en el Congreso Democrático del Pueblo, donde confluyeron 60 organizaciones, impidió la privatización de empresas estatales y frenó la aprobación de una ley antiterrorista. Pese a las divisiones los movimientos fueron capaces de volver ingobernable la democracia de baja intensidad y derrotar el modelo neoliberal.

Ese escenario creado desde abajo tapizó el camino de Lugo a la presidencia en 2008. Los movimientos más importantes –no todos– optaron por crear partidos, o sea institutos del Estado financiados por el presupuesto, según el feliz aserto de Adolfo Gilly (La Jornada, 27/6/12). Se profundizaron la división y la atomización. Después de 2008 una parte de los mejores dirigentes se convirtieron en funcionarios y se instalaron en la capital, convencidos de que es el camino para adquirir más fuerza. Hoy, salvo excepciones, los movimientos sufren su mayor debilidad en décadas.

Medio siglo de movimiento campesino, el principal movimiento antisistémico del Paraguay, muestra que no hay atajos que puedan sustituir el conflicto de clases. Que la presión internacional por sí sola no puede modificar la relación de fuerzas. Que hay varios tipos de derrotas. Que la derrota por represión no es tan destructiva como la institucionalización. Que sólo podemos frenar la ofensiva del capital y del imperio en calles y plazas, y que lo demás es un espejismo, necesario para sobrevivir, dicen algunos, pero espejismo al fin.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/29/index.php?section=opinion&article=021a1pol

Periodista y educador popular, Raúl Zibechi es columnista del periódico mexicano «La Jornada», al tiempo que acompaña a movimientos sociales. «Territorios en Resistencia» y «Política y Miseria» son dos de sus últimos libros

A solo horas de los comicios sobre los que ya se habla de un posible fraude, este es el lúcido análisis de Página 12 sobre AMLO:

El postulante de centroizquierda Manuel López Obrador busca la revancha, después de perder en el 2006. Casi no deja lugar para las medias tintas: o se lo odia o se lo ama; o se le teme como si fuera una amenaza comunista en plena Guerra Fría o se lo invoca como un conjuro contra los males acumulados de 83 años de gobiernos corruptos del PRI y del PAN.

Por Gerardo Albarrán de Alba

El fantasma del fraude electoral cabalga de nuevo. Las encuestas de las cuatro semanas previas al segundo debate, el 10 de junio, reflejaban un marcado ascenso de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y la caída constante de sus dos oponentes. Había que meterle freno. Aparece la guerra sucia contra El Peligro para México (versión 2.0). La República Amorosa como plataforma ideológica cede. El endureció el discurso. De vuelta, todos, en 2006.

El más discutido de todos los candidatos a la Presidencia de la República es López Obrador. Casi no deja lugar para las medias tintas: o se lo odia o se lo ama; o se le teme como si fuera una amenaza comunista en plena Guerra Fría o se lo invoca como un conjuro contra los males acumulados de 83 años de gobiernos corruptos del PRI y del PAN.

¿Por quién van a votar los que no han dicho por quién van a votar? Entre un elevado margen de indecisos, cercano al 20 por ciento, y el voto útil, ahí se va la Presidencia. Y eso lo saben los 202 intelectuales, artistas, científicos, escritores, académicos y periodistas que hicieron un llamado a votar por López Obrador. Según el desplegado que publicaron el pasado miércoles 20 en La Jornada, es una suerte de reedición del 2000, cuando buena parte de la izquierda votó por Vicente Fox para sacar al PRI de Los Pinos. Ahora, la idea es evitar la restauración autoritaria priísta de la mano de Enrique Peña Nieto. El desplome en las encuestas de la panista Josefina Vázquez Mota dio el aliento a este llamado a la ciudadanía, firmado por Juan Villoro, Lorenzo Meyer, Sara Sefchovich, Damián Alcázar, Carlos Martínez Assad, Axel Didriksson y otras 196 personalidades. Será casualidad, pero el mismo día que se publicó la solicitada, López Obrador reunió a diez mil personas en la Macroplaza de Monterrey, corazón del voto de derechas que se han alternado PRI y PAN.

Una semana después, otros 150 intelectuales y artistas también pidieron el voto por López Obrador en una solicitada. Entre los firmantes se destacan los escritores José Emilio Pacheco y Fernando del Paso, así como los actores Damián Bichir y Gael García Bernal. Y de nuevo, López Obrador abarrotó la plaza pública, ahora en el Zócalo de la Ciudad de México, en su cierre de campaña. El cálculo de la asistencia lindó el millón y medio de simpatizantes. López Obrador no se ha mostrado entusiasmado por los llamados al voto útil. “Yo quiero el voto razonado”, ha dicho.

Entre los factores que podrían desmentir a las encuestas que lo ubican en segundo lugar, entre 10 y 18 puntos por debajo del priísta Enrique Peña Nieto, está el voto del norte del país, donde perdió hace seis años. Ahora ha trabajado esa región con particular intensidad. Y el voto de los jóvenes, que ha removido conciencias a partir del surgimiento del movimiento #YoSoy132.

La paradoja del sistema es que quienes tienen en sus manos impedir el regreso del PRI son los nacidos durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el villano favorito de López Obrador, quien ha logrado atraer a las generaciones de relevo priístas y panistas. Así, lo mismo se ha visto al hijo de Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana, y nieto de Carlos Hank González, extinto cabeza del Grupo Atlacomulco, un símbolo del poder priísta (presente en el mitin del 1º de mayo en Tijuana), que al hijo del ex gobernador panista de Nuevo León Fernando Canales Clariond (uno entre tantos que lo vitorearon dos días después en el Tec de Monterrey, una de las universidades privadas más prestigiosas del país).

Pero también debe remar en contra de la imagen que se construyó hace seis años, cuando mandó al diablo a las instituciones, no reconoció el resultado oficial de los comicios, montó un plantón en el Paseo de la Reforma, llamó espurio a Felipe Calderón y se autoerigió como “presidente legitimo”. Eso y más (como la corrupción de algunos de sus colaboradores durante su gestión como jefe de gobierno del DF) le restregaron unos 400 estudiantes en la conservadora Universidad Anáhuac, el 28 de marzo. Ese centro educativo, propiedad de los Legionarios de Cristo, se ríe y burla de López Obrador cuando insiste en que le robaron la Presidencia en 2006.

Las encuestas son fotos movidas de la realidad, instantáneas borrosas que invitan a adivinar el futuro, quiromancia política que a veces no pasa de profecías fallidas. Eso fue 2006 para López Obrador, desde la enorme ventaja con que arrancó su campaña hasta la noche triste del increíble 0,56 por ciento que lo derrotó, haya sido como haya sido. Ahora, desde un lejano tercer lugar, ha debido remontar a contrapelo hasta ponerse a tiro de Peña Nieto. Pronósticos y deseos que no necesariamente coinciden.

Hace seis años, entre sus propios errores de estrategia y la feroz campaña mediática en su contra, su capital político se desvaneció en cuestión de semanas. Sobrevivió el electorado duro, algo así como el 18 por ciento. ¿Cómo recuperar a las clases medias que, de la mano de la televisión, aprendieron a desconfiar de él? La República Amorosa, plataforma electoral de la moral política de López Obrador, es el intento retórico de acercarse de nuevo al cielo a partir de la honestidad, la justicia y el amor. “Honestidad y justicia para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública; y el amor para promover el bien y lograr la felicidad.” López Obrador disputa no sólo los votos, sino las almas, y a ratos la campaña toma el cariz de una cruzada: el centro del problema, dice, es que sin un ideal moral, no se podrá transformar a México.

La violencia que envuelve al país exhibe la gran vulnerabilidad de un régimen agotado y la urgencia de un nuevo pacto social ante la inminencia de una transición abortada. Frente al reto, López Obrador oscila entre las promesas del paraíso en la Tierra (o al menos el purgatorio asistencial, que es mejor que el infierno del sexenio que termina) y la posibilidad de una refundación del Estado. La República Restaurada.

A lo largo de una campaña que ha durado seis años, en la que ha recorrido los 2456 municipios del país, el ex jefe de gobierno capitalino ha construido el Movimiento Regeneración Nacional, la plataforma de siglas guadalupanas (Morena) que impulsó su segunda candidatura presidencial y es al mismo tiempo la estructura antifraude con la que pretende vigilar el ciento por ciento de las casillas electorales este próximo domingo 1º de julio. El gabinete presentado en el segundo debate –plagado de personalidades honorables– es un aval técnico, político y moral al proyecto lopezobradorista.

Las iniciales del candidato son juego de palabras propagandístico: Amlove es un sentimiento proclamado en busca de ciudadanos, patriotas y amantes (románticos de la política, pues) que legitimen la subjetividad. Los trabajadores, los comerciantes, los desempleados, los viejos, los jodidos, los que ya tienen muy poco que perder están ahí, como si en un mitin pudieran romper con el fatalismo que los ha marcado por generaciones. Sin embargo, necesita también a los factores reales de poder que lo validen a los ojos de las elites. Por eso acude a empresarios que quedaron fuera del reparto panista, como Alfonso Romo, el capitán de industria regiomontano que en 2006 creía que el candidato del PRD a la Presidencia de la República “era un resabio de los ’70”, y hoy es la llave de acceso a los dueños del capital, ante quienes dice que el verdadero peligro para México es Enrique Peña Nieto.

López Obrador muestra más alma de prócer que de estadista, es más un caudillo mesiánico que dirigente político, más respuesta a las plegarias que sendero democrático. Así, no hace distingos a la hora de señalar a sus adversarios: “Son lo mismo”, suele repetir cuando se refiere al PRI y al PAN. “Son lo mismo”, parece decir de todo aquél que se le oponga, particularmente la prensa.

Esa dureza y sus incongruencias las plasmó Javier Sicilia en aquel encuentro con los cuatro candidatos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el 28 de mayo. “Para muchos, usted, señor López Obrador, significa la intolerancia, la sordera, la confrontación –en contra de lo que pregona su República Amorosa– con aquellos que no se le parecen o no comparten sus opiniones; significa el resentimiento político, la revancha, sin matices, contra lo que fueron las elecciones del 2006, el mesianismo y la incapacidad autocrítica para señalar y castigar las corrupciones de muchos miembros de su partido que incluso, contra la mejor tradición de la izquierda mexicana, no han dejado de golpear a las comunidades indígenas de Chiapas y de Michoacán o a los estudiantes Guerrero. Significa también la red de componendas locales con dirigentes que años atrás reprimieron a quienes buscaban un camino democrático, el señor Bartlett es sólo la punta del iceberg”, dice Sicilia, en alusión al que fuera secretario de Gobernación en 1988, responsable del alegado fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas y que llevó a la presidencia a Salinas de Gortari.

Por eso no debe sorprender que el movimiento #YoSoy132 catalice el desencanto de los jóvenes universitarios ante un futuro que –a los más– no les ofrece sino la promesa de nada. El grito surge de universidades privadas y encuentra el eco natural en las universidades públicas. Jóvenes que se identifican no en el costo de la matrícula, sino en el repudio a la política y a sus operadores, su rechazo al poder como administrador de la miseria. A su manera, ellos también han mandado al diablo a las instituciones, usurpadas por las televisoras. ¿Por quién irán a votar los que ya no creen en nadie?

Pacto de civilidad

La autoridad electoral se vacunó contra el fraude, a exigencias de la cúpula empresarial del país que no quiere revivir el conflicto poselectoral de 2006. En consecuencia, el jueves por la noche sentó a los cuatro candidatos y los hizo firmar un “pacto de civilidad” mediante el cual se comprometen a respetar el resultado oficial, sea cual fuere, que dará a conocer el propio Instituto Federal Electoral (IFE) mañana por la noche. El documento firmado en las instalaciones del IFE en presencia de los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), parece más una camisa de fuerza contra López Obrador, quien hace seis años mandó al diablo a las instituciones que pergeñaron el alegado fraude electoral. En 2006, el propio CCE financió la guerra sucia en contra de López Obrador; ahora dice que el candidato de las izquierdas “ya no es un peligro para México”. Pero por las dudas, que el izquierdista se comprometa públicamente a no volver a paralizar el corazón financiero de la capital del país.

Por Martín Granovsky

Los miembros plenos del Mercosur redondearon algo que los presidentes de Brasil, la Argentina, Uruguay y Paraguay ya habían resuelto: le pusieron fecha a la incorporación de Venezuela al Mercosur como el quinto miembro del grupo con todos los derechos y obligaciones. Hasta ahora era el Senado paraguayo el que frenaba la integración de Caracas como la única de las ocho cámaras legislativas de los cuatro miembros plenos que ponía bolilla negra a la ratificación del acuerdo firmado por la presidencia.

Sin embargo, la decisión de sumar a Venezuela excede en mucho la crisis paraguaya. Por lo pronto los dos países grandes, Brasil y la Argentina, imaginaron la entrada venezolana cuando aún gobernaban Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor Kirchner.

Se trata de la tercera economía de Sudamérica, cierra un bloque en el extremo sur y el extremo norte del continente, contribuye a la solidez energética en su carácter de miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y no presenta obstáculos comerciales porque no tiene firmado ningún tratado de libre comercio con terceros países como es el caso de Colombia y Perú respecto de, entre otros, los Estados Unidos.

La fecha elegida, 31 de julio, ya en plena presidencia pro tempore de Brasil sobre el Mercosur, tendrá incidencia política. Venezuela adelantó dos meses las elecciones presidenciales programadas inicialmente para diciembre y las celebrará en octubre, es decir a menos de tres meses de su entrada como miembro pleno del Mercosur. Será difícil que la oposición venezolana construya parte de su campaña electoral endilgándole a Hugo Chávez una política de aislamiento internacional. De paso, la cercanía entre el 31 de julio y las elecciones de octubre fortalece políticamente a Chávez. Más aún: por su cáncer, Chávez necesita ejercer demostraciones de poder lo más cerca posible de las elecciones. Y un encuentro internacional en Río de Janeiro con Dilma Rousseff de anfitriona podría funcionar como un modo más de construcción política regional para el actual presidente venezolano. No es que la movida defina las elecciones. Como lo demostró, por si hiciera falta, la crisis paraguaya, las intervenciones políticas externas pueden ser preventivas o disuasivas sólo como añadido de una realidad interna. La que manda es ésta. Acaba de corroborarlo la solución de la sublevación policial boliviana. Evo Morales, con poder político, decisión, apoyo parlamentario y construcción propia pudo encontrarle la vuelta y negociar el fin del conflicto. A Fernando Lugo, en cambio, le resultó imposible frenar el último intento de juicio político y llegó la destitución.

Un papel clave cumplirá Alí Rodríguez, varias veces ministro de Chávez, ex secretario de la OPEP y flamante secretario de la Unión Suramericana de Naciones, donde sucedió a un movedizo mandato de la colombiana María Emma Mejía. Rodríguez dijo que Sudamérica debe unirse en defensa de sus recursos naturales y en busca de mayor desarrollo y niveles más amplios de justicia. Estos días lo asesora en la Unasur el argentino Rafael Follonier, que cumplió las mismas funciones cuando Kirchner medió entre Colombia y Venezuela y evitó una guerra, en 2010, y mantiene su rango de secretario de Estado en la Casa de Gobierno.

Sudamérica, por lo que se ve, aún tiene cartas que jugar en medio del huracán de la economía mundial. Tantas que ni siquiera el desplazamiento ilegal de Lugo y su reemplazo por Federico Franco fueron capaces de arruinar el juego.

Extractado de P/12

El bloque continental condenó la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo. Suspendió a Paraguay hasta tanto no restablezca el orden democrático. También resolvió conformar un grupo de alto nivel para el seguimiento de la situación en Paraguay y se desplazó a ese país de la presidencia pro tempore.

Por Nicolás Lantos

“Nos rige el principio de defensa a ultranza de los procesos democráticos; ése es el único principio que nos guía”, aseguró el canciller argentino Héctor Timerman al informar, a última hora de anoche, acerca de las decisiones tomadas por el bloque continental respecto del estado de las cosas en Paraguay. Siguiendo el rumbo marcado por el Mercosur a la mañana, la Unasur decidió suspender a ese país hasta tanto no se restablezca el orden democrático, condenó fuertemente la interrupción institucional que sufrió Fernando Lugo y decidió conformar un grupo de alto nivel para el seguimiento de la situación paraguaya. “Están preocupados porque no se repita la situación. Es importante dejar testimonio de que esto es favor del pueblo paraguayo y los pueblos de América latina en general”, completó el ministro de Relaciones Exteriores en rueda de prensa.

“No puede desestimarse que en los últimos años hubo golpes e intentos de golpes de Estado” en varios países sudamericanos, agregó Timerman, que dio los ejemplos de “Ecuador, Bolivia, Paraguay y Honduras”. Según informó, durante el plenario se habló de que “existen potencialidades de grupos concentrados de poder” con la intención y capacidad de “interrumpir o condicionar” los procesos democráticos en América del Sur, por lo que la decisión de los jefes de Estado es contrarrestar a esos poderes fácticos con “unidad regional”.

La decisión de suspender a Paraguay se tomó “en base a los informes de once de los doce cancilleres” de la región que acudieron a Asunción para negociar una salida antes de que se concretara el juicio político contra Fernando Lugo (el único ausente en aquella ocasión fue el representante de Guyana), y que coincidieron en caracterizar el proceso como “interrupción del orden democrático”.

Ayer, para ratificar el diagnóstico y actuar en consecuencia, estaban presentes los mandatarios de casi toda la región: además de la local Cristina Fernández de Kirchner y sus socios en Mercosur, Dilma Rousseff (Brasil), José Mujica (Uruguay), Sebastián Piñera (Chile) y Evo Morales (Bolivia), se hicieron presentes Rafael Correa (Ecuador), Ollanta Humala (Perú) y Desiré Bouterse (Surinam).

Las excepciones fueron el venezolano Hugo Chávez, que canceló su viaje a Mendoza a último momento; el colombiano Juan Manuel Santos y el presidente de Guyana, Donald Ramotar. Ellos tres estuvieron representados por sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, Angela Holguín y Carolin RodriguesBirkett.

Según pudo reconstruir Página/12, a pesar de que el resultado de la matutina reunión de Mercosur trazó el camino a seguir por la Unasur, hubo discusiones sobre la magnitud de las medidas a adoptar para sancionar al gobierno golpista paraguayo. Los países del ALBA fueron los que buscaban penas más duras, mientras que Chile fue quien llevó la batuta conciliadora.

Por otra parte, se decidió en consecuencia concluir con la presidencia pro témpore que ejercía Paraguay en la Unasur y transferírsela a Perú, al que de todas formas le correspondía asumirla el mes próximo (la sucesión se hace en orden alfabético por períodos de un año).

Fuente: Página/12

El MERCOSUR, Mercado Común del Sur, suspendió a Paraguay como miembro pleno e incorporó a Venezuela. Los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay decidieron, tras un largo debate, que Paraguay sea apartado del mercado común hasta que normalice su situación institucional. Acordaron no aplicar sanciones económicas. La Unasur hizo propia la decisión.

Por Nicolás Lantos

Paraguay permanecerá suspendido hasta que “se verifique el pleno reestablecimiento del orden democrático”, pero no recibirá sanciones económicas, al tiempo que Venezuela se incorporará el mes que viene al Mercosur: como había anticipado Página/12, ésas fueron las principales medidas adoptadas por el bloque regional en el marco de la XLIII Cumbre de Jefes de Estado que se llevó a cabo en Mendoza. Ambos tópicos se saldaron tras un fuerte debate entre Argentina, Brasil y Uruguay, cuyas posiciones sobre ambos temas “diferían en algunos aspectos instrumentales”, y que demoraron algunas horas el cronograma previsto, pero finalmente hubo coincidencia en esos puntos y una absoluta ratificación de las cláusulas democráticas adoptadas por el bloque, luego de que fueran puestas a prueba por primera vez. Según confirmaron a este diario fuentes diplomáticas, se trató de “una de las cumbres más difíciles” en los más de veinte años de vida de este organismo supranacional, pero “haber terminado la jornada con una decisión consensuada fortalece a todos los países miembro”. Además, se consiguieron acuerdos en materia de comercio intrarregional, un nuevo apoyo al reclamo argentino por la soberanía del Atlántico Sur y disposiciones acerca de trabajo infantil, entre otros temas. Por la tarde, los jefes de Estado de la Unasur, reunida de forma extraordinaria para tratar el tema Paraguay, se plegaron a la decisión tomada por Argentina, Brasil y Uruguay y también decidieron castigar a Asunción apartando al régimen de Federico Franco del bloque.

“El Mercosur resolvió la suspensión temporal de Paraguay hasta tanto se lleve a cabo el proceso democrático que nuevamente instale en ese país la soberanía popular, en elecciones libres y democráticas, y elijan nuevo presidente. Y que no se aplicarán sanciones económicas”, informó Cristina Fernández de Kirchner pasado el mediodía, cuando comenzó finalmente el plenario de la Cumbre. Atrás quedaban varias horas de debate tripartito entre CFK y sus pares Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay). Fue posible encontrar un consenso alrededor de una serie de puntos: la necesidad de sancionar a Paraguay de acuerdo con lo establecido por la cláusula democrática del bloque, como único reaseguro de que estas situaciones no se vuelvan más graves y más frecuentes; la importancia de que las sanciones no atenten contra la más pronta recuperación de la democracia paraguaya y el imperativo de evitar que las penas impuestas terminen afectando al pueblo antes que a la dirigencia de ese país. En ese marco, en el documento final se aprobó un crédito millonario para obras de infraestructura en Paraguay.

Las principales diferencias habían surgido alrededor de la posición acerca de los representantes paraguayos en el Parlamento del Mercosur: sucede que allí son elegidos por voto popular (a diferencia de los otros países que todavía no establecieron ese mecanismo) y la postura uruguaya era la de respetar ese mandato, pero finalmente primó la decisión de apartarlos, ya que, al perder su status el país por causa de la suspensión, también quedan suspendidos todos sus delegados. Este lunes estaba prevista una sesión del ParlaSur que fue levantada a la luz de los acontecimientos. De todas formas, los diputados paraguayos anticiparon que concurrirían igual a Montevideo, por lo que se llevará a cabo una reunión informal de ese órgano, incluyendo a los miembros suspendidos.

“La suspensión apareja la limitación en la participación de los órganos y la pérdida de los derechos de voto y veto y del derecho a participar en los órganos del Mercosur en los términos del artículo IV del Protocolo de Ushuaia. La suspensión no debe producir perjuicio alguno al pueblo paraguayo”, según informó el canciller argentino Héctor Timerman, por lo que, desde el momento en que entró en efecto esta sentencia, quedó allanado el camino para que Venezuela se sume al Mercosur, ya que ese trámite había sido aprobado por los demás socios y sólo restaba el OK del Senado paraguayo. De todas formas, Timerman despejó dudas sobre la relación entre ambas decisiones. “No están relacionadas, los cancilleres (de la Unasur) hicimos todo lo posible por evitar” el golpe de Estado, aclaró.

El ingreso de Venezuela al Mercosur también generó rispideces y otra vez fue Uruguay el que presentó los mayores reparos a acelerar los tiempos para que Caracas se sume al bloque, pero terminó nuevamente imponiéndose el interés de Argentina y de Brasil, para quienes la presencia venezolana podría ayudar a paliar los efectos de la crisis económica para todos los países miembro (por tratarse de un importador neto, tanto de alimentos como de productos industriales). Finalmente, dentro de un mes, el 31 de julio, los mandatarios del bloque se darán cita en Río de Janeiro para formalizar la unión. Los países miembros asociados del Mercosur terminaron por plegarse a las decisiones tomadas por la troika. “La idea del Mercosur es integrar a todos los países de América del Sur”, le dijo el canciller Timerman a Página/12. “El bloque está en condiciones de expandirse y también establecer acuerdos. Este es un gran momento para el Mercosur”, agregó el diplomático ante la consulta de este diario.

Sobre el cierre de la reunión y con un típico golpe de martillo, CFK pasó la presidencia pro tempore del bloque a manos de Rou-sseff, quien la ejercerá por los próximos doce meses. “Tenemos que profundizar nuestro modelo de crecimiento, que es la redistribución del ingreso y la inclusión social”, sostuvo la brasileña y agregó que el deber de la región es “impulsar este mercado común construido a lo largo de décadas de esfuerzo”. “Estamos aquí para asegurar que nuestro patrimonio de integración sea cada vez más fortalecido”, subrayó, antes de pedir que se continúe con un proceso “que elimine las asimetrías y que garantice un mayor crecimiento en nuestras economías”.

Rechazo a un bloqueo

En su discurso de apertura del plenario, la Presidenta del país anfitrión, Cristina Fernández, descartó sanciones económicas a Paraguay y destacó que ese tipo de castigos “siempre lo pagan los pueblos”. También llamó a “afianzar la unidad regional”.

Por Nicolás Lantos

“La legalidad y la legitimidad en América del Sur están indisolublemente unidas a la estabilidad que la región necesita para poder seguir creciendo en paz y sobre todo en un momento muy complejo a nivel internacional”, sostuvo Cristina Fernández de Kirchner durante la apertura del plenario de presidentes del Mercosur y países asociados, ayer en Mendoza. En un clima de tensión por algunas divergencias en el seno del bloque respecto de los caminos a seguir frente al golpe de Estado en Paraguay, la Presidenta argentina hizo énfasis en su discurso alrededor de la importancia de garantizar los procesos democráticos en toda la región, manifestando “la necesidad de la unidad regional, de la mancomunión regional, para seguir siendo precisamente un lugar donde el crecimiento y la inclusión social sigan siendo los grandes protagonistas”.

Durante su intervención, la mandataria recordó que “muchísimos hermanos de la República del Paraguay viven y trabajan en la Argentina desde hace años” y se refirió en términos muy duros respecto de lo acontecido la semana pasada en Asunción, pero destacó varias veces su oposición a la alternativa de aplicar sobre Paraguay sanciones de índole económica debido a que los efectos de este tipo de penas recaen sobre la población y no sobre quienes ejercen el poder de forma ilegítima. “Tenemos muy en claro que todos los pueblos de la América del Sur, todos los pueblos de la Celac hemos condenado abiertamente siempre prácticas que otros países tienen con hermanos países en cuanto a bloqueos, en cuanto a sanciones económicas”, aseguró, en clara referencia a la situación de Cuba.

“No creemos en las sanciones económicas, porque las sanciones económicas nunca las pagan los gobiernos; las sanciones económicas siempre las pagan los pueblos, y si hay algo que creo carne viva en cada uno de los miembros que hoy estamos sentados aquí es que precisamente ninguno de nuestros pueblos pueda sufrir por las decisiones que pueda tomar un sector de su dirigencia política”, marcó la cancha CFK haciendo valer su rol de anfitriona para influir en la decisión que se tomó finalmente respecto de la situación paraguaya, luego de varias horas de negociación a tres bandas con el uruguayo José Mujica y la brasileña Dilma Rousseff: “Quiero dejar aclarado en nombre de la República Argentina que de ningún modo propiciaremos ni aceptaremos sanciones económicas al hermano pueblo de la República del Paraguay”, se plantó.

Concluido el encuentro del Mercosur, la Presidenta le dio un tono más optimista al balance de la reunión: “América del Sur es un continente que no tiene techo y vamos a ser un instrumento que ayude a la economía global. Lo que todos tenemos que entender también es que nadie se va a salvar individualmente.”

“Un día histórico”

Hugo Chávez afirmó ayer que “es un día histórico y hay que celebrarlo como un día para la historia de la integración y de la ética”, en referencia al ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, que se formalizará el 31 de julio en Río de Janeiro. “Es un ejemplo de política y ética para los enclaves autoritarios que aún quedan en América latina, herederos de las dictaduras de las extremas derechas”, sostuvo el presidente de Venezuela sobre la decisión adoptada en la Cumbre del Mercosur en Mendoza, donde se anunció oficialmente “la suspensión de Paraguay hasta que realice elecciones libres”, la conformación de una comisión conjunta con la Unasur para seguir el caso y la incorporación oficial de Venezuela al bloque regional. Según Chávez, “esta decisión es una derrota para el imperialismo norteamericano y las burguesías lacayas de la región, entre ellas las de Venezuela y de Paraguay”. Destacó la importancia económica de ampliar la integración regional, al resaltar que “el bloque tendrá una de las mayores reservas de gas, petróleo y agua de todo el continente”.

“Un momento muy importante”

Al asumir la presidencia pro témpore del Mercosur, la jefa de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, celebró ayer la inclusión de Venezuela en el bloque e invitó a la integración de más países “a una de las regiones que es aún una de las menos afectadas por la crisis” económica internacional. “Tenemos que reconocer que éste es un momento muy importante para nuestra región, ya que todos los análisis demuestran que aún somos una de las regiones menos afectadas por la crisis”, sostuvo la mandataria brasileña, que recibió el liderazgo del Mercosur de manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rousseff marcó su posición respecto de la destitución del ex presidente Fernando Lugo en Paraguay, al defender la democracia y recordar que Brasil “es una región pacífica que hace 140 años vive sin guerras ni problemas de etnias ni persecución”. Asimismo, sostuvo que “hay que ser conscientes de que en este proceso tenemos desafíos y oportunidades” y que “debemos integrarnos cada vez más para generar innovación, ampliar nuestros mercados y asegurar crecimiento”. Al igual que su par argentina, la mandataria brasileña recordó la tarea de su antecesor Lula da Silva y del ex presidente Néstor Kirchner en la consolidación de la unidad regional.

Extractado de Página/12

La pobreza, que se agudizó en los últimos dos años en México, despunta como uno de los retos mayores para el gobierno que surja de las elecciones generales de este domingo 1 de julio, coinciden expertos.

Por Emilio Godoy

Mediciones del estatal Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que 52 millones de los 112 millones de mexicanos viven en la pobreza, y 25 por ciento están en la indigencia.

“Será muy importante apoyar más el desarrollo social que la seguridad, aunque también es un tema fundamental. Lo ideal es que la población pueda superar la pobreza por medio de ingresos propios y no por subsidios”, dijo a IPS la coordinadora del Observatorio Nacional de Política Social y Derechos Humanos, Ximena Maroto.

Este hace seguimiento y control ciudadano de la política social en salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda, programas de combate a la pobreza y políticas sociales para la equidad y familias.

El gobierno del conservador Felipe Calderón destinó el año pasado unos 21.391 millones de dólares a programas de superación de la pobreza, que ha aumentado debido a la crisis económica que se incubó en Estados Unidos en 2008 y contagió especialmente al resto del mundo industrializado.

El buque insignia de la actual administración es el Programa Oportunidades, que comenzó como Progresa a fines de los años 90 y que adoptó su formato actual en 2002. Cubre a 21 millones de personas, con presencia en unos 1.200 municipios y un presupuesto que este año llega a casi 5.000 millones de dólares.

Estas transferencias, cuyo modelo ha sido sugerido a otras naciones, están condicionadas a que niños, niñas y jóvenes permanezcan en la escuela y asistan a centros de salud en las zonas más pobres del país.

“Oportunidades es un buen programa. Pero no podemos esperar que un plan solo resuelva el problema de la pobreza. Necesitamos crecimiento económico y una mejor educación”, planteó a IPS el director general del no gubernamental Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), Juan E. Pardinas.

La ciudadanía mexicana está convocada a concurrir a las urnas el próximo domingo 1 de julio para elegir 500 diputados, 128 senadores y al presidente del país para un mandato de seis años. Además, habrá comicios en 15 estados, y en siete de ellos también serán para gobernadores.

Enrique Peña, de la alianza Compromiso por México, formada por los opositores partidos Revolucionario Institucional y Verde, encabeza las encuestas de intención de votos.

A Peña le sigue en los sondeos el izquierdista Andrés López Obrador, de la coalición Movimiento Progresista, compuesta por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo y por el Movimiento Ciudadano, y Josefina Vázquez, del gobernante Partido Acción Nacional.

Los tres principales candidatos destacaron en su campaña electoral el combate a la pobreza, vinculándolo con el crecimiento económico y la generación de empleo. Expertos han estimado que la concreción de esas ofertas requeriría entre cuatro y seis por ciento del producto interno bruto (PIB).

La economía mexicana creció 3,9 por ciento en 2011, mientras que para este año las proyecciones del autónomo Banco de México (central) ubican ese indicador entre 3,25 y 4,25 por ciento y las del Fondo Monetario Internacional en 3,6 por ciento.

En su informe de 2011 “Perspectivas OCDE: México, reformas para el cambio”, este bloque en cuyo seno están las naciones más ricas del planeta resaltó que el gasto social no se reparte entre la población más necesitada.

El reporte da cuenta de que el 20 por ciento de los más pobres en México capta 10 por ciento de las transferencias orientadas a la reducción de la pobreza.

Desde 2009, la pobreza descendió 3,5 por ciento en Perú, tres por ciento en Ecuador y 2,7 por ciento en Argentina, pero creció 1,7 en Honduras y 1,5 en México, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

“Se invierte en programas sin diagnósticos serios. El gasto social es importante, pero solo se aplican medidas paliativas”, analizó Maroto.

Un factor determinante que no siempre está presente es la evaluación de los programas en su diseño y funcionamiento. En ese aspecto, el Coneval identificó 273 iniciativas de alcance nacional, superpuestas en varios casos y no del todo transparentes.

“Es necesario evaluar la política pública y los programas para ver cómo funcionan y eventualmente mejorarlos. No es solo una cuestión de más presupuesto, sino también un mejor gasto”, formuló Pardinas.

La OCDE y el Banco Mundial ya alertaron de que la agudización de la crisis económico-financiera global podría empeorar las condiciones de pobreza en naciones como México.

Maroto enfatizó en la dimensión laboral dentro de la definición de programas sociales. “¿Qué pasa cuando los jóvenes acaban la escuela y se encuentran con la falta de empleo?”, cuestionó.

Este año se crearán en México más de 600.000 puestos de trabajo, pero lejanos del millón de plazas requeridas para atender un creciente mercado laboral. Si bien el desempleo es bajo, al rondar cinco por ciento de la población económicamente activa, hay 14 millones de personas que trabajan en la economía informal.

El Observatorio del Salario de la jesuita Universidad Iberoamericana, en el sureño estado de Puebla, estimó que los salarios cayeron 32 por ciento en promedio desde 2006 y que el poder adquisitivo de los mexicanos se redujo 4,2 por ciento, con un mayor impacto sobre los segmentos más pobres.

Fuente: IPS

Pese a los 50 mil muertos en el último sexenio, ninguno de los candidatos que mañana domingo se disputarán la presidencia del país abordó de frente durante la campaña un tema que, junto a la falta de trabajo, aparece como una de las grandes preocupaciones de los electores. En las páginas siguientes, el sociólogo Emilio Álvarez Icaza explica la guerra antinarco

Por Eduardo Febbro

El Partido Acción Nacional (PAN) que gobernó México en los últimos doce años deja el poder con un legado de violencia jamás alcanzado en la historia de este país: 50.000 muertos en seis años, más de 5000 desaparecidos, 8000 cuerpos sin identificación y un tendal de tragedias cuyas imágenes figuran entre las más cruentas de los conflictos armados: decapitaciones, camiones repletos de cadáveres, bolsas de plástico con cuerpos despedazados y un puñado de nombres que se instalaron como territorios de guerra y en los cuales los carteles de la droga son amos y señores de la vida y de la muerte: Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Michoacán, Sinaloa.

En la cuenta también caben los nombres de quienes dirigen los carteles, hoy tan famosos como las estrellas de cine o televisión. La Procuraduría General de la República (PGR) estableció que en México hay un total de siete carteles operando en el país y que dos de ellos, los más poderosos, controlan el de Joaquim Guzmán, alias el Chapo, jefe del Cartel de Sinaloa, y el de Osiel Cárdenas, jefe del Cartel del Golfo, bajo cuyo mando opera la red de sicarios denominada Los Zetas. Pero por más cruentas que sean las cifras de muertos, decapitados, descuartizados o de personas que aparecen colgadas de los puentes, el tema de la narcoviolencia ha estado ausente de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de este domingo.

Ni Enrique Peña Nieto, candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional), ni la candidata del gobernante PAN, Josefina Vázquez Mota, ni el representante de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador (PRD, Partido de la Revolución Democrática) abordaron de frente un tema que, junto a la falta de trabajo, aparece como una de las grandes preocupaciones de los electores. En su conjunto, los tres candidatos prometieron lo mismo que Felipe Calderón: más trabajo de inteligencia, policías confiables y el compromiso de que los militares que Calderón sacó sin éxito para combatir a los narcos regresen a los cuarteles. Andrés Manuel López Obrador fijó un calendario de seis meses para el retiro de los militares, mientras que Peña anunció la creación de un cuerpo de gendarmería de 40.000 efectivos y contratar como asesor al general Oscar Naranjo, el hombre que capturó al narcotraficante Pablo Escobar.

La campaña estableció un cordón sanitario de silencio en torno de lo que es un drama de una profundidad desoladora. En esta entrevista con Página/12, el sociólogo Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actual integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia, pone de relieve los mecanismos de esa violencia, la impunidad de sus actores y la responsabilidad de Estados Unidos.

–¿Cuál es la combinación de factores que explican que se haya llegado a tales niveles de violencia?

–En el mapa geopolítico internacional los carteles mexicanos empiezan a competir con el liderazgo colombiano en materia de drogas. Parte de la droga que iba a Estados Unidos se empieza a quedar en México y también esa droga se produce aquí. México pasa entonces de ser un país de tránsito a convertirse en un productor y en un consumidor. Este cambio generó una pelea por los mercados y una disputa territorial. Ello llevó a los carteles a negociar con los gobernadores y a penetrar los organismos de seguridad para garantizar la cobertura. Pero el fenómeno se fue multiplicando y la delincuencia extendió su labor del tráfico de drogas al tráfico de personas, al tráfico de armas. La delincuencia constató que estaba bajo un manto de impunidad y decidió multiplicar su acción con otro fenómeno, es decir, el secuestro, la extorsión y el delito. Este negocio del delito y de la muerte se extendió incluso a los migrantes, víctimas también del secuestro y la extorsión. En resumen, el fenómeno de la delincuencia en México se explica por el debilitamiento de las estructuras del poder, por una condición estructural de corrupción e impunidad, por la penetración de las instituciones de seguridad y justicia por parte de la delincuencia. Este cóctel nos tiene sumidos en una espiral de violencia atroz que, por un lado, recuerda al fenómeno colombiano, y, por el otro, pone de manifiesto un accionar del Estado que rivaliza con la violencia estatal de las dictaduras del Cono Sur. En América del Sur, la violencia tuvo como argumento la guerra contra el comunismo, aquí es la guerra contra el narcotráfico. Bajo este argumento cabe todo. La tragedia humana es extraordinaria. Por esa razón, nosotros, desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hemos hablado de que se enfrenta en México una emergencia nacional.

–En estos doce años de cambios en los cuales el PRI perdió su hegemonía, no se produjo la transformación más esperada: es decir, que la llamada transición diera lugar a otro tipo de Estado, menos autoritario.

–Esto se explica por los fenómenos de corrupción e impunidad. Venimos de un Estado profundamente autoritario y de estructuras que no se transformaron. Durante la transición democrática no se logró hacer que las instituciones de seguridad sean instituciones de la democracia. Nuestras instituciones de prevención de delito, procuración y administración de Justicia tienen la lógica del viejo régimen. La transición democrática no alcanzó a reestructurar esas instituciones. Todo se convirtió entonces en un contexto de extraordinario riesgo.

–¿Qué margen le queda al poder que surja de las urnas para, al menos, intentar cambiar esta situación?

–El gran desafío tiene que ver con el hecho de que no hay una política de Estado en materia de seguridad. El presidente Calderón decidió lanzar el ejército a la calle casi en una decisión unipersonal, ni siquiera en una política de gobierno y menos aún en una política de Estado. Hay una crítica estructural a la política del gobierno y ahora que se perfila el cambio se da la discusión sobre cuáles deben ser las acciones estructurales para enfrentar este fenómeno.

–Sin embargo, los grados de violencia que se dan no son única y exclusivamente un problema mexicano. Estados Unidos tiene una aplastante responsabilidad.

–Desde luego. Este problema no se entiende sin la omisión, complicidad y participación de Estados Unidos. Se dan fenómenos inverosímiles. Estados Unidos tiene capacidad para detectar en sus fronteras el paso de los miles de centroamericanos y mexicanos, pero no tienen capacidad para encontrar los aviones, los camiones y los trenes que pasan llenos de droga, llenos de armas, llenos de municiones y de dinero en efectivo. Lo que se observa entonces es una doble moral. En Estados Unidos esto es un tema de salud pública, mientras que en América latina es un tema de seguridad pública. Ellos ponen los dólares y nosotros la sangre. Por otra parte, hay una lógica geopolítica muy perversa para nosotros en la cual el trabajo sucio lo hace América latina. La columna vertebral de esto es lo económico, pero ese tema nunca se toca. Nunca se detectan las grandes cantidades de dinero que circulan en el sistema financiero. Esto se agudiza más cuando desde Estados Unidos se realizan acciones para infiltrar el narcotráfico a través de dinero y de armas. Es como si el gobierno mexicano vendiera droga para ver cómo se mueren los jóvenes de Estados Unidos.

Tomado de Página/12

Roberto Regalado. Doctor en Ciencias Filosóficas, profesor del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana y coordinador de varias colecciones de la editorial Ocean Sur.

Si el golpe de Estado militar contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, en junio de 2009, fue una acción contra el «eslabón más débil» de la cadena de los gobiernos latinoamericanos de izquierda y progresistas, el reciente golpe de Estado legislativo contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay, es una acción contra el segundo «eslabón más débil» de la misma cadena. En el primer caso, la OEA, a través de la «mediación» de Oscar Arias, le permitió ganar tiempo a los golpistas para que consumaran el hecho. En el caso que hoy nos compete, hay que evitar que eso se repita.

El imperialismo norteamericano estrenó un nuevo sistema de dominación continental a raíz del derrumbe del bloque europeo oriental de posguerra, cuando suponía que las fuerzas populares latinoamericanas habían sido históricamente derrotadas. En esas condiciones, impuso una reforma del Sistema Interamericano, basada en la implantación de la democracia neoliberal como forma de gobierno, en el intento de construir un Área de Libre Comercio de las Américas y en el aumento de su presencia militar directa en la región.

En parte por prepotencia, pero también por ignorancia, el imperialismo asumió que podía implantar un esquema único de alternancia democrático burguesa, en el que los políticos neoliberales de distinta filiación partidista se sucedieran en el gobierno, en la medida que el agravamiento de la situación socioeconómica desencadenase el voto de castigo contra uno u otro de ellos. Fue incapaz de prever que el voto de castigo llegaría a ser contra la democracia neoliberal como sistema, no solo contra una u otra de las personas y fuerzas políticas que participan en él. Tampoco logró anticipar que los pueblos ejercerían su derecho al voto para elegir gobiernos de izquierda y progresistas de diversa composición y modulación. Por ello forzó la aprobación de la llamada clausula democrática, no solo en la OEA, sino en todos los mecanismos regionales y subregionales del continente. Esa clausula, destinada a condenar y sancionar toda interrupción al orden constitucional, se le convierte ahora en un obstáculo para derrocar a los gobiernos que no son de su agrado.

Al imperialismo norteamericano le sucedió como a quien compra un auto sin garantía, pensando que le durará a perpetuidad, pero pronto se da cuenta de que no sirve. Sus opciones son comprarse otro auto, hacerle al auto inservible una reparación de gran envergadura o llevarlo al mecánico de la esquina para que se lo «remiende» como pueda. Revisemos las opciones:

• «Comprarse otro auto» sería implantar otro sistema de dominación continental, tal como hizo la administración de George H. Bush entre 1989 y 1993. Esto es impensable tanto por el agravamiento de sus contradicciones con América Latina y el Caribe, como por las divergencias existentes en las clases dominantes de su propio país, que le impiden sustituir las políticas obsoletas que viene arrastrando desde hace años, no solo hacia el resto del continente sino en casi todos los temas de política interna y política exterior.
• «Una reparación de gran envergadura» implicaría adoptar una posición constructiva ante los temas de la denominada agenda interamericana: respeto a la soberanía, la autodeterminación y la independencia de los pueblos; eliminar el bloqueo a Cuba; reconocer el derecho a la independencia del pueblo puertorriqueño; dar una solución integral y justa a los problemas de la migración que va en busca de los capitales y empleos succionados de la región; combatir el consumo de drogas en su propio país, como elemento indispensable para dar una solución efectiva al flagelo del narcotráfico; combatir el tráfico de armas estadounidenses que abastece al crimen organizado, en especial, en México; prescindir de su política económica y comercial unilateralista; y otros. Todo eso es impensable. ¿Qué pasó con el «new begining» anunciado por Obama en la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago? ¿Qué le pasó a Obama en la Cumbre de las Américas de Cartagena con los temas de Cuba, las Malvinas y otros?
• «El remiendo del mecánico de la esquina» es tratar de restablecer la democracia neoliberal, caso por caso, por cualesquiera medios y métodos, en los países de América Latina y el Caribe gobernados por fuerzas de izquierda y progresistas. Aunque los gobiernos progresistas no han roto con el neoliberalismo, sino solo lo han atenuado, incluso en esos países el imperialismo y la derecha local aspiran a volver a los «buenos tiempos» de la «ortodoxia»: los de Menem, Salinas, Carlos Andrés, Fujimori, Sanguinetti y otros.

El imperialismo norteamericano y la derecha latinoamericana han intentado «el remiendo del mecánico» en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras y Paraguay. Ya «remendaron» la democracia neoliberal en Honduras, en este momento «están tratando de remendarla» en Paraguay –es decir, en los dos «eslabones más débiles» de la cadena–, y siguen intentando hacerlo en Venezuela, Bolivia y Ecuador, y también en Brasil, Uruguay, Argentina y otros países. En todos ellos buscan encontrar un tercer, un cuarto, un quinto eslabón débil, y así sucesivamente, hasta «remendar» a todo el continente con el esquema de democracia neoliberal que ya demostró ser estructuralmente insostenible.

• ¿Por qué era Honduras el «eslabón más débil» de la cadena? Porque el giro progresista del presidente Zelaya fue un acontecimiento sorpresivo; porque ese giro incluyó una política social que despertó la ira de los poderes fácticos que siguieron intactos; y porque no se fraguó una interacción orgánica y constructiva entre su gobierno y el conjunto de las fuerzas populares hondureñas. El imperialismo norteamericano y la oligarquía hondureña se unieron contra Zelaya, antes que Zelaya y los sectores populares se unieran entre sí.
• ¿Por qué se convirtió Paraguay en el segundo «eslabón más débil» de la cadena? Porque para alcanzar el titánico éxito de haber puesto fin al monopolio del poder político ejercido por el Partido Colorado, Fernando Lugo se vio en la necesidad de asimilar en su coalición electoral a la otra fuerza tradicional de la derecha paraguaya, el Partido Liberal Radical Auténtico, que boicoteó su gestión desde la legislatura y desde su propio gabinete; porque las fuerzas populares paraguayas apoyaron a Lugo en bloque, pero fueron divididas a las elecciones legislativas y municipales, lo que redujo su representación institucional a la mínima expresión; y porque esos factores crearon una situación ambivalente.

Con respecto a la ambivalencia del gobierno de Lugo, un líder de la izquierda paraguaya citaba las palabras de un dirigente social en una asamblea: « nosotros, los dirigentes sociales, a esta altura no sabemos si somos oficialistas u opositores; antes éramos opositores y construimos nuestra fuerza social y política; ahora, nuestra gente cree que somos del gobierno, nos piden cosas y los ministros desconocen nuestra reivindicaciones »¹. La historia se repite: el imperialismo norteamericano y la oligarquía paraguaya se unieron contra Lugo, antes que Lugo y los sectores populares se unieran entre sí.

Ahora bien, ¿qué cabe esperar ahora del imperialismo norteamericano y la derecha paraguaya?

Cabe esperar que Federico Franco, igual que hizo Roberto Micheletti, trate a toda costa de mantenerse en el gobierno hasta los próximos comicios presidenciales. La elección de quienquiera que triunfe será espuria, igual que lo fue la de Porfirio Lobo en Honduras, pero el mandato constitucional de Lugo habrá expirado, como ocurrió con el de Zelaya.

La apuesta del imperialismo y la derecha local es que, una vez creada una situación de facto, irreversible, el candidato presidencial triunfante, Colorado o Liberal, termine siendo reconocido, aceptado o tolerado, aunque sea a regañadientes, tanto dentro del país como fuera de él. ¿No es eso lo que ocurrió, al menos parcialmente, con Porfirio Lobo? Así se habrá «restablecido la democracia», entiéndase, la democracia neoliberal, y quedará sentado un segundo precedente de que se puede derrocar a los gobiernos progresistas y de izquierda. Así se abre el camino para seguir golpeando, uno a uno, a los próximos gobiernos que resulten ser el «eslabón más débil» de la cadena.

¿Por qué derrocar a los presidentes Zelaya y Lugo, cuando entran en la recta final de sus mandatos constitucionales, en países donde no existe la reelección y donde no había otras figuras presidenciables con perfiles políticos similares a los de ellos? De las fuerzas de derecha hondureñas y paraguayas no esperemos razonamientos sofisticados: son primitivas. Para ellas, el poder siempre ha sido y siempre será suyo: ¡basta ya de tolerancia con estos «izquierdistas»! Para el imperialismo, los móviles son más estratégicos: tiene mucho más valor político sentar todos los precedentes posibles de que los gobiernos de izquierda y progresistas son «derrocables», a seguir obstruyendo su gestión hasta que expiren sus respectivos períodos. Los derrocamientos de Zelaya y Lugo son precedentes para el derrocamiento de otros presidentes, que sí pueden ir a reelección o sí cuentan con un relevo seguro.

Evitar a toda costa la interferencia de la OEA

Honduras está ubicada en Centroamérica y el golpe contra el presidente Zelaya ocurrió cuando no existía la CELAC. Eso hizo que la «negociación» para «restablecer la democracia» fuese competencia de la OEA. Debido a que la correlación de fuerzas dentro de esa organización era favorable a la restitución de Zelaya, la malévola política imperialista y la ingenuidad del derrocado mandatario, llevaron a «secuestrar» el debate y a que fuera designado como «mediador» el entonces presidente costarricense Oscar Arias, quien dos décadas antes había recibido un Premio Nobel por descarrilar el proceso de paz en Centroamérica que auspiciaba el Grupo de Contadora.

A diferencia de Honduras, Paraguay está ubicado en el corazón de América del Sur, y está sujeto a los compromisos adquiridos como Estado ante MERCOSUR, UNASUR y CELAC. En particular, está obligado a cumplir la clausula democrática que el imperialismo norteamericano impuso como instrumento de su política injerencista, y que hoy, en circunstancias como ésta, se vuelven contra él.

No hay siquiera que imaginar la posibilidad de que la OEA sea el foro regional para debatir y adoptar medidas respecto a lo ocurrido en Paraguay, una OEA incluso más desprestigiada e inoperante que la de 2009. MERCOSUR, UNASUR y CELAC, esos tres anillos de concertación política, dos de ellos sudamericanos, y uno latinoamericano y caribeño, son más que suficientes.

A la OEA nada hay que ir a hacer, pero, en todo caso, si alguien, con mala o buena voluntad, cita a una reunión del Consejo Permanente sobre el tema, lo que le compete a los miembros de MERCOSUR y UNASUR es informar allí las sanciones, irrevocables, adoptadas contra el gobierno usurpador.

¡Ni pensar en convocar a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, porque para ello el imperialismo necesitaría dos tercios de los votos, una cifra inalcanzable si la concertación política funciona bien en la UNASUR y la CELAC!

¿Qué esperamos del presidente Lugo?

Que no cometa el mismo error que Zelaya, que no confíe, en lo más mínimo, en el discurso de la supuesta defensa de la democracia del imperialismo, ni de la OEA como institución. La «democracia» del imperialismo y de la OEA no lo incluye a él, como no incluía a Zelaya.

¿Qué esperamos de las fuerzas populares paraguayas?

Que lo ocurrido sea un poderoso incentivo para forjar la unidad que no lograron en el momento de la elección del presidente Lugo, ni durante el tiempo transcurrido de su mandato aún inconcluso. No es momento de recriminaciones, sino de reflexión, maduración y acción. Si durante esos años no quedaba claro para ellas si eran oficialistas u opositoras, es evidente que hoy son opositoras, y que la derecha las consideraba una parte indeseada del oficialismo.

¿Qué esperamos de los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe?

Esperamos que, una vez suspendido el Estado paraguayo de su condición de miembro del MERCOSUR –un Estado cuya derecha vetaba el ingreso de Venezuela en ese mecanismo de integración–, sus miembros activos, Argentina, Brasil y Uruguay, desbloqueen ese ingreso, algo que, seguramente, ni el imperialismo ni la derecha paraguaya previeron

Confiamos en que adoptarán las más enérgicas e indeclinables medidas contra los usurpadores en el MERCOSUR, en la UNASUR y, si fuese necesario y conveniente, en la CELAC. También confiamos en que promuevan la más enérgica condena internacional contra el golpe de Estado ocurrido en Paraguay, todo ello, para evitar que se convierta en un remake del hondureño.

Nota:

1 Véase a Hugo Richer: «Paraguay: un momento crucial en medio del laberinto», en La izquierda latinoamericana a 20 años del derrumbe de la Unión Soviética, Roberto Regalado (coordinador), Ocean Sur, México D.F., 2012, p. 355.

Tras tres años del golpe la oligarquía y el ejército se han hecho con el control de la agricultura y las infraestructuras. El nombramiento de Xiomara Castro, compañera de Zelaya, como candidata a las presidenciales de 2013 abre esperanzas en el país.

Inés Jiménez Delgado

Diagonal

Tegucigalpa. 25 de junio de 2009. El referéndum del día 28 sobre una cuarta urna causaba expectación, encono y renuncias. Era el primer paso para decidir si se convocaba a la Asamblea Nacional Constituyente para modificar la constitución de 1982. Esta consulta se sumaba a las reformas agrarias, salariales y culturales que había acometido el gobierno liberal de Zelaya.

A las seis de la mañana, un comando militar cercó el domicilio del presidente y lo llevó, secuestrado, fuera del país. Poco después, la Corte Suprema de Justicia avaló el golpe de Estado. La noticia se propagó rápidamente y de manera contradictoria en los informativos y en los vecindarios. El pueblo salió a la calle en masa. En las semanas siguientes se sucedieron las manifestaciones, los toques de queda y la represión, que comenzó siendo ruidosa para transformarse en esa tarántula que ataca selectivamente.

Semanas después del golpe militar encabezado Roberto Micheletti, en la capital de Honduras todo parecía tranquilo a primera vista, pero las paredes continuaban hablando. “Abajo el régimen UNP”, “Corte suprema de Justicia golpista”, “Ferrari golpista”, “Vuelve Mel (Zelaya)” decían sus pintadas.

La empresa privada, las fuerzas armadas, la jerarquía católica, las iglesias evangélicas y los grandes oligopolios informativos estaban sin embargo con el general golpista y parecían confiar en que las reticencias diplomáticas de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y Europa se calmarían, como en efecto pasó.

Mientras crecía la represalia política y cientos de miembros de la oposición tuvieron que exiliarse, se celebraron las primeras elecciones después del golpe. En enero de 2010, el Gobierno entrante de Porfirio Lobo Sosa, que dejó intacta la institucionalidad judicial y ministerial golpista, creo una “Comisión de Verdad y Reconciliación”. Esta CVR fue rechazada por las principales organizaciones de defensa de derechos humanos del país.

Impunidad, corrupción y violencia

Desde entonces, la impunidad, la corrupción y la violencia han hecho mella en Honduras. Según la ONU, hoy en día hay 856 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el país y la ciudad de San Pedro Sula es la triste ganadora del ranking de la criminalidad mundial. Los ataques a la prensa son la cara más visible de este fenómeno, que se ha cobrado ya más de 25 periodistas muertos. Sin embargo, la represión no discrimina e incluso es mayor en otros sectores: los asesinatos a líderes campesinos ascienden a más de 400, según cifras de Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh).

En medio de esta oscura vorágine de violencia, que la cúpula gubernamental achaca “al narcotráfico”, el sistema judicial y el ejército son puestos al servicio de terratenientes y transnacionales. En el norte o en la zona Atlántica, pequeños campesinos son desplazados por la guardia privada de los oligarcas Miguel Facussé (Palestina) , René Morales o Reynaldo Canales (Nicaragua).

Mientras tanto aumentan los monocultivos de palma africana para agrocombustibles, los permisos de minería a cielo abierto y los proyectos hidroeléctricos, para los cuales ya hay 45 ríos concesionados. Estas prácticas, que debilitan la soberanía alimentaria y quiebran los ecosistemas son, en palabras de la ecologista Iris Zabala “algo que el país quiere vender como generación de energía limpia”.

Esta imposición de proyectos financieros y extractivos transnacionales vio recientemente una de sus caras más sangrientas, en Ahuas, en la región afrocaribeña de Mosquitia, donde se encuentra una de las reservas petroleras más grandes de Estados Unidos. Allí, el pasado 11 de mayo, cuatro personas fueron asesinadas y siete resultaron heridas por el fuego de unas ametralladoras disparadas desde helicópteros que sobrevolaban el río Patuca.

Según afirman varias organizaciones de derechos humanos, el comando agresor formaba parte de un operativo conjunto de la Drugs Enforcenment Administration (DEA), integrado por el batallón Cobra, uno de los cuerpos paramilitares entrenado por la escuela de las Américas y que desde los años 80 da evidencias de permanecer activo en la república centroamericana.

La resistencia

Frente a esta situación, hablar, soñar se vuelve un riesgo. “El 11 de junio del 2012, mi madre fue víctima de un rapto… – denunciaba recientemente Pavel Núñez, del grupo Café Guancasco y militante de la Organización Política Los Necios, quien acusa reiteradas amenazas de muerte a su familia. Este no es un hecho aislado en su vida. Pavel recuerda que un compañero suyo de la OPLN fue asesinado hace poco más de un mes y que en 2010, un concierto de su grupo fue reprimido salvajemente por centenares de policías antimotines y militares. “De ahí resultó un ciudadano muerto, decenas de niños intoxicados y todo el equipo de audio e instrumentos destruidos, sin contar la cantidad de personas y músicos heridos y una Radio alternativa asaltada”- rememora, señalando que fue el gobierno de Porfirio Lobo quien dio las órdenes de reprimir.

A la discriminación económica y la falta de libertad de expresión, se suma el componente xenófobo de las fuerzas fácticas del país. Según subraya Benjamin Hernández, miembro del Partido Libre y coordinador del departamento 19 en el exilio, “el statuo quo hondureño está a merced de su oligarquía, de origen étnico árabe y que “a pesar de haber nacido en Honduras ve con desprecio a la población”. “Además- señala Hernández, está oligarquía nunca se moverá afectando los intereses de Estados Unidos”.

En este contexto, el Acuerdo de Cartagena y las elecciones de 2013 abren un hilo de esperanza para más de dos millones de hondureños, que suscribieron hace un año la constitución del partido del Frente Amplio, formación política que pasaría a denominarse Partido Libre “La lucha por la presidencia será difícil”- señala Hernández, que apunta que los grandes medios de comunicación (Radio HRE, Radio América, Televicentro…) se encuentran con la candidata de la oligarquía y que ya se ha iniciado una campaña de desprestigio y de miedo vinculando al Partido Libre “con la amenaza castrista o chavista”.

En este contexto, Hernández señala que “la falta de experiencia política para manejarse dentro de la dinámica de la oligarquía y la costumbre de un pueblo a las campañas electorales y mediáticas masivas” son una de las principales debilidades del movimiento. “Sin embargo-dice- esto nos llevó a constituirnos como colectivos en comunidades, barrios, colonias y departamentos”. Este partido, formado por cinco corrientes políticas de oposición, decidió postular a Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, como candidata presidencial, algo que hará el próximo 1 de julio.

El Partido Libre siembra así un nuevo clima de expectativas, por retomar la cuarta urna allá donde quedó truncada; aunque también de riesgos. Sin embargo, dice Pavel Nuñez, a pesar de la brutal represión “cantar sigue siendo una herramienta para relatar lo que en Honduras sucede, aunque nos censuren las radios, nos cierren las puertas los patrocinadores y nos amenacen con callarnos constantemente; a nosotros y a los nuestros…”

Tomado de Rebelión

La reunión de mandatarios, en Mendoza, tendrá como tema principal el respaldo a la normalización del proceso democrático en Asunción, luego del golpe institucional express que destituyó a Fernando Lugo el viernes pasado. Ayer miércoles, durante la inauguración de la Cumbre Social, el canciller Héctor Timerman sostuvo que “Paraguay no está solo, sino que lo acompaña América latina”. Además, los cancilleres comenzarán a tratar el afianzamiento de los lazos de integración económica, el proyecto de un tratado de libre comercio con China, la situación en Bolivia, donde una huelga policial también amenazó la estabilidad institucional del país, y la inclusión plena de Venezuela al bloque. En la foto, reunión de los cancilleres, hoy

“Habrá un documento de condena a Paraguay por la destitución de Lugo”, confirmaron fuentes diplomáticas. El texto se acordará a nivel cancilleres y mañana viernes llevará las firmas de los presidentes de los miembros plenos del Mercosur: Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y José Mujica.

Ayer, al inaugurar la XV Cumbre Social, el canciller de Argentina, Héctor Timerman, cuestionó los argumentos esgrimidos por quienes impulsaron la destitución de Lugo, y añadió: “A Lugo lo juzgaron por cinco delitos, y uno de ellos fue la cláusula democrática, porque decían que era violatoria de la soberanía paraguaya y eso no es una violación democrática, nosotros estamos comprometidos con la cláusula democrática y no vamos a claudicar porque sino van a hacer lo mismo en Argentina, Brasil, Uruguay y la región, porque en realidad lo que no toleran es que ustedes gobiernan”, dijo el canciller a los participantes de las organizaciones civiles.

Además, se lamentó de que en Asunción “estuvimos viendo como un proyecto popular era puesto a un costado, pero les decimos a los hermanos paraguayos que no están solos, y esto no es solo una manera de decir”, reiteró.

“Habrá un documento de condena a Paraguay por la destitución de Lugo”, confirmaron fuentes diplomáticas. El texto se acordará a nivel cancilleres y mañana viernes llevará las firmas de los presidentes de los miembros plenos del Mercosur: Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y José Mujica.

El gran tema, Paraguay

El respaldo a la normalización del proceso democrático en Asunción fue el principal punto del temario desde que comenzaron a charlar hoy los cancilleres de los países miembros con la excepción de Paraguay, suspendido tras el golpe de Estado.

Por Nicolás Lantos

Sin la presencia de Fernando Lugo, pero con la situación de la democracia paraguaya como tema omnipresente, comenzó el tramo ministerial de la XV Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en la ciudad argentina de Mendoza. El respaldo a la normalización del proceso democrático en Asunción será sin dudas el principal punto del temario que comenzaron a charlar hoy los cancilleres de los países miembro (con excepción de Paraguay, suspendido tras el golpe de Estado llevado a cabo el fin de semana) aunque no el único: el afianzamiento de los lazos de integración económica, el proyecto de un tratado de libre comercio con China, la situación en Bolivia, donde una huelga policial también amenaza la democracia, y la aceleración el proceso de inclusión plena de Venezuela en el bloque también ocuparán las negociaciones. Para mañana viernes se espera la llegada de los presidentes, incluyendo a Hugo Chávez, quien sin embargo todavía no confirmó su asistencia.

Ayer, en tanto, se llevó a cabo en la misma ciudad la cumbre social, iniciativa paralela donde se discutió “la agenda de los pueblos”, que guarda una llamativa coincidencia con los temas que se discutirán al borde de la cordillera.

“Habrá un documento de condena a Paraguay por la destitución de Lugo”, confirmaron fuentes diplomáticas a Página/12: el texto llevará las firmas de Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, los presidentes de los miembros plenos del Mercosur. Podría sumarse la de Chávez: el único obstáculo para el ingreso de Venezuela al bloque regional era la negativa del Senado paraguayo, que debía aprobarlo. Suspendido ese país a causa del golpe de Estado, este impedimento formal está saldado y hay interés de los demás países en acelerar el ingreso, en particular por el peso económico y energético que le imprimiría el nuevo integrante a la confederación.

No será Mercosur el único organismo que condene a Asunción por lo sucedido el fin de semana: los demás países que forman parte de Unasur enviarán para esta tarde a sus ministros de Relaciones Exteriores para que este espacio también deje en claro el compromiso regional hacia el respeto de la continuidad democrática en todos sus miembros. En ambos foros podrían discutirse también sanciones económicas a Paraguay, sin embargo esta hipótesis perdió fuerza, al menos en primera instancia, debido al perjuicio que recaería sobre la población paraguaya.

Los sucesos en Asunción no solo modificaron la agenda de la reunión sino que acercarán a Mendoza a mandatarios que no forman parte del Mercosur ni planeaban asistir, como el colombiano Juan Manuel Santos, el ecuatoriano Rafael Correa y el peruano Ollanta Humala. Los presidentes de los países asociados, Sebastián Piñera por Chile y Evo Morales por Bolivia, también comprometieron su presencia, al igual que el mandatario de Surinam, Dési Bouterse. Quien no formará parte del mitin es el mismo Lugo, quien desistió de venir para dejar que sus pares resuelvan sin presión extra. Por descontado, tampoco se envió invitación a su sucesor, Federico Franco, que no es reconocido por ninguno de los países de la región.

De todas formas, la idea es enviar una señal clara, para evitar que estas operaciones puedan seguir repitiéndose en el continente. “Vemos a diario la idea de esmerilar a presidentes como Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, José Mujica”, dijo el canciller argentino Héctor Timerman al inaugurar la Cumbre Social, ante unas 5000 personas, en el estadio polideportivo Vicente Polimeni, en la localidad de Las Heras. El funcionario habló de “intereses concentrados intentan voltear a Kirchner, como lo hicieron con Lugo en Paraguay y Manuel Zelaya en Honduras”, e hizo hincapié en el rol de la región como garante de la democracia.

Extractado de P/12